San Antonio, Texas — Desde la masacre ocurrida en la Escuela Primaria Robb en Uvalde en 2022, los distritos escolares de Texas han gastado miles de millones de dólares para asignar agentes de policía a todos los campus escolares del estado. El esfuerzo, el más ambicioso del país, tenía como objetivo proteger a los estudiantes de tragedias similares.

Sin embargo, la presencia constante de oficiales ha transformado la manera en que muchas escuelas públicas manejan la disciplina, sometiendo a los estudiantes a tácticas policiales severas por conductas que antes solo los habrían llevado a la oficina del director, encontraron The New York Times y The San Antonio Express-News.

En ocasiones, los oficiales en Texas mostraron una agresividad alarmante, sujetando o derribando a estudiantes que pesaban una fracción de su tamaño por faltas que a menudo parecían menores. Niños de primaria, incluido uno de apenas 6 años, fueron esposados. Adolescentes fueron arrestados, acusados de delitos e incluso encarcelados. En los casos más extremos, terminaron hospitalizados, con moretones o conmociones cerebrales, después de ser lanzados violentamente al suelo o recibir descargas de pistolas Taser, las cuales están prohibidas en los centros de detención juvenil del estado, pero permitidas en las escuelas públicas.

No existe un registro integral de los incidentes de uso de la fuerza en los más de mil distritos escolares públicos de Texas. Muchos distritos y agencias policiales se negaron a entregar datos a los periodistas; otros no respondieron a solicitudes de información pública. Más de 200 proporcionaron algún tipo de información, aunque en la mayoría de los casos fue limitada.

Aun así, al examinar incluso esa pequeña muestra de registros, los reporteros identificaron más de 2 mil 600 incidentes de uso de la fuerza ocurridos entre enero de 2022 y diciembre de 2025. Aproximadamente 450 de esos encuentros fueron descritos en reportes detallados que fueron revisados por los periodistas. También analizaron grabaciones de video de más de dos docenas de incidentes.

Los registros ofrecen una visión sin precedentes de cómo se ha desarrollado la iniciativa de vigilancia escolar de Texas en distritos grandes y pequeños, urbanos y rurales.

Varios incidentes comenzaron por conductas indebidas como violaciones al código de vestimenta, uso de cigarrillos electrónicos o peleas entre estudiantes. Los oficiales, frecuentemente llamados por directores o maestros, intensificaron algunas situaciones gritando obscenidades o insultos. Utilizaron técnicas de derribo físico en alrededor de 60 casos cuando los estudiantes ignoraron órdenes, respondieron de manera desafiante o intentaron alejarse.

En el distrito escolar de Judson, que abarca partes de San Antonio, un oficial lanzó a un estudiante de 15 años contra una mesa después de que este arrojó un palito de queso a otro alumno, según testigos citados en registros públicos. En un comunicado, el distrito afirmó que el estudiante intentó alejarse del oficial, quien utilizó “la fuerza necesaria para controlar la situación”.

En el distrito de Cypress-Fairbanks, cerca de Houston, un oficial inmovilizó a un niño de 10 años con un trastorno conductual después de que pateó al director, atándole manos y pies detrás de la espalda con un cordón, según una investigación interna. Los registros muestran que el mismo oficial había utilizado la misma técnica en dos ocasiones anteriores cuando el menor abandonó el campus durante el horario escolar. Posteriormente, el distrito prohibió esa práctica.

Tayshawn Chadwick, de 17 años, fue suspendido de su escuela en el distrito de Aldine por amenazar con pelear con otro estudiante en diciembre de 2023. Cuando intentó recuperar las llaves de su casa de un salón antes de abandonar el campus, un oficial escolar lo empujó contra una ventana, según los registros. Otro oficial presionó una pistola Taser contra su piel y le aplicó múltiples descargas.

“Se sintió como un rayo”, recordó Tayshawn en una entrevista.

Tayshawn fue acusado de resistirse al arresto y recluido en la cárcel del condado. El cargo fue desestimado después de que completó un programa de control de ira. El distrito escolar se negó a comentar sobre el incidente; los registros indican que los supervisores consideraron que las acciones de los oficiales cumplían con la política departamental.

