El futuro del histórico rascacielos de Gran Vía 28, uno de los símbolos arquitectónicos de Madrid, se ha convertido en un pulso silencioso entre Telefónica y el empresario Tomás Olivo. Lo que parecía una operación destinada a cerrar un nuevo capítulo inmobiliario ha derivado en un bloqueo donde pesan más las incertidumbres que el dinero.
Según informan fuentes al diario EL PAÍS, las negociaciones siguen abiertas, pero también estancadas. Sin contrato firmado, sin confirmación oficial y con versiones enfrentadas sobre el precio, la venta del edificio —situado en el número 28 de la Gran Vía 28— refleja las tensiones de un mercado donde la narrativa puede ser tan decisiva como los números.
Desde el inicio, la operación ha estado marcada por una distorsión llamativa: mientras el entorno del comprador difundía una cifra superior a los 200 millones de euros, las condiciones reales sitúan el pago fijo en apenas 120 millones. Una brecha que no es menor y que revela el fondo del conflicto: expectativas infladas frente a una realidad jurídica mucho más restrictiva.
El episodio que detonó el actual bloqueo fue la publicación unilateral de la supuesta adjudicación por parte de un medio vinculado a Olivo. En el entorno de Telefónica, la maniobra fue interpretada como un intento de presión, una jugada para forzar el cierre y descolocar a los fondos internacionales que competían por el activo. El efecto fue el contrario: congeló la negociación.
La operación, lejos de avanzar, quedó atrapada en un limbo donde la confianza se resquebraja y el margen de maniobra se estrecha.
Un precio condicionado por lo imposible
El corazón del desacuerdo no está solo en el precio, sino en su estructura. La oferta de General de Galerías Comerciales combina un pago fijo con un tramo variable sujeto a condiciones urbanísticas. Y ahí es donde el castillo de naipes empieza a tambalearse.
Para que la cifra total supere los 200 millones, Olivo necesita algo que hoy roza lo improbable: cambiar el uso del edificio. Sin esa recalificación, el activo pierde gran parte de su potencial económico. Con ella, se convertiría en una joya inmobiliaria capaz de albergar un hotel de lujo o viviendas prime. Pero la normativa lo impide.
El peso de la protección patrimonial
Gran Vía 28 no es un inmueble cualquiera. Su catalogación con Nivel de Protección 1 en Grado Singular lo blinda frente a transformaciones profundas. Fachada, estructura y volumetría deben permanecer intactas. La arquitectura no se negocia.
A ello se suma una limitación aún más decisiva: el uso del suelo. El edificio está clasificado como dotacional, destinado a telecomunicaciones y equipamiento cultural. Cambiar ese estatus implicaría una modificación del planeamiento urbano que, en la práctica, es casi inviable. En otras palabras, el edificio no puede ser lo que el comprador necesita que sea.
Fondos internacionales y una puja desinflada
El desconcierto en el mercado es evidente. Fondos como Bain Capital o Generali habrían manejado cifras cercanas a los 200 millones sin necesidad de estructuras condicionadas. Sin embargo, la irrupción de Olivo en la fase final y su estrategia paralela alteraron el equilibrio de la subasta.
Algunos actores del proceso no ocultan su sorpresa: ¿cómo puede imponerse una oferta inferior en términos fijos? La respuesta no está en el dinero, sino en la narrativa y en los tiempos. Pero esa ventaja inicial se ha diluido. Hoy, el riesgo regulatorio pesa más que cualquier promesa de rentabilidad.
Telefónica ante su propio dilema
Para Telefónica, la operación forma parte de una estrategia más amplia: reducir deuda y desprenderse de activos no estratégicos. Pero Gran Vía 28 no es solo un activo. Es un símbolo, una pieza icónica en el corazón de Madrid.
Aceptar una venta por 120 millones supondría asumir un fuerte descuento respecto a las valoraciones iniciales. Pero esperar a un mejor comprador implica convivir con un activo difícil de colocar. La compañía se encuentra, así, ante un dilema clásico: vender barato o no vender.
El reloj corre para Olivo
Mientras tanto, Tomás Olivo ha puesto fecha límite. Si en dos o tres meses no hay acuerdo, retirará su oferta. Es una presión más en una negociación ya cargada de tensiones. Sin embargo, el verdadero adversario no es Telefónica, sino la normativa urbanística. Y contra eso no hay margen de negociación.
El resultado final sigue abierto, pero el escenario es claro: el rascacielos que un día fue el más alto de Europa se ha convertido en un activo atrapado entre su historia y su imposibilidad de transformarse. @mundiario