La Alianza Mexicana de Abogados y varios colectivos presentaron el 2 de junio de 2026 ante la Mesa Directiva del Senado de la República una solicitud formal de desaparición de poderes constitucionales en el estado de Sinaloa, con el argumento de que la violencia desatada en esa entidad hace casi dos años ha hecho imposible el funcionamiento regular de los órganos de gobierno locales.
Los abogados Ricardo Beltrán Verduzco y Julio Alvarado Andrade entregaron el documento acompañados por la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Paloma Sánchez. La petición se produjo aproximadamente un mes después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya solicitara licencia al cargo en medio de señalamientos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, documentados por autoridades estadounidenses.
El escrito dirigido a la Mesa Directiva del Senado señaló que en Sinaloa se actualizan “las hipótesis legales y constitucionales que hacen imposible el funcionamiento regular de los poderes públicos de la entidad”, según el texto de la solicitud. La senadora Sánchez demandó públicamente que “se vayan los narcopolíticos del estado de Sinaloa”.
Beltrán Verduzco afirmó que Sinaloa es “el epicentro de la inseguridad a nivel nacional” y calificó la situación como “la peor tragedia en la historia de Sinaloa”. El abogado atribuyó el deterioro de la seguridad al período posterior al traslado forzado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, ocurrido hace casi dos años, a partir del cual los sinaloenses habrían vivido, según sus palabras, “en un clima de terror de un Gobierno que pactó con el narco”.
El abogado también cuestionó la legitimidad de Yeraldine Bonilla Valverde, quien asumió la gubernatura en sustitución de Rocha Moya, al señalar que tiene vínculos con el morenista saliente. Beltrán Verduzco descartó cualquier interlocución con el actual gobierno estatal y con el senador Enrique Inzunza —señalado por autoridades estadounidenses en el marco de presuntas complicidades con el Cártel de Sinaloa—, a quienes acusó de haber “vendido su alma al diablo”.
La solicitud deberá ser analizada por la Mesa Directiva del Senado, que tendría que valorar si se cumplen los supuestos constitucionales previstos en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para decretar la desaparición de poderes en una entidad federativa, mecanismo que implicaría la designación de un gobernador provisional por parte del Senado.