España vive instalada en una paradoja económica cada vez más evidente. Mientras el Gobierno celebra cifras de crecimiento, empleo y recaudación, una parte creciente de la sociedad percibe exactamente lo contrario: pérdida de poder adquisitivo, dificultad para emprender, precarización y agotamiento fiscal. Y quizá ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo. Porque el problema ya no es únicamente cuánto crece la economía española, sino de dónde procede realmente ese crecimiento y si sus fundamentos son sostenibles.
Durante años, España se benefició de un contexto excepcional: tipos de interés artificialmente bajos, deuda barata y una política monetaria expansiva del Banco Central Europeo que permitió financiar enormes déficits a un coste mínimo. Era comprensible tras la pandemia y las sucesivas crisis internacionales. El problema es que lo extraordinario ha terminado convirtiéndose en estructural.
Hoy, buena parte del crecimiento económico español depende directa o indirectamente del gasto público, la deuda y sectores de bajo valor añadido. Desde 2017, el gasto público ha aumentado en torno a 270.000 millones de euros y la deuda pública supera ya los 1,7 billones. Mientras tanto, la economía productiva privada —la que realmente sostiene un país a largo plazo— continúa atrapada entre impuestos crecientes, regulación asfixiante y una productividad prácticamente estancada.
El PIB crece, pero muchas familias perciben una pérdida de bienestar. La productividad y el esfuerzo fiscal emergen como los grandes desafíos
Los datos reflejan además una realidad difícil de ignorar. España mantiene una de las tasas de desempleo más altas de Europa, el acceso a la vivienda se ha convertido en una barrera generacional y miles de pequeñas y medianas empresas operan bajo una presión fiscal, laboral y burocrática que muchos empresarios consideran ya difícilmente sostenible. A ello se añade otro dato preocupante: España mantiene una de las tasas de paro juvenil más altas de Europa, cercana al 25%, frente a una media europea del 15%. Para muchos jóvenes, incluso trabajar ya no garantiza poder emanciparse, alquilar una vivienda o construir un proyecto de vida propio.
Pero quizá el dato más revelador sea otro: el aumento del esfuerzo fiscal. Porque el verdadero problema no es únicamente cuánto recauda el Estado, sino cuánto cuesta generar riqueza antes de que el Estado la recaude. El esfuerzo fiscal mide el peso real que tienen los impuestos sobre la economía de los ciudadanos. No solo refleja cuánto recauda un país, sino el sacrificio que supone pagar impuestos en función del nivel de ingresos de la población.
El esfuerzo fiscal
En los últimos siete años, el esfuerzo fiscal en España ha crecido más rápido que la media europea. Aunque la presión fiscal española sigue ligeramente por debajo de la Unión Europea, el impacto sobre familias y empresas es mayor debido a que los salarios y la renta media son inferiores a los de gran parte de Europa.
La sensación de muchos trabajadores no nace únicamente de que el Estado recaude más. Nace de comprobar que, incluso trabajando más, cada vez resulta más difícil ahorrar, acceder a una vivienda o mejorar patrimonio. La inflación acumulada de los últimos años, el aumento de cotizaciones y la falta de ajuste completo del IRPF a la subida de precios han intensificado esa percepción de desgaste económico silencioso.
Diversos estudios señalan que el impacto es especialmente elevado en quienes dependen de su sueldo o pequeño negocio para vivir, al verse obligados a destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de impuestos. Ese es precisamente uno de los grandes problemas estructurales españoles: la productividad apenas ha avanzado de forma significativa en la última década. España sigue creciendo más por aumento del empleo y del gasto que por mejoras sostenidas de eficiencia económica. Actualmente, distintos estudios sitúan el esfuerzo fiscal español alrededor de un 17% por encima de la media europea.
Mientras tanto, el gasto estructural continúa aumentando en una sociedad cada vez más envejecida. Pensiones, administración, sanidad y costes públicos crecen de forma constante. El empleo público ha aumentado en torno a 700.000 personas desde 2017. Todo ello obliga a recaudar más, endeudarse más o ambas cosas simultáneamente. Se genera así un círculo peligroso: más gasto exige más impuestos; más impuestos frenan actividad; menos actividad reduce crecimiento real; y menor crecimiento obliga de nuevo a aumentar presión fiscal o deuda.
El riesgo
Nada de esto significa que España vaya a sufrir un colapso inmediato. Precisamente ahí reside el riesgo. El país seguirá funcionando. Habrá turismo, consumo, fondos europeos y cierta estabilidad garantizada por la Unión Europea. El verdadero peligro es mucho más silencioso: acostumbrarse lentamente a una decadencia maquillada por estadísticas macroeconómicas aceptables. Porque una economía puede crecer sobre el papel y debilitarse al mismo tiempo en sus fundamentos productivos. Puede aumentar el PIB mientras se deterioran las expectativas de futuro, la capacidad de ahorro, el acceso a la vivienda o el incentivo para emprender.
La pregunta crucial ya no es si el Estado debe existir o gastar más o menos. La cuestión es otra: ¿puede sostenerse indefinidamente un Estado cada vez más grande sobre un tejido productivo cada vez más agotado? Porque ningún país puede redistribuir riqueza de forma permanente si antes deja de generarla. Y quizá por eso una parte creciente de la sociedad siente que algo no termina de encajar entre el relato macroeconómico y su vida cotidiana. Como dice un viejo aforismo: “No sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa”. @mundiario