MORELIA, Mich., 21 de marzo de 2026.- La falta de cumplimiento de la cuota obligatoria del cinco por ciento de contratación para personas con discapacidad en el sector público fue señalada en el Parlamento con perspectiva de discapacidad en Michoacán, donde participantes evidenciaron que la reforma aprobada en 2024 no se ha traducido en resultados medibles.

Salvador Díaz García, diputado parlamentario con discapacidad visual, recordó que esta obligación deriva de la modificación al artículo 42 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante la cual la 75 Legislatura elevó del tres al cinco por ciento la contratación en los tres Poderes del Estado, ayuntamientos, organismos autónomos, descentralizados y empresas de participación estatal y municipal.

La reforma, impulsada bajo principios de igualdad y no discriminación, también estableció la obligación de que las instituciones incluyan recursos en sus presupuestos para garantizar su implementación, así como el impulso a esquemas de capacitación laboral.

Sin embargo, advirtió que no existen datos públicos que permitan evaluar su cumplimiento. “Sólo está la ley, pero no se ha cumplido”, afirmó al señalar la inexistencia de un padrón oficial que informe cuántas personas con discapacidad laboran en el servicio público y en qué condiciones, lo que refleja la falta de seguimiento institucional.

El señalamiento se dio en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre la brecha entre legislación y realidad en materia de inclusión laboral.

En ese marco, el parlamentario Everardo Casillas Gazca propuso la implementación de un modelo de inclusión laboral con mentores en los centros de trabajo, orientado a facilitar la capacitación práctica de personas con discapacidad intelectual y su incorporación progresiva al empleo.

Jorge Álvarez Hurtado Yepez planteó que la inclusión debe garantizar condiciones reales de capacitación y no limitarse al cumplimiento formal de cuotas.

Por su parte, Ware Rocío Chassín Martínez propuso establecer programas permanentes de capacitación, certificación de competencias laborales y formación para el trabajo, con el fin de fortalecer habilidades y facilitar la inserción en el mercado laboral en condiciones de igualdad.

A este diagnóstico se sumó Viridiana Villegas Ramírez, quien advirtió que las barreras persisten en el acceso y permanencia laboral, especialmente para personas sordas, por falta de accesibilidad en los espacios de trabajo.

En el ámbito educativo, Esbaide Pantoja Martínez planteó la creación de una escuela virtual accesible con herramientas como lectores de pantalla, lengua de señas y sistema Braille, como base para el acceso al empleo.

Las intervenciones coincidieron en que, sin mecanismos de seguimiento, transparencia y ejecución, la cuota del cinco por ciento se mantiene como una disposición legal sin impacto tangible en la inclusión laboral en Michoacán.

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