WASHINGTON.- El robo y contrabando de combustibles en México volvió a colocarse en el centro de la agenda de seguridad de Estados Unidos. Senadores republicanos y demócratas presentaron una iniciativa que, de ser aprobada, obligaría al Pentágono a entregar al Congreso un reporte sobre el tráfico ilegal de hidrocarburos y su relación con la violencia criminal generada por cárteles mexicanos.
La propuesta fue presentada por el senador republicano John Cornyn, de Texas, y la senadora demócrata Jacky Rosen, de Nevada, bajo el nombre Stop Fueling Cartel Violence Act, de acuerdo con comunicados oficiales difundidos por las oficinas de ambos legisladores.
El objetivo es revisar cómo el combustible robado, conocido en México como huachicol, se ha convertido en una fuente de ingresos para organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.
El tema también se cruza con investigaciones recientes sobre presunto contrabando de combustible desde Estados Unidos y Canadá hacia México. Una de ellas involucra a Ikon Midstream, empresa petrolera con sede en Houston, señalada en reportes de Reuters como parte de indagatorias abiertas por autoridades mexicanas y estadounidenses. La compañía ha negado irregularidades y sostiene que no ha apoyado de manera consciente al Cártel Jalisco Nueva Generación.
¿Qué propone la iniciativa contra el huachicol ligado a cárteles mexicanos?
La iniciativa busca que el Departamento de Defensa de Estados Unidos entregue un informe al Capitolio sobre sus acciones, capacidades y recomendaciones para combatir el contrabando de hidrocarburos realizado por grupos criminales en México.
El reporte tendría que abordar puntos como:
- El robo y contrabando de combustible y petróleo crudo.
- El papel de organizaciones criminales transnacionales.
- Las rutas o mecanismos usados para mover hidrocarburos.
- Las formas en que estas ganancias financian otras actividades ilegales.
- La coordinación de inteligencia con agencias civiles.
- Recomendaciones para fortalecer la respuesta de Estados Unidos.
Aunque el proyecto no ordena por sí solo operativos inmediatos, sí busca colocar el huachicol en una dimensión de seguridad nacional para Estados Unidos. La lectura de los senadores es que el robo de combustible ya no es solo un delito fiscal o energético de México, sino una vía de financiamiento para grupos que también participan en narcotráfico, trata de personas y violencia fronteriza.
¿Por qué Estados Unidos ve el robo de combustible como un problema de seguridad?
Los senadores que impulsan la propuesta sostienen que los cárteles mexicanos obtienen ganancias del combustible y del petróleo crudo robados. Esas ganancias, advierten, permiten mantener operaciones ilegales en México y en Estados Unidos.
Jacky Rosen planteó el tema en esos términos al justificar la iniciativa:
“Los cárteles en México están obteniendo ganancias del combustible y del petróleo crudo robados, lo que les permite mantener sus operaciones ilegales a ambos lados de la frontera”.
La legisladora también dijo que trabaja con John Cornyn para frenar esta práctica y proteger a las familias estadounidenses. Su mensaje apunta a una idea central: el huachicol no solo deja pérdidas económicas, también alimenta estructuras criminales con capacidad para operar más allá de México.
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Cornyn, por su parte, señaló que los grupos criminales han desarrollado métodos más complejos para robar o contrabandear productos de hidrocarburos y venderlos en el mercado negro.
“Los cárteles y otros grupos criminales en México están desarrollando métodos cada vez más sofisticados para robar o contrabandear productos de hidrocarburos, venderlos en el mercado negro y usar las ganancias para financiar el narcotráfico y la trata de personas”, afirmó.
Crédito: REUTERS/AP¿Qué relación tiene el huachicol con el CJNG?
La preocupación de Estados Unidos no surge solo por el robo directo de combustible en ductos o pipas. También se relaciona con esquemas de contrabando transfronterizo y presuntas redes vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a personas y empresas mexicanas acusadas de participar en una red de tráfico de drogas y contrabando de combustible ligada al CJNG. La autoridad estadounidense sostuvo entonces que el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo generaban ingresos millonarios para ese grupo criminal.
Ese antecedente es importante porque muestra cómo Washington ha ido ampliando su mirada sobre los cárteles. Ya no los observa únicamente por el tráfico de drogas, sino también por sus fuentes de financiamiento: combustibles, comercio ilícito, empresas fachada, transporte y operaciones transfronterizas.
¿Cómo funcionaría el reporte que pedirían al Pentágono?
Si la iniciativa avanza y se convierte en ley, el Pentágono tendría que informar al Congreso sobre sus esfuerzos para enfrentar el contrabando de hidrocarburos vinculado con grupos criminales.
El informe permitiría a los legisladores conocer:
- Qué tan extendido está el fenómeno desde la perspectiva de seguridad estadounidense.
- Qué información tiene el gobierno sobre rutas y redes criminales.
- Qué capacidades hacen falta para detectar y frenar el contrabando.
- Qué tipo de cooperación puede establecerse entre agencias militares, civiles y de inteligencia.
