En la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que lleva Jesús Esteva, parece que la urgencia por sacar adelante proyectos carreteros en Puebla terminó por atropellar la precisión jurídica y administrativa que debería acompañar cualquier proceso de contratación pública, y más cuando lo que se busca es reactivar la economía de manera urgente.

La dependencia puso a consulta dos proyectos de licitación pública internacional para la construcción y mantenimiento de tramos carreteros en la entidad poblana. Hasta ahí nada fuera de lo ordinario. Lo preocupante aparece cuando se revisan los documentos y comienzan a surgir inconsistencias que, lejos de ser detalles menores, podrían convertirse en focos de cuestionamiento para los participantes y para las propias autoridades responsables, y lo peor, que no se ejecuten por lo mal diseñadas.

El primer elemento que llama la atención es la ausencia de una referencia clara y explícita sobre la suficiencia presupuestaria autorizada para ambos proyectos, es decir, se proponen contratos plurianuales para la modernización y conservación por cuatro años de carreteras federales libres de peaje. Lo más relevante es que no hay autorización plurianual por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda; es decir no hay fuente de pago. La implicación es que se queden desiertas. Si la fuente de pago no está, ¿Cómo puede el contratista solicitar un crédito para construir la modernización?

En tiempos donde la disciplina financiera y la transparencia son exigencias permanentes, resulta difícil entender por qué un aspecto tan relevante queda reducido a una discreta anotación entre paréntesis, más aún cuando se trata de contratos de obra pública de gran relevancia.

Pero los problemas no terminan ahí. La publicación de estas convocatorias ocurre apenas semanas después de la entrada en vigor de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y de su reglamento correspondiente.

Sin embargo, los proyectos de bases continúan recurriendo de manera supletoria a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, generando dudas sobre la armonización normativa que debería prevalecer en procedimientos de esta magnitud.

La contradicción más evidente aparece en la propia definición de la licitación. En los datos generales se establece que se trata de una licitación pública internacional bajo cobertura de tratados internacionales. No obstante, en la documentación legal y administrativa se advierte que únicamente podrán participar personas físicas o morales de nacionalidad mexicana; entonces por qué llamarla internacional, quizás sólo se trata de cumplir con las reglas del tratado comercial en revisión y que, por cierto, tiene varios frentes abiertos por incumplimientos de México en temas de redes de pago, ya les contaré.

Difícil encontrar una explicación lógica para una convocatoria que se presenta como internacional mientras restringe la participación a empresas nacionales. Más allá de la confusión jurídica, este tipo de inconsistencias generan incertidumbre entre los potenciales participantes y como si hiciera falta otro ejemplo de la falta de revisión integral de las bases, aparece el tema de los fideicomisos.

En uno de los apartados se cita la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para sustentar la constitución de un fideicomiso de administración, cuando el ordenamiento jurídico que regula esta figura es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y esos temas, ya vimos cuando se presentó la propuesta que generó un gran ruido en la industria financiera; en nada ayudan esos errores.

No se trata únicamente de un error de referencia legal. Es una señal de que los documentos podrían haber sido elaborados con insuficiente revisión técnica o mediante formatos que no fueron actualizados adecuadamente, es decir, al maquinazo.

Está claro que se requiere reactivar la economía, y un camino es principalmente la infraestructura carretera que requiere inversión, rapidez y ejecución eficiente, pero también exige certeza jurídica.

Cuando una convocatoria presenta vacíos presupuestarios, contradicciones sobre su carácter internacional y referencias normativas cuestionables, el riesgo no sólo es administrativo. También es reputacional.

Las señales que preocupan

En la relación México–Estados Unidos, las formas suelen anticipar el fondo. Y en las últimas semanas, más de un observador en los círculos diplomáticos y empresariales comienza a preguntarse si la presidenta Claudia Sheinbaum atraviesa un momento de desgaste en la confianza política que tradicionalmente busca construir Washington con su principal socio comercial.

Nadie habla todavía de una ruptura ni de una crisis. Pero sí de señales. Y en diplomacia, las señales importan.

La referencia inevitable para muchos es Carlos Pascual, el embajador estadounidense que terminó dejando México en 2011 después de una relación cada vez más complicada con el Gobierno Federal de entonces. Los contextos son distintos, pero la historia recuerda que cuando la confianza se erosiona, los canales institucionales suelen resentirlo.

Por eso no sorprendería que uno de los temas más comentados en los pasillos de la cena por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, organizada este sábado por la American Society of Mexico que preside Larry Rubin en donde estarán empresas estadounidenses que operan en el país y en donde el embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson es también el presidente Honorario, sea precisamente el estado real de la interlocución entre ambos gobiernos.

Empresarios, diplomáticos y funcionarios saben que la agenda bilateral enfrenta momentos complejos: seguridad, comercio, migración e inversión. La pregunta que muchos formularán en privado no es menor: si existe un problema de confianza, ¿qué tan profundo es y quién está dispuesto a corregirlo antes de que se convierta en un problema mayor?

Mifel apuesta por Mexicana

En un mercado donde la diferenciación es clave, Banca Mifel, que encabeza Daniel Becker, encontró en Mexicana de Aviación un aliado estratégico para fortalecer su presencia en el segmento de viajeros frecuentes.

Y es que presentaron una tarjeta de crédito exclusiva que busca capitalizar el crecimiento de la aerolínea estatal y, al mismo tiempo, ampliar la oferta de valor del banco, pero también habla de la confianza de la institución bancaria en el aeropuerto alterno. La nueva tarjeta incorpora beneficios atractivos para los usuarios: desde acumulación de puntos Mifel Rewards hasta descuentos de hasta 50 por ciento los martes, además de ventajas operativas como asiento asignado y equipaje de mano sin costo adicional.

Se trata de incentivos diseñados para fidelizar clientes en un entorno donde la competencia por el gasto de consumo es cada vez más intensa.

Para Mifel, la alianza representa una oportunidad de posicionarse en un nicho con potencial de crecimiento. Para Mexicana, dirigida por Leobardo Ávila Bojórquez, significa sumar un instrumento financiero que fortalece su estrategia comercial mientras continúa ampliando su red de destinos.

La aerolínea opera actualmente 14 rutas y prepara la incorporación de Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua y la región del Bajío durante el segundo semestre. Además, esta semana realizará su vuelo inaugural entre el AIFA y Acapulco, avanzando en el plan de expansión de una flota que alcanzará 20 aeronaves hacia 2027. Una alianza donde ambos buscan ganar altura.

Más inversión a Guanajuato

San Francisco del Rincón e Irapuato son los dos municipios en donde Kromberg & Schubert, empresa especializada en sistemas de cableado y arneses automotrices de vehículos de alta gama como Mercedes Benz y BMW, invertirá 26 millones de dólares para ampliar sus plantas. Esa es una buena noticia en momentos en que la reactivación de la economía va lenta, ya que eso generará más de mil empleos directos nuevos que se sumarán a los 6 mil que ya tiene la manufacturera.

Guanajuato ya alcanzó el 50 por ciento de la meta de atracción de inversiones contemplada por el gobierno de Libia Dennise García, con más de 4 mil millones de dólares comprometidos, a través de 56 proyectos. ¿Superará la meta?

Por lo pronto, la moneda está en el aire.