La Audiencia de Badajoz ha introducido el primer gran ajuste procesal del juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, pero sin alterar la arquitectura principal del caso. El tribunal ha decidido excluir del procedimiento el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar que ha prescrito, una resolución que reduce parcialmente el alcance penal de la causa, aunque mantiene intactas las acusaciones más relevantes y las posibles consecuencias judiciales.
La decisión afecta al delito menos grave de los tres atribuidos inicialmente al músico y gestor cultural. Se trataba de una infracción castigada con multa y suspensión temporal para empleo o cargo público, pero sin penas de prisión. Los magistrados concluyen que, al tratarse de un delito leve cuya sanción principal era económica, el plazo legal de prescripción ya había expirado. Por ello, el presidente del tribunal fue tajante al anunciar que debía quedar fuera del objeto del juicio.
Al estar catalogado bajo esta penalidad como un delito puramente leve, la legislación estipula que la responsabilidad penal prescribe transcurrido un año desde la comisión del hecho. El presidente de la sala, el magistrado José Antonio Patrocinio, aclaró que incluso si se adoptara la postura más severa de las acusaciones y se tipificara como un delito “menos grave”, la causa seguiría extinta. Al haber transcurrido más de cinco años desde que ocurrieron los hechos investigados (que se remontan a finales de 2016 y principios de 2017), el plazo máximo de persecución penal también se habría superado holgadamente.
Sin embargo, la resolución no supone una absolución global ni implica el cierre de la investigación judicial. David Sánchez continuará sentado en el banquillo por las acusaciones de tráfico de influencias vinculadas a presunta prevaricación administrativa, los delitos que constituyen el verdadero centro del proceso.
De hecho, el tribunal considera que existen indicios suficientes para continuar con la vista oral y entrar a valorar el fondo de la adjudicación laboral y el posterior cambio de denominación a la Oficina de Artes Escénicas.
Las acusaciones mantienen que la plaza creada en 2017 en la Diputación de Badajoz fue diseñada específicamente para él y que posteriormente se habrían producido modificaciones organizativas y decisiones administrativas destinadas a adaptar el puesto a sus circunstancias profesionales.
Precisamente ahí se concentra la batalla judicial. Las acusaciones populares sostienen que existió un proceso irregular de contratación y defienden la tesis del llamado “traje a medida”, mientras que las defensas argumentan que el procedimiento fue legal y que toda la causa responde a una investigación excesivamente expansiva y políticamente condicionada por la relación familiar del acusado con el presidente del Gobierno.
La decisión del tribunal también introduce otro elemento relevante: la exclusión parcial de responsabilidades para Miguel Ángel Gallardo, expresidente socialista de la Diputación de Badajoz. Los magistrados han retirado del procedimiento la parte relacionada con la contratación de Luis Carrero, antiguo asesor en Moncloa y persona cercana a David Sánchez. El argumento utilizado por la Sala es estrictamente procesal: Gallardo no fue interrogado sobre esos hechos durante la instrucción ni se le informó formalmente de esa posible imputación, lo que convertiría mantener esa acusación en una “acusación sorpresiva”.
? El tribunal declara que un delito de los que se acusaba a David Sánchez está prescrito:
— Vozpópuli (@voz_populi) June 1, 2026
"Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal por el que venía siendo acusado el señor David Sánchez" pic.twitter.com/8cCOY9qn9Z
Este movimiento judicial representa una corrección parcial sobre la fase de instrucción realizada previamente. El tribunal, sin embargo, ha evitado tocar el resto del procedimiento. Tampoco ha aceptado las peticiones más ambiciosas de las defensas, que reclamaban la nulidad completa del juicio argumentando vulneración de derechos fundamentales, investigación prospectiva y análisis excesivo de comunicaciones privadas.
La Fiscalía ha mantenido una posición especialmente significativa en este punto. Respaldó la prescripción del delito leve atribuido a David Sánchez y también mostró conformidad con excluir la imputación añadida contra Gallardo respecto a Carrero. Las acusaciones populares, por el contrario, protestaron formalmente ambas decisiones, insistiendo en que la conducta atribuida al hermano del presidente habría continuado en el tiempo y que, por tanto, no debería considerarse prescrita.
En términos prácticos, el juicio apenas comienza. Tras resolver las cuestiones previas, la Audiencia ha dado paso a la fase testifical. Ya han comenzado las declaraciones de los primeros testigos vinculados al proceso de contratación y todavía quedan semanas de comparecencias, informes periciales y testimonios de agentes investigadores. Los acusados, incluido David Sánchez, declararán previsiblemente al final del procedimiento.
El caso mantiene así dos dimensiones paralelas. La judicial, centrada en determinar si existieron irregularidades administrativas con relevancia penal en la contratación y evolución profesional de David Sánchez dentro de la Diputación de Badajoz. Y la política, inevitable por la proximidad familiar con el jefe del Ejecutivo y por el uso partidista que el caso ha generado desde el inicio. @mundiario