El esfuerzo fiscal del gobierno federal para reducir el déficit público parece que está siendo insuficiente para calmar las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, en un entorno de baja inversión que resta dinamismo a la economía.
Entre la segunda y la tercera semanas de mayo pasado, dos de las principales agencias calificadoras realizaron ajustes a las calificaciones y perspectivas de la calidad crediticia del gobierno mexicano.
En principio, S&P Global Ratings anunció un cambio en la perspectiva crediticia de México de estable a negativa, al tiempo que reafirmó la calificación en BBB, un escalón por arriba del umbral mínimo de grado de inversión.
S&P citó entre las razones señaladas para justificar el cambio de perspectiva “el riesgo de una consolidación fiscal muy lenta, debido principalmente al bajo crecimiento económico, lo que resulta en un aumento de la deuda pública mayor de lo esperado y una mayor carga de intereses”.
En su opinión, “el previsible y continuo apoyo fiscal sustancial a Pemex y la CFE agravaría aún más la rigidez fiscal de México”.
En suma, fundamentó su acción de calificación en los obstáculos para la consolidación fiscal y la reducción del déficit público, así como en los indicadores de deuda en aumento, producto del bajo crecimiento económico.
Posteriormente, Moody’s Ratings revisó a la baja la calificación del gobierno de México de Baa2 a Baa3 y cambió la perspectiva de negativa a estable.
En este caso, tendría que haber una revisión más a la baja para que la calificación soberana perdiera el grado de inversión en la escala de esa agencia.
En particular, Moody’s señaló que la reducción en la calificación de la deuda del país refleja la percepción de “un debilitamiento sostenido de la fortaleza fiscal que se aceleró en 2024 y que esperamos que persista”.
La agencia considera que “la rigidez del gasto, una base de ingresos estrecha y el continuo apoyo a Pemex limitan la capacidad del gobierno para estabilizar la deuda en un entorno de bajo crecimiento” económico.
Entre las evaluaciones de S&P y Moody’s sobre el perfil crediticio del gobierno mexicano hay puntos de coincidencia sobre el debilitamiento de la posición fiscal y el riesgo de que ésta se aleje de una senda sostenible.
De alguna manera, sus preocupaciones se ven alimentadas por los resultados de las finanzas públicas en los primeros cuatro meses del año, con desviaciones tanto por el lado del ingreso como del gasto respecto a lo programado.
Entre enero y abril pasados, los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a dos billones 954.8 mil millones de pesos, pero fueron inferiores en 92.2 mil millones de pesos a lo programado para ese periodo de cuatro meses.
Además, registraron una disminución de 2.2 por ciento real anual, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda.
En el primer cuatrimestre del año, la recaudación tributaria del gobierno federal fue de dos billones 70.8 mil millones de pesos y, en términos reales, bajó 1.6 por ciento respecto al periodo comparable de 2025. No sólo eso, sino que quedó 40.2 mil millones de pesos por debajo de lo programado para esos cuatro meses.
La captación por concepto del ISR, que aporta 55 de cada 100 pesos a la recaudación, cayó 6.2 por ciento real anual y quedó corta en 55.4 mil millones de pesos con relación a lo programado.
Por el lado del gasto público, el monto acumulado en los cuatro primeros meses del año creció 1.4 por ciento y sumó tres billones 175.6 mil millones de pesos, pero contrasta con el gasto programado de tres billones 526.7 mil millones.
Esto implicó un gasto no ejercido de 351.1 mil millones de pesos entre enero y abril de 2026.
En su interior, el gasto programable, que está destinado a proveer bienes y servicios públicos a la población, se incrementó 1.4 por ciento contra 2025, aunque fue 264.8 mil millones de pesos inferior al programado.
Al cierre de abril, el gasto en inversión física ascendió a 241 mil millones de pesos, pero se contrajo 18.4 por ciento real en la comparación anual, lo que, según Hacienda, “respondió, esencialmente, al calendario de ejecución del gasto público”.
La señal es que no hay espacio fiscal utilizable en inversión pública que permita aumentar la capacidad productiva del país.
Aunque los balances fiscales presentaron un mejor desempeño respecto al calendario, lo que está detrás es el subejercicio o retraso en el gasto, pues los ingresos están siendo inferiores a lo presupuestado, poniendo en entredicho la credibilidad fiscal del gobierno.