El quiebre del régimen político no fue por la formalización de la sospecha de que el gobierno de EU presentaría una lista negra de funcionarios morenistas coludidos con cárteles criminales, terroristas, para efectos de la acción punitiva norteamericana. Sin duda, un acontecimiento grave por sus implicaciones. En perspectiva, el evento que significó el antes y el después fueron las revelaciones de Julio Scherer Ibarra sobre el origen del contrabando de combustible y la manera como el zar del huachicol, Sergio Carmona, se filtró hasta la más elevada oficina en el afán de resolver la adicción de Morena al efectivo. Las elecciones de 2021, de gobernador y las legislativas, se fondearon con dinero de origen criminal y Morena recibió y asignó esos recursos.
A no pocos se les dificulta entender la postura de la presidenta Sheinbaum respecto a la solicitud de detención de diez funcionarios en Sinaloa, encabezados por el gobernador Rocha Moya. Ella acierta al entender que solo es el principio, no un caso aislado de autoridades en connivencia con el crimen. La razón de haber removido a Gertz Manero de la FGR obedecía a la necesidad de gestionar políticamente la justicia penal sin límite ni restricción. Todo en manos del régimen, incluso el Poder Judicial Federal. La vuelta de tuerca de estos días ha sido el cambio electoral para vacunarse ante un eventual rechazo popular en las urnas, como si fuera posible. El rechazo democrático a la autocracia vuelve inevitable el colapso; sucede en la modalidad de fuerza y violencia, como en Venezuela, o en la civilizada, como en Hungría.