En entrevistas, decenas de padres, maestros, directores y estudiantes dijeron creer que los policías son necesarios para mantener seguras las escuelas. Muchos elogiaron a los oficiales por detener peleas violentas. Casi todos mencionaron el temor a los tiroteos escolares. Tan recientemente como en marzo, un estudiante de una preparatoria del área de San Antonio disparó contra un maestro antes de quitarse la vida. Oficiales escolares han confiscado decenas de armas en esa región y algunos han frustrado posibles ataques.

“Solo vean las noticias”, dijo LaTres Essien, maestra de matemáticas de tercer grado en Dallas. “No hay ninguna escuela en Estados Unidos que no deba tener algún tipo de oficial”.

Los jefes policiales sostuvieron que el uso de la fuerza física es necesario en el trabajo policial, incluso dentro de las escuelas.

“No podemos ser complacientes y decir: ‘Bueno, estamos en una escuela y quizá no deberíamos ponerle las manos encima a este estudiante’, y luego permitir que la situación escale hasta que alguien resulte herido”, dijo Charles Carnes, quien se retiró en diciembre como jefe del departamento policial del distrito escolar Northside en San Antonio.

Algunos departamentos disciplinaron a oficiales por excederse, incluidos casos relacionados con inmovilizaciones, gas pimienta y cigarrillos electrónicos.

Sin embargo, en Texas ninguna agencia estatal tiene autoridad para revisar rutinariamente las acciones de los oficiales escolares ni determinar si hubo abuso de autoridad.

Expertos en vigilancia policial afirmaron que los legisladores texanos han impulsado la presencia policial en las escuelas sin establecer mecanismos de supervisión significativos. Una ley de 2019 destinada a mantener a los oficiales fuera de la “disciplina estudiantil rutinaria” no define el término ni establece sanciones por violaciones. Los departamentos de policía en Texas tampoco están obligados a reportar incidentes de uso de la fuerza en escuelas, salvo cuando un oficial dispara contra alguien.

Las juntas escolares y las agencias policiales son responsables de la supervisión, dijeron funcionarios estatales. Sin embargo, en entrevistas, dos docenas de miembros de juntas escolares de distintas partes de Texas señalaron que no consideraban que esa fuera parte de sus responsabilidades.

“Nosotros simplemente aprobamos lo que necesitan comprar”, dijo Michael Valdez, integrante de la junta escolar del distrito Edgewood en San Antonio.

Varios afirmaron desconocer incluso que sus oficiales utilizaban fuerza física contra estudiantes.

Una revisión de las políticas de uso de la fuerza de más de 200 departamentos policiales escolares encontró que muchas fueron copiadas casi íntegramente de agencias policiales municipales. Algunas incluían instrucciones sobre manejo de ganado y control animal. La mayoría no contenía directrices específicas para tratar con estudiantes.

“Con los ojos bien abiertos”

Los agentes de policía han estado asignados a algunas escuelas de Texas durante casi un siglo. En la década de 1930, muestran artículos periodísticos, el Departamento de Policía de Houston empleaba “policías escolares” de medio tiempo para ayudar a dirigir el tráfico.

Sin embargo, no fue sino hasta las décadas de 1980 y 1990, en medio de preocupaciones por las drogas y la violencia, cuando comenzó a crecer significativamente el número de oficiales escolares. El tiroteo de 1999 en la Columbine High School impulsó aún más esa tendencia.

En otras partes del país, los distritos escolares suelen recurrir a oficinas del sheriff o departamentos de policía locales. Texas fue inusual porque muchos distritos crearon sus propios departamentos policiales.

A medida que aumentó la presencia policial en las escuelas, algunos educadores comenzaron a preocuparse por castigos severos y prácticas que podían empujar a los estudiantes hacia el sistema de justicia penal. Incluso en Texas, conocido por sus políticas de mano dura, estas preocupaciones ganaron atención. En 2019, la Legislatura aprobó una ley estableciendo que las juntas escolares no debían asignar a los oficiales tareas relacionadas con disciplina estudiantil rutinaria.

