Expertos jurídicos alertaron sobre las consecuencias que traerá al sistema de justicia del país el cese masivo de trabajadores del Poder Judicial tras la reforma que dio paso a las elecciones judiciales.
Durante la mesa de debate titulada Ceses Masivos de Personas Operadoras de Justicia: Hallazgos y lecciones desde América Latina, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la directora de este organismo, Mónica González Contró, recordó que tras la pasada reforma judicial en México, que dio vida a la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, en el país fueron cesadas cerca de 711 personas juzgadoras, que decidieron declinar participar en la elección o simplemente fueron emplazados a dejar sus cargos con promesa de liquidación.
Asimismo, indicó que quedaron 139 cargos vacantes por jubilación anticipada, aunado a que ocho ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron no participar en la elección.
También alertó que este cese masivo de personas juzgadoras no afectó por igual a todas las personas, ya que en el caso de las mujeres que resultaron vencedoras en la elección se identificó que sufrieron mayores afectaciones a sus proyectos de vida.
A su vez, se advirtió que la independencia judicial, al ser un elemento más importante de las democracias, llama a que se garantice el ejercicio de funciones de las personas juzgadoras lo cual incluye que no se le mueva en el cargo y no la remoción arbitraria, por lo que el caso del cese masivo de personas juzgadoras de México ha llegado a instancias internacionales ante la denuncia de ser una violaciones a los derechos humanos.
Politización
Por su parte, Úrsula Indacochea, directora de Independencia Judicial de Fundación para el Debido Proceso, sostuvo que el cese masivo de personas tras una reforma, inevitablemente tiene un impacto devastador para el sistema judicial, ya que al buscar hacer cambios con la finalidad de reestructurar a este organismo, se abre la puerta para el ingreso masivo de juzgadores que pueden estar politizados.
Mientras que Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que el cese masivo de juzgadores es una forma de distorsionar el funcionamiento habitual de un sistema democrático y constitucional, por lo que en el caso de México, está claro que se trató de un asunto político, pues no hubo cambios graduales para cumplir con el supuesto objetivo de resolver los problemas de la judicatura, ya que al final se hicieron reformas sin un verdadero diagnóstico.