Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, rechazó las versiones que señalaban que se había entregado a las autoridades de Estados Unidos, luego de aparecer entre los diez funcionarios mexicanos acusados por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

A través de un video difundido en redes sociales desde un jardín botánico de Culiacán, el exfuncionario aseguró que la información sobre una supuesta entrega era falsa y acusó a algunos medios de comunicación de difundir datos incorrectos sobre su situación jurídica.

“El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación”, afirmó Almanza Avilés, quien sostuvo que mantiene la postura expresada previamente ante medios de comunicación.

El exdirector de la Policía de Investigación no precisó si ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), como lo han hecho otros funcionarios señalados en el mismo caso.

La controversia surgió luego de que el pasado 29 de abril la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York diera a conocer una acusación formal contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos, a quienes señala de presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir narcóticos a territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos.

Entre las personas mencionadas en la acusación figuran Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares, el exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, además de otros exfuncionarios y servidores públicos vinculados a la administración sinaloense.

Tras la difusión de las acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo el pasado 1 de mayo y ha rechazado los señalamientos, calificándolos como falsos. En la misma línea, Enrique Inzunza también pidió licencia a su escaño en el Senado para atender su defensa.

Por otra parte, la Fiscalía General de la República informó previamente que ninguno de los diez señalados cuenta con ficha roja de búsqueda y captura emitida por la Interpol.

El caso mantiene abiertas investigaciones tanto en México como en Estados Unidos y continúa generando repercusiones políticas en Sinaloa, entidad que enfrenta desde hace meses una compleja situación de seguridad vinculada a las disputas entre grupos del crimen organizado.