Durante la semana pasada tuvimos en el Senado un intenso debate relacionado con la iniciativa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el artículo 41 de la Constitución que en su sexto apartado precisa las causales que en nuestro sistema electoral pueden determinar la nulidad de los resultados obtenidos en los procesos electorales.

La reforma, finalmente aprobada por 85 votos a 42, propone agregar un inciso para introducir en nuestro régimen electoral la injerencia o intervención extranjera como una cuarta causal de nulidad, que se suma a las tres ya existentes que son el exceso de gastos de campaña, propaganda en radio y televisión violatoria de los términos establecidos y recepción o uso de recursos públicos o de procedencia ilícita.

Durante los debates me llamó poderosamente la atención la rudeza e hipocresía que, en todo momento, alimentaron las intervenciones y críticas que las bancadas de la oposición lanzaron contra la iniciativa, tratando de minimizar el riesgo que en este momento tienen México y las democracias de todo el mundo de enfrentar procesos electivos seriamente afectados por los intereses de otros países.

No tengo duda que los líderes del grupo parlamentario del PRI están seriamente afectadospor una dosis de cinismo o mala memoria.

En México las denuncias contra el intervencionismo electoral de agentes extranjeros tienen una larga historia.

En los procesos de los años ochenta y noventa que culminaron con su primera derrota, el PRI se dedicó sistemáticamente a denunciar a organismos de observación electoral como la Alianza Cívica, por financiarse con recursos de las fundaciones Ford y Rockefeller, alegando que eso representaba una clara injerencia extranjera en la competencia electoral de la época.

También debemos recordar que durante la campaña de 2012 la empresa brasileña Odebrecht repartió sobornos para obtener contratos públicos y que investigaciones posteriores señalaron, como beneficiario, a Emilio Lozoya, coordinador internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

En este caso se documentaron pagos superiores a 10 millones de dólares vinculados a Odebrecht, además de declaraciones judiciales que precisaron, cómoparte de esos recursos fueron utilizados para beneficiar políticamente aquella campaña presidencial.

Pero el PAN tampoco puede venir a darse baños de pureza. Traigamos a su cuenta el caso de los Amigos de Fox, cuando se acreditaron aportaciones ilegales y recursos provenientes del extranjero. Las investigaciones documentaron operaciones superiores a 91 millones de pesos y derivaron en una de las multas más grandes en la historia electoral del país, por más de 500 millones de pesos.

Durante décadas, el PRI y PAN permitieron que organismos financieros internacionales, corporaciones extranjeras y grupos económicos transnacionales influyeran en las decisiones nacionales. Recibieron línea desde el extranjero para imponer políticas neoliberales mientras el pueblo padecía desigualdad, corrupción y abandono.

Las personas senadoras del PRIAN, a quienes en este debate se sumaron con penosa ingenuidad las de Movimiento Ciudadano, al oponerse a la iniciativa de nuestra presidenta, tratan de sepultar los vínculos que mantuvieron con empresas, organizaciones y fundaciones extranjeras para fortalecer la posición de sus candidatos, pero nosotros nunca olvidaremos que se valieron de esas alianzas indebidas para defraudar una y otra vez al pueblo de México.

También recordamos que aquí en Chihuahua durante las elecciones intermedias del 2001, recién estrenado el gobierno panista de Fox, la dirigencia nacional del PRI ordenó a la presidencia del Instituto Estatal Electoral (IEE) documentar todos los elementos legales necesarios para anular el triunfo del candidato del PAN a la alcaldía del municipio de Juárez.

De inmediato, la representación del PRI ante el órgano electoral tomó la bandera e integró una impugnación que contenía más de diez agravios; pero el que en realidad motivó el cuestionamiento de la legalidad de esa elección, en la que la ventaja del candidato del PAN se acercó a diez mil votos,fue el relacionado con la convocatoria que desde la ciudad de El Paso hiciera el alcalde panista Gustavo Elizondo, convocando al electorado a participar en las elecciones celebradas el domingo primero de julio de ese año.