Entonces ocurrió Uvalde, el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Texas, que cobró la vida de 19 estudiantes y dos maestros.

Un año después, en 2023, los legisladores aprobaron una ley que exige la presencia de al menos un oficial de policía certificado en cada escuela pública del estado. Aunque otros estados adoptaron medidas para reforzar la seguridad escolar, pocos han dependido tanto de la policía.

Antes de la aprobación de la ley, algunos padres, maestros y defensores advirtieron que provocaría más arrestos e incidentes con uso de fuerza. Alycia Castillo, directora asociada de políticas y defensa de la organización Texas Civil Rights Project, con sede en Austin, dijo que varios grupos ya habían expresado preocupaciones sobre tácticas policiales excesivas en las escuelas. Según afirmó, los legisladores tomaron la decisión “con los ojos bien abiertos”.

En los dos años siguientes, el gasto anual estatal en seguridad escolar aumentó de aproximadamente 900 millones de dólares a más de 1,300 millones de dólares.

Actualmente, Texas alberga cerca de 400 departamentos policiales de distritos escolares, más que todos los demás estados combinados. La mayoría de los distritos restantes tienen contratos con agencias policiales externas. El número de oficiales capacitados para trabajar en escuelas —alrededor de 11 mil— supera la cantidad total de policías de al menos dos docenas de estados.

“La mano dura”

En mayo de 2024, Anabelle Jaramillo tocó un timbre de plástico colocado afuera de un salón de clases en la preparatoria Texas City High School. El timbre, que costaba 13 dólares, se desprendió y Anabelle se lo llevó, según una descripción de las grabaciones de vigilancia incluida en un reporte policial.

Al día siguiente, los administradores acusaron a la estudiante de 17 años, quien tenía un historial académico sobresaliente, de robo y le asignaron tres días de suspensión dentro de la escuela.

Convencida de que se trataba de un malentendido, Anabelle acudió a la oficina de Sonia Davis, subdirectora de la escuela. Recordó en una entrevista que le explicó a Davis que había desprendido accidentalmente el timbre y lo había colocado en una jardinera cercana para evitar meterse en problemas.

Aun así, Davis llamó a los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Galveston County asignados a la escuela y, según muestran las grabaciones de las cámaras corporales, les pidió que hablaran con Anabelle sobre el supuesto robo.

Anabelle siguió defendiendo su versión. Envió un mensaje de texto a su madre y Davis amplió su suspensión dos días más por utilizar un teléfono celular dentro de la oficina. Luego le ordenó que se retirara, pero la adolescente se negó a levantarse de su asiento.

Una de las agentes, Karla Rodriguez, le ordenó ponerse de pie.

“Estás arrestada por robo”, le dijo.

Rodriguez sujetó uno de los brazos de Anabelle. Cuando la adolescente intentó apartarse, un segundo agente, Cipriano Ruiz, tomó el otro brazo.

Ambos forcejearon con Anabelle, quien mide 4 pies y 11 pulgadas (1.50 metros), hasta tirarla boca abajo. Ruiz la sujetó por la nuca y le presionó el rostro contra la alfombra. Rodriguez la esposó.

Luego, Rodriguez intentó ponerla de pie.

“Vas a ir a la cárcel, jovencita”, le dijo.

“¿Qué demonios?”, exclamó Anabelle.

Anabelle, quien padece ataques de pánico, comenzó a hiperventilar. Uno de los agentes le indicó que respirara.

Davis colocó un ventilador apuntando hacia la estudiante. Después regresó a su escritorio, tomó su teléfono celular y comenzó a comer papas fritas.

Las grabaciones muestran que Anabelle luchó por respirar durante unos tres minutos antes de quedar inmóvil. Davis llamó a la enfermera escolar. Ruiz le tomó el pulso. Posteriormente, Anabelle dijo a los reporteros que había perdido el conocimiento.

Otros casos revisados por los periodistas mostraron una escalada similar de situaciones relativamente menores.

Cuando un estudiante de 17 años en educación especial amenazó a un compañero y le lanzó un envase de desinfectante, un miembro del personal llamó a un oficial. Según el reporte policial y las grabaciones de video, el oficial tiró al joven al suelo y, tras un forcejeo, le dio dos puñetazos en el rostro.

