El escándalo del desarrollo inmobiliario Proyectos 9, considerado por cientos de afectados como uno de los presuntos fraudes inmobiliarios más grandes registrados en Nuevo León, llegó este miércoles a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a revisar el caso y brindar asesoría a las familias que aseguran haber perdido su patrimonio.
Durante la conferencia en Palacio Nacional, se expuso la situación de cientos de compradores que afirman haber pagado departamentos que nunca recibieron y que, tras años de denuncias, continúan sin obtener una resolución judicial definitiva.
De acuerdo con los denunciantes, el caso podría involucrar afectaciones económicas superiores a los 5 mil millones de pesos y estaría relacionado con desarrollos inmobiliarios autorizados durante administraciones municipales pasadas en Monterrey.
Recientemente, la gobernadora de Quintana Roo también hizo un llamado ante la proliferación de preventas fantasma en el estado. “Estamos investigando fraudes inmobiliarios de personas que lucran con la esperanza de un hogar, utilizando documentos falsos y engaños. ¡No se dejen sorprender! Acudan con agentes certificados y verifiquen en el Registro Público de la Propiedad", aseguró Mara Lezama en un posteo en sus redes sociales.
“Lo que comenzó como la promesa de un patrimonio terminó convirtiéndose en una batalla contra la impunidad: cientos de familias siguen pagando créditos o enfrentando pérdidas millonarias por viviendas que nunca recibieron.”
Los afectados sostienen que existen más de 150 querellas y decenas de carpetas de investigación que durante años permanecieron sin avances significativos en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Además, han cuestionado que uno de los principales señalados, el empresario José Aurelio Lobatón, enfrentara procesos judiciales en libertad tras obtener recursos legales que retrasaron el avance de los casos.
El asunto también ha generado controversia política debido a las denuncias públicas sobre presuntos vínculos empresariales entre Lobatón y un despacho relacionado con el hermano del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, señalamientos que han alimentado las acusaciones de posible tráfico de influencias y protección institucional. Hasta ahora, dichas acusaciones forman parte de los reclamos de los afectados y deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
Al responder al planteamiento realizado en la conferencia, Sheinbaum pidió que se le entregara información detallada del caso para que su administración pueda entrar en contacto con las víctimas y ofrecer acompañamiento.
“Nos puedan dar los datos para poder entrar en contacto con ellos y poder apoyarles, asesorarles”, señaló la mandataria.
La presidenta aprovechó además para vincular este tipo de conflictos con la necesidad de acelerar los procesos judiciales y garantizar que las denuncias por fraude patrimonial puedan resolverse en plazos más cortos.
Mientras en Nuevo León se vive un boom inmobiliario, el caso Proyectos 9 se ha convertido en un símbolo de una problemática que se repite en distintas entidades del país: compradores que invirtieron los ahorros de toda una vida en desarrollos inmobiliarios que nunca fueron entregados y que posteriormente enfrentan años de litigios sin recuperar su dinero ni acceder a una reparación del daño.
Mientras las víctimas esperan avances concretos, el expediente vuelve a colocar bajo escrutinio a la Fiscalía de Nuevo León, a las autoridades municipales involucradas en la autorización de proyectos inmobiliarios y a la red de relaciones empresariales y políticas que, según los denunciantes, habría permitido que el caso permaneciera impune durante años.
Fraudes inmobiliarios CDMX
El caso Proyectos 9 ocurre en un contexto donde los fraudes inmobiliarios se han convertido en una de las principales amenazas al patrimonio de las familias mexicanas. En la Ciudad de México, autoridades han advertido que algunas organizaciones dedicadas a la ocupación irregular y comercialización de inmuebles presuntamente mantienen vínculos con grupos de delincuencia organizada, lo que ha complicado las investigaciones y la recuperación de propiedades para las víctimas.
Datos de la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México señalan que cada año se realizan alrededor de 2 mil desalojos, y en cerca del 40% de esos casos están involucradas organizaciones de vivienda. Tan solo en la alcaldía Cuauhtémoc existen 679 carpetas de investigación relacionadas con presuntos fraudes inmobiliarios.
Entre las modalidades más frecuentes se encuentran la venta de inmuebles que no pertenecen a quienes los ofertan, la comercialización de propiedades sujetas a litigios judiciales o sucesorios, así como falsas inmobiliarias que solicitan anticipos o enganches sin acreditar la propiedad de los bienes que ofrecen.
Otra práctica recurrente son las llamadas “ventas duplicadas”, en las que una misma propiedad es vendida a varias personas de manera simultánea. En estos casos, la disputa suele resolverse a favor de quien logre acreditar legalmente la propiedad mediante escritura pública e inscripción en el Registro Público de la Propiedad, mientras los demás compradores enfrentan largos procesos judiciales para intentar recuperar su dinero.
Especialistas como Saucedo abogados advierten que la combinación de redes de corrupción, vacíos de supervisión y lentitud en las investigaciones ha permitido que este tipo de delitos patrimoniales se repitan en distintas entidades del país.
Los fraudes en preventas en México se concentran principalmente en el sector inmobiliario, con pérdidas que superan los 600 millones de pesos anuales y esquemas fantasma en estados como Nuevo León y CDMX.
Por ello, casos como Proyectos 9 han reavivado el debate sobre la autonomía de las fiscalías, la responsabilidad de las autoridades que autorizan desarrollos inmobiliarios y la necesidad de mecanismos más eficaces para garantizar la reparación del daño a las víctimas.