La “reforma de la reforma” a la Constitución en materia del Poder Judicial, aprobada por el Constituyente permanente, es más “regresiva que progresiva” y “queda muy corta en relación con los problemas estructurales que se señalaron desde el momento en que se pensó en elegir jueces por voto popular”, opinan los expertos Laurence Pantin y Juan Pablo Campos González.

“En lugar de mejorar las cosas, la reforma las empeora en algunos puntos”, afirma la directora de la organización civil Juicio Justo, quien califica de regresivo que ahora se impone a los estados que el modelo local de elección de juzgadores se ciña al modelo federal, posición con la que coincide el gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer para quien los nuevos cambios constitucionales no resolverán “las problemáticas que se identificaron” antes y después de las elecciones judiciales del 2025, las primeras del tipo que se realizaron en México.

Si bien califican de positivo, entre otros cambios, que se haya aprobado la reducción a dos candidatos por cargo a seleccionar por cada uno de los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que se cree la Comisión Coordinadora de Comités de Evaluación, advierten que siguen siendo muchos candidatos y eso facilita que en el 2028 y años siguientes se repita el uso de “acordeones”.

“La realidad es que fuera de este elemento (la creación de la Comisión) que yo identifico como lo positivo de la reforma, lo demás queda muy corto porque no se incluye ningún tipo de estándar ni ningún tipo de reglamentación que en última instancia pueda garantizar que las personas que resulten electas sean efectivamente independientes para ejercer su función (…) No hay nada en la regulación que permita impedir que en las elecciones del 2028 y en las subsecuentes vayamos a ver acordeones distribuidos por los partidos políticos, los gobiernos de los estados y el gobierno federal para influir en el voto y en esa medida beneficiar a determinados candidatos”, dice Campos González.

La reforma es más negativa que positiva, resume; “en el balance tenemos mínimos puntos positivos (…) como la posibilidad de incluir un examen de evaluación dentro del procedimiento para seleccionar a personas candidatas (…) pero todo lo demás deja las cosas en las mismas circunstancias negativas en que ya nos encontrábamos previo a la aprobación de esta reforma y en algunos supuestos incluso las empeoran”.

“El caso más claro de que las cosas empeoran es que ahora al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) le corresponde no solamente sancionar posibles faltas administrativas, sino también capacitar y evaluar a jueces combinando dos facultades que no tendrían que estar en el mismo órgano”, precisa, y coincide con Pantin en que la función de capacitación y actualización permanente de magistrados y jueces debe corresponder al Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Sin margen de maniobra

Es “regresivo” también, dice Pantin, que los estados ya no tendrán margen de maniobra para adecuar sus reformas judiciales a su contexto local porque en el artículo 116 “se impone una serie de elementos del modelo federal, y dice que todo el proceso electoral a nivel estatal tendrá que apegarse al procedimiento previsto a nivel federal”, cuando algunos estados estaban intentando “mejorar un poco las cosas, precisamente en particular viendo el resultado de la primera elección judicial”.

Por ejemplo, detalla, en Aguascalientes la función de evaluación de juzgadores corresponde al OAJ, que “es lo correcto”, y que lo mismo pretendían hacer Jalisco y Nuevo León, los dos estados donde aún no se legisla en la materia, pero tras la reforma constitucional ya no se podrá.

Pantin y Campos González reconocen que es positivo haber aplazado la elección judicial del 2027 a 2028 para que no concurra con las elecciones federales intermedias y locales para renovar la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, entre otros cargos, pero no así el hecho de empatarla con la Revocación de Mandato.

“No me parece positivo. Las elecciones judiciales se cuecen aparte y deberían desarrollarse en un ámbito lo menos politizado o partidizado posible. Entonces, el hecho de empatar (la elección judicial) con otro tipo de elecciones (como la Revocación de Mandato) me parece inadecuado…”, concluye Pantin.

Listo aval constitucional a enmiendas

Las Legislaturas de 25 y 24 entidades federativas, respectivamente, ya aprobaron los dos decretos por los que se reforman diversas disposiciones de la Constitución, en materia de reforma del Poder Judicial y para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, informó que en la sesión de hoy se harán las declaratorias de constitucionalidad correspondientes a ambas reformas aprobadas la semana pasada en periodo de sesiones extraordinarias por las cámaras de Diputados y de Senadores.

En la sesión de este lunes de la Comisión Permanente se dará también entrada formal a nombramientos de funcionarios y embajadores realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para su eventual ratificación por el Senado y la Permanente.

El nombramiento de Cristina Planter Riebeling como subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) será remitido a la Cámara de Senadores, entre otros.

Y serán remitidas al Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, las iniciativas del Ejecutivo Federal presentadas de manera formal para reformar el Código Penal y la Ley Federal de Protección Industrial, en materia de protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual, y la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet.

Principales cambios

Reforma Judicial

• Se modificó el calendario constitucional para aplazar la elección judicial de 2027 a junio de 2028.

• Se fijó la consulta de Revocación de Mandato presidencial para el primer domingo de junio del cuarto año del periodo gubernamental.

Narcocandidatos

• Se creó la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas al interior del INE.

• Esta nueva instancia técnica quedó conformada por tres consejeros electorales federales, quienes ejercerán el encargo por tres años.

Intervención Extranjera

• La validez de los comicios federales o locales queda legalmente sin efecto al acreditarse la intervención directa de gobiernos, organizaciones o entidades del exterior en las campañas de los candidatos.