En otro caso, un maestro alertó a un oficial sobre un estudiante de 15 años que estaba diciendo groserías en un pasillo. Los registros muestran que el oficial lo derribó y luego lo arrastró por una pierna hasta una habitación.

En entrevistas, educadores señalaron que en ocasiones necesitan ayuda para controlar a estudiantes problemáticos. Muchos sienten presión para mostrarse firmes ante la mala conducta, dijo Anita Wadhwa, exmaestra y actual directora de una organización sin fines de lucro en Houston dedicada a promover alternativas disciplinarias en las escuelas.

“Ningún adulto quiere parecer que un estudiante le está faltando al respeto”, afirmó.

Algunos líderes de distritos escolares aseguraron que habían sido claros: los oficiales solo deben intervenir cuando un estudiante sea acusado de un delito grave o cuando exista riesgo de daño físico.

“Nuestros oficiales no son disciplinarios, punto”, dijo Sean Maika, quien fue superintendente del distrito escolar North East Independent School District de San Antonio hasta enero.

Pero en muchos lugares ese mensaje parece haberse perdido. Michelle Parsons, quien imparte un curso obligatorio para oficiales escolares en Texas, señaló que con frecuencia los agentes describen situaciones en las que son llamados para atender asuntos disciplinarios menores.

Durante una capacitación reciente a la que asistió un reportero, se indicó a los oficiales que debían mantenerse al margen de incidentes que normalmente no justificarían una llamada al 911. Varios reaccionaron con escepticismo y dijeron que a sus directores no les gustaría esa postura.

Parsons explicó que directores y maestros suelen ver a los oficiales como “la mano dura”. Texas no exige que el personal escolar reciba capacitación sobre cuándo deben llamar a la policía escolar.

Poco después del arresto de Anabelle, su madre, Martha Jaramillo, llegó a la escuela y encontró a su hija tirada en el suelo, según muestran las grabaciones.

“Ella fue muy grosera con nosotros”, le dijo Davis a Jaramillo.

La madre informó a la enfermera sobre los problemas de salud de su hija, incluido el asma. Uno de los agentes llamó a paramédicos, quienes trasladaron a la adolescente a una sala de emergencias.

Dos semanas después, Anabelle se entregó en la cárcel del condado para responder al cargo de robo. Allí, según contó, sufrió otro ataque de pánico.

Ni Davis ni los funcionarios del distrito escolar de Texas City aceptaron ser entrevistados para este reportaje. En un comunicado, el distrito afirmó que Davis no violó ninguna política institucional. La Oficina del Sheriff del Condado de Galveston se negó a comentar. Los agentes involucrados tampoco respondieron a múltiples intentos de contacto.

Kim Simon, experta nacional en vigilancia policial escolar y exoficial de Virginia, quien revisó el caso para The Times y The Express-News, afirmó que Davis y los oficiales escalaron innecesariamente una falta menor.

“Nadie estaba actuando en beneficio de una menor”, dijo Simon.

“Mando y control”

En todo Texas, los registros y videos muestran a oficiales dirigiendo obscenidades, insultos y amenazas a estudiantes justo antes o después de utilizar fuerza física.

“Deja de llorar como una niñita”, le ordenó un oficial escolar de San Antonio a un estudiante de séptimo grado que había sido reportado por comportamiento disruptivo.

“Muchacho, te voy a lastimar”, le dijo un oficial de Houston a un estudiante de preparatoria que le respondió de forma desafiante.

“¡Levanta las malditas manos antes de que te dispare!”, gritó una oficial en Galveston mientras apuntaba con su arma a un joven de 17 años al que había acorralado en un patio. El adolescente había huido del campus después de ser sorprendido con un cigarrillo electrónico.

Un análisis de los datos de certificación policial encontró que la mayoría de los oficiales empleados por distritos escolares de Texas trabajaron previamente en departamentos de policía municipales. Más de mil habían trabajado como custodios penitenciarios.

En esos cargos, se les enseña a proyectar autoridad para controlar situaciones peligrosas.