Después de un largo litigio, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) consideró justas los agravios presentados por el PRI y resolvió anular en primera instancia las elecciones, considerando que en conjunto las faltas cometidas por el órgano electoral, el alcalde Elizondo y el Partido Acción Nacional habían sido determinantes en el triunfo del candidato panista.

El PAN se inconformó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última instancia del litigio, pero éste confirmó la anulación del proceso, desechando la mayor parte de los agravios, incluyendo el llamado al voto del alcalde Elizondo desde el extranjero; pero en el expediente en el que se transcribieron los debates que tuvieron los ministros se trasluce con claridad la relevancia que le otorgaron al hecho de que la invitación a votar mencionada se hubiera realizado desde el extranjero y a través de un canal de televisión estadounidense.

De modo que para cualquier lector acucioso queda claro que la resolución de anular ese proceso electoral estuvo muy influida por el hecho de que se hubiera hecho propaganda desde los Estados Unidos.

Hay evidencias sobradas de que tanto el PRI como el PAN han jugado a lo largo de más de ochenta años con la voluntad del pueblo en los procesos electorales, para lo cual bastaría recordar a Carlos Chavira, un político panista de Camargo muy reconocido; quien confundido, en uno de sus librosescribió que no entendía el juego electoral de México, porque habiendo ganado limpiamente no le habían reconocido su triunfo; pero que extrañamente se lo habían otorgado cuando el mismo dudaba de haber ganado una diputación.

Aunque el PAN y el PRI hoy traten de ocultar la manipulación que han hecho de los procesos electorales, nosotros, quienes representamos a Morena mantenemos fresca nuestra memoria y por eso recordamos la perversión con la que se aliaron para quemar las actas de escrutinio con las que impusieron a Salinas de Gortari en 1988, el triunfo negado a AMLO con el fraude del 2006 y las evidencias de financiamiento externo para imponer a Peña Nieto en 2012.

También tenemos evidencia de que estamos viviendo una coyuntura única en la que los cambios tecnológicos, la crisis de la hegemonía de los Estados Unidos y la inestabilidad de las reglas que rigen las relaciones internacionales en todos los ámbitos de la vida pública, están propiciando unacreciente intervención extranjera en los procesos electivos de las democracias occidentales.

El ejemplo más próximo lo tuvimos en el “espaldarazo” que Trump dio a Milei durante la campaña legislativa de medio término en Argentina, otorgándole un préstamo de 20 mil millones de dólares, propiciando que los candidatos de la derecha triunfaran, al alcanzar una mayoría relativa en el parlamento que le permitirá gobernar cómodamente en su último periodo.

Ante este resultado, los analistas más reconocidos explican que ese apoyo financiero sirvió para inducir el voto a favor de los candidatos de la derecha.

Pero, a la vez, para establecer un patrón de comportamiento injerencista del gobierno estadounidense, frente a procesos electorales que representen un riesgo para sus intereses.

Por todo ello me parece que la reforma de nuestra presidenta que precisa, como causal de nulidad electoral, la intervención extranjera es hoy oportuna, pertinente y necesaria, para proteger nuestros comicios de una oposición debilitada que ve como única opción para sobrevivir las alianzascon agentes extranjeros.

También la considero vital para fortalecer nuestra democracia, evitando que en el futuro se suprima la tentación de vulnerar el derecho que tenemos los mexicanos de elegir por cuenta propia a nuestros representantes y gobernantes.

Por todas estas razones la reforma contra la injerencia extranjera es tan importante, pues las amenazas a nuestra democracia ya no llegan en efectivo, ahora llegan mediante campañas digitales internacionales, desinformación y operaciones políticas de factura transnacional.

Estas reformas establecen algo elemental para cualquier democracia seria: que ninguna elección debe ser válida cuando existan actos graves de intervención extranjera orientados a alterar la voluntad popular.

Por eso voté a favor de esta reforma. Porque creo en un principio básico: las elecciones de México deben decidirlas únicamente las y los mexicanos.

Sin dinero extranjero. Sin corrupción internacional. Sin intereses ajenos al pueblo. Porque la patria no se vende y porque nunca más permitiremos que desde el extranjero se decida el destino de México.