- Qué riesgos existen para la frontera, las comunidades y el mercado energético.
En términos prácticos, el reporte podría servir como base para nuevas medidas legislativas, más presupuesto, sanciones, cooperación bilateral o acciones de inteligencia. Sin embargo, por ahora se trata de una propuesta legislativa, no de una política ya aprobada.
¿La iniciativa ya es ley?
No. La propuesta todavía debe avanzar en el proceso legislativo de Estados Unidos.
Para convertirse en ley, primero tendría que ser revisada en comités del Senado. Después podría pasar al pleno. Además, una versión similar tendría que avanzar en la Cámara de Representantes. Solo si ambas cámaras aprueban el texto final, la iniciativa podría llegar al Ejecutivo para su promulgación.
¿Qué se sabe de Ikon Midstream, la empresa de Houston investigada?
El caso de Ikon Midstream aparece como parte del contexto más amplio sobre el presunto contrabando de combustibles hacia México.
De acuerdo con Reuters, la empresa petrolera con sede en Houston está bajo investigación en México por presunto contrabando de combustible. La agencia citó fuentes mexicanas y documentos de seguridad que ubican a la compañía como una de las piezas centrales de un esquema presuntamente vinculado al CJNG.
Una petrolera de Texas queda bajo la lupa en México por presunto huachicol fiscal, mientras autoridades investigan si embarques de combustible terminaron ligados al CJNG. | Foto: Reuters/Especial GH.La investigación se relaciona con embarques de productos petrolíferos enviados desde Estados Unidos y Canadá hacia México por vía marítima. Según esos reportes, el presunto esquema habría buscado evadir impuestos mediante declaraciones incorrectas o clasificación distinta de los productos transportados.
Reuters también reportó que autoridades estadounidenses catearon las oficinas de Ikon Midstream en Houston como parte de una investigación en curso. La empresa ha negado haber cometido irregularidades y ha sostenido que una acción de investigación no equivale a una conclusión de culpabilidad.
Ese punto debe quedar claro: Ikon Midstream está señalada en investigaciones y reportes periodísticos, pero la empresa niega las acusaciones y no se ha informado públicamente de una sentencia que confirme responsabilidad penal.
¿Por qué el contrabando de combustible puede ser tan rentable?
El contrabando de hidrocarburos puede generar ganancias porque permite mover productos energéticos por fuera de controles fiscales, aduanales o regulatorios.
En términos simples, los grupos involucrados pueden obtener dinero de varias maneras:
- Roban combustible y lo venden en el mercado negro.
- Contrabandean hidrocarburos entre países.
- Declaran productos con otra clasificación para pagar menos impuestos.
- Usan empresas o intermediarios para ocultar el origen o destino del producto.
- Colocan combustible ilegal a menor precio en el mercado.
Este tipo de operación no solo afecta a las finanzas públicas. También puede distorsionar el mercado, fortalecer redes criminales y complicar la labor de las autoridades, porque mezcla comercio internacional, transporte marítimo, aduanas, empresas privadas y grupos delictivos.
¿Qué puede significar esto para México?
Para México, el tema abre varios frentes. El primero es de seguridad, porque el huachicol ha sido una fuente de ingresos para grupos criminales. El segundo es fiscal, porque el contrabando y la evasión de impuestos representan pérdidas para el Estado. El tercero es diplomático, porque Estados Unidos está elevando la presión sobre redes que operan o tienen conexiones a ambos lados de la frontera.
También puede aumentar la cooperación entre agencias de ambos países, sobre todo en áreas como:
- Inteligencia financiera.
- Control aduanero.
- Revisión de empresas de transporte y energía.
- Rastreo de embarques marítimos.
- Sanciones contra personas o compañías vinculadas con redes criminales.
- Investigación de operaciones transfronterizas.
La iniciativa de Cornyn y Rosen no resuelve por sí sola el problema, pero sí muestra que el huachicol ya es visto en Washington como parte del financiamiento criminal que impacta la seguridad regional.
¿Cuál es el punto clave?
El punto central es que Estados Unidos está poniendo mayor atención al robo y contrabando de combustibles relacionados con cárteles mexicanos. La nueva iniciativa bipartidista busca que el Pentágono entregue información al Congreso para entender mejor cómo operan estas redes y qué medidas pueden tomarse para frenarlas.
Pete Hegseth aseguró que Estados Unidos “va a la guerra contra los cárteles” mediante una alianza regional impulsada por Donald Trump en la que México no participa. (Reuters)Por ahora, no se trata de una ley aprobada ni de una acción militar directa. Es una propuesta legislativa que pretende convertir el huachicol en un tema formal de seguridad nacional para Estados Unidos.
En paralelo, investigaciones como la relacionada con Ikon Midstream muestran que el problema ya no se limita a tomas clandestinas o venta ilegal dentro de México. Las autoridades y reportes periodísticos apuntan a esquemas más complejos, con embarques internacionales, empresas intermediarias, posibles documentos irregulares y presuntas conexiones con organizaciones criminales.