El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este martes ante el Senado estadounidense que los cárteles mexicanos podrían utilizar drones contra objetivos e intereses de ese país, en medio de un contexto de crecientes tensiones bilaterales con México por temas de seguridad, soberanía y cooperación regional.
Durante su comparecencia ante legisladores, Rubio señaló que los grupos criminales ya utilizan drones en sus enfrentamientos internos y alertó sobre la posibilidad de que esa tecnología sea eventualmente dirigida contra territorio estadounidense.
“Los cárteles mexicanos están utilizando drones unos contra otros, y debemos imaginar que, en algún momento, incluso podrían usarlos contra nosotros, contra nuestros intereses”, declaró el funcionario estadounidense.
Además, sostuvo que el fenómeno no se limita a México y forma parte de una problemática internacional vinculada al acceso cada vez más amplio a este tipo de tecnología.
“Es un problema generalizado que se está desarrollando todos los días en todo el mundo”, añadió Rubio, quien consideró que el reto también implica enfrentar las condiciones económicas y tecnológicas que facilitan la proliferación de drones utilizados con fines criminales.
También, defendió las acciones militares emprendidas por su país contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el marco de la llamada Operación Lanza del Sur, implementada desde agosto de 2025 para interceptar cargamentos de droga en los océanos Pacífico y Atlántico.
Según Rubio, las operaciones contra las denominadas “narcolanchas” no se realizan de manera arbitraria, sino mediante diversos mecanismos de inteligencia y verificación.
“Los barcos de los narcocárteles que transportaban su veneno hacia nuestras fronteras no fueron recibidos con cartas de tono enérgico, sino con todo el peso del poderío militar estadounidense”, señaló.
Durante la audiencia en el Senado, Rubio también fue cuestionado sobre el conflicto entre el gobierno mexicano y la empresa Vulcan Materials por el cierre de la mina Calica, en Quintana Roo.
Aunque evitó profundizar en el caso, aseguró que la protección de inversiones estadounidenses en el extranjero es una prioridad para Washington y advirtió que los antecedentes de “expropiación” o “confiscación” afectan la confianza de inversionistas.