“La noción misma de la actividad policial implica el uso de la fuerza”, dijo Aaron Kupchik, profesor de sociología y justicia penal de la University of Delaware. “Implica obligar a las personas a obedecer tu autoridad”.

Pero tratar con jóvenes requiere un enfoque distinto, señalaron él y otros expertos. Las investigaciones muestran que los adolescentes, cuyos cerebros aún no se desarrollan completamente, suelen tener dificultades para controlar impulsos. Los expertos añadieron que gritarles o dominarlos físicamente puede resultar contraproducente.

En Texas, la capacitación obligatoria para policías escolares incluye psicología infantil, resolución de conflictos y manejo de estudiantes con problemas conductuales. Sin embargo, el programa dura solo 20 horas, la mitad del mínimo recomendado por la Asociación Nacional de Oficiales de Recursos Escolares. Kentucky, otro estado que exige oficiales en todas las escuelas públicas, requiere 120 horas.

Cuando los oficiales utilizan la fuerza contra estudiantes, los líderes de sus departamentos casi siempre tienen la última palabra sobre si actuaron correctamente o excedieron sus facultades.

Los supervisores suelen revisar formularios describiendo los incidentes y, en muchos casos, aprueban formalmente las acciones de los agentes. Los reporteros examinaron más de 100 de esos documentos y encontraron que casi siempre se concluía que el uso de la fuerza había sido apropiado.

En otros casos, los oficiales fueron disciplinados, aunque normalmente solo recibieron advertencias verbales o la orden de tomar cursos adicionales.

En 2024, la oficial Linda Holland utilizó gas pimienta para detener una pelea entre varias estudiantes y luego golpeó a una de ellas con la rodilla en el rostro, según muestran videos. De acuerdo con un informe interno, se le ordenó completar cuatro cursos de capacitación, incluido uno sobre ética. Un supervisor escribió que sus acciones “no daban una buena imagen”.

Cuando un reportero llamó para solicitar comentarios, Holland colgó el teléfono. En un comunicado, el distrito describió la escena como “caótica” y aseguró que la oficial no tenía intención de lastimar a la estudiante.

Algunos padres, según muestran los registros, presentaron quejas ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Texas, que otorga licencias a todos los policías del estado. Sin embargo, la comisión sostiene que no puede investigar denuncias por uso excesivo de la fuerza a menos que el oficial haya sido acusado penalmente.

En al menos dos casos, cuando padres demandaron a oficiales en tribunales federales por uso de la fuerza, la corte federal de apelaciones que tiene jurisdicción sobre Texas falló a favor de los agentes. En 2023, el tribunal respaldó a un oficial que utilizó una pistola Taser contra un estudiante de 17 años con discapacidad intelectual cuando intentó abandonar la escuela. La corte concluyó que las acciones del oficial eran comparables al castigo corporal, el cual sigue siendo legal en Texas.

“Aislados y retraídos”

Algunos estudiantes que fueron sometidos a fuerza física por policías dijeron haber sufrido consecuencias duraderas.

Tayshawn Chadwick, quien recibió descargas de una pistola Taser, afirmó que dejó de salir de su casa. Julian Montes, quien fue lanzado contra un carrito del comedor escolar, ahora siente miedo de los policías.

Anabelle Jaramillo dijo que el incidente del timbre la llevó a aislarse incluso de sus amistades más cercanas.

Los fiscales desestimaron el cargo de robo después de que completó un curso en línea sobre hurtos. Sin embargo, quedó devastada cuando un sitio web de antecedentes criminales publicó su fotografía policial.

Terminó sus estudios desde casa y decidió no asistir a su ceremonia de graduación.

Dos años después, Anabelle finalmente ha comenzado a superar el trauma. Dio a luz a un hijo y completó sus estudios en un colegio comunitario. Planea asistir a una universidad cercana en otoño con la esperanza de convertirse en veterinaria.

Pero el episodio con la policía la hizo desconfiar más de las personas. Según dijo, los adultos de su preparatoria le fallaron.

“Pensaba que estaban ahí para escucharte, ayudarte a crecer y prepararte para el futuro”, dijo.

En cambio, añadió: “Me destruyeron”.