Cd. de México.- La Marina ha intensificado sus operaciones en el Pacífico, donde en lo que va de 2026 ha asegurado cerca de 10 toneladas de cocaína transportadas en semisumergibles, lanchas rápidas y buques pesqueros, reflejando la diversificación de métodos del narcotráfico.
El aumento de decomisos ocurre tras los ataques de EU contra narcolanchas en la región, lo que llevó a México a reforzar su estrategia.
El mensaje fue doble. Por un lado, evitar que acciones unilaterales en aguas internacionales marcaran el ritmo del combate al narcotráfico en una zona de alto interés para México.
Por otro, reforzar la capacidad propia de detección y aseguramiento para intervenir de manera temprana en las rutas marítimas del Pacífico, donde organizaciones criminales han consolidado un corredor estratégico de tráfico de drogas hacia Norteamérica.
En ese contexto, la Secretaría de Marina (Semar) intensificó su presencia en altamar mediante patrullajes oceánicos extendidos, vigilancia aérea constante y el uso de inteligencia marítima en tiempo real.
El resultado ha sido un incremento significativo en los aseguramientos de droga durante los primeros meses de 2026, configurando uno de los arranques más activos en términos de interdicción marítima en años recientes.
Tan sólo en lo que va del año, fuerzas navales han asegurado cerca de 10 toneladas de cocaína en al menos tres eventos relevantes, una cifra que representa un pico histórico para un inicio de ejercicio.
De acuerdo con fuentes navales, no existe precedente reciente de decomisos de este volumen en los primeros meses de una administración, lo que confirma un cambio en el ritmo operativo tras los episodios de uso de fuerza letal por parte de autoridades estadounidenses.
Estos resultados son producto de un esquema reforzado que combina patrullajes oceánicos, despliegue aeronaval, inteligencia estratégica y cooperación internacional, particularmente con instancias de defensa de Estados Unidos, en un entorno de creciente presión para contener el tráfico hacia ese país.
Uno de los aseguramientos más relevantes ocurrió el 19 de febrero de 2026, cuando la Marina interceptó un semisumergible a más de 250 millas náuticas del puerto de Manzanillo, Colima.
La embarcación, de bajo perfil y difícil detección, transportaba aproximadamente 3.3 toneladas de cocaína distribuidas en 179 bultos y era tripulada por tres personas.
Para lograr su aseguramiento, las fuerzas navales desplegaron una patrulla oceánica, dos aeronaves, dos helicópteros y unidades interceptoras, en un operativo que integró vigilancia aérea, seguimiento en tiempo real y abordaje táctico.
Este tipo de plataformas, construidas de manera clandestina, navegan con gran parte de su estructura sumergida, reduciendo significativamente su visibilidad ante radares y sistemas de detección.
A este decomiso se suma el aseguramiento del 11 de febrero, cuando la Semar, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, interceptó un buque pesquero con cinco tripulantes y más de 4.7 toneladas de cocaína al oeste de Isla Clarión, en aguas internacionales.
Este hecho evidenció la diversificación de métodos del narcotráfico, que no sólo emplea embarcaciones furtivas, sino también plataformas aparentemente legales para mover grandes volúmenes de droga.
Otro golpe ocurrió el 9 de marzo, cuando durante patrullajes aéreos y marítimos a más de 200 millas de Acapulco, personal naval localizó 80 bultos con presunta droga, confirmando la presencia constante de cargamentos en rutas de alta mar.
Estos aseguramientos se insertan en una tendencia sostenida. Tan sólo en 2025, operativos navales en altamar y en litorales de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Colima permitieron decomisar alrededor de 40 toneladas de cocaína, consolidando al Pacífico como el principal corredor marítimo del narcotráfico hacia Estados Unidos.
En total, durante la actual Administración federal, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 60 toneladas de droga en el mar, detenido a más de 200 personas, decomisado cerca de 70 embarcaciones y asegurado más de 170 motores fuera de borda utilizados por organizaciones criminales.
El mayor golpe registrado ocurrió el 18 de octubre de 2024 frente a Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando fuerzas navales aseguraron más de 8.3 toneladas de cocaína en una operación que involucró seis embarcaciones, incluyendo unidades tipo semisumergible, además de miles de litros de combustible utilizados para largas travesías.
Rutas invisibles desde Sudamérica
Las investigaciones navales han identificado que gran parte de estos cargamentos provienen de Colombia, Ecuador y Centroamérica, desde donde son enviados en travesías de varios días hasta aproximarse a las costas mexicanas.
Mandos navales distinguen tres tipos principales de rutas: las costeras, utilizadas para reabastecimiento y relevo de tripulación; las de alta mar, diseñadas para evadir radares; y las rutas profundas en aguas internacionales, que buscan operar fuera del alcance inmediato de las autoridades.
Los puntos de aproximación más frecuentes se ubican frente a Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, donde células criminales reciben los cargamentos para su traslado terrestre o aéreo hacia el norte del país.
El uso de semisumergibles se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades. Estas embarcaciones pueden transportar hasta 4 toneladas de cocaína y operar con un perfil casi invisible para radares convencionales.
Pero no es el único método. La Marina ha detectado también el uso de paquetes impermeables arrojados al mar, algunos equipados con dispositivos GPS, que permanecen flotando hasta ser recuperados por células criminales en puntos previamente acordados.
Este esquema ha sido identificado frente a las costas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde operadores locales recogen los cargamentos con lanchas rápidas o embarcaciones menores.
Otra modalidad consiste en ocultar la droga en contenedores o compartimentos de buques mercantes, aprovechando el intenso flujo comercial en puertos como Manzanillo, considerado el más importante del Pacífico mexicano.
El incremento del tráfico marítimo ocurre en paralelo a una mayor presión de agencias estadounidenses. La cooperación bilateral ha permitido ampliar la vigilancia en rutas internacionales y mejorar la detección de embarcaciones sospechosas, aunque también ha abierto un debate sobre los límites de actuación en aguas internacionales.
El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha reconocido que el mar se ha convertido en uno de los principales escenarios del narcotráfico, subrayando que la estrategia mexicana se centra en la intercepción temprana: asegurar la droga en altamar antes de que toque territorio nacional.
El 'trinomio' naval
Las operaciones de la Marina se estructuran bajo el concepto del "trinomio": la integración de unidades de superficie, aeronaves y personal naval especializado, apoyados por centros de mando y control que permiten seguimiento en tiempo real.
Las aeronaves detectan objetivos, las unidades de superficie se aproximan y el personal especializado ejecuta el abordaje, inspección y aseguramiento. Este modelo, combinado con inteligencia naval, ha permitido identificar patrones de navegación y anticipar movimientos del crimen organizado.
Para las autoridades, el desplazamiento del narcotráfico hacia el mar representa un cambio estructural. La sofisticación de los métodos, el uso de tecnología y la internacionalización de las operaciones han convertido al Pacífico en un nuevo campo de batalla.
En respuesta, la Marina ha incrementado sus capacidades, evolucionando de plataformas rápidas de vigilancia costera hacia una arquitectura naval más compleja, con patrullas oceánicas, costeras e interceptoras integradas a un mismo concepto operativo.
Los informes institucionales describen un proceso de fortalecimiento basado en la modernización de astilleros, actualización de sistemas de navegación y radar, y sustitución programada de buques. Este salto ha permitido que las unidades interceptoras se integren a una red de vigilancia más amplia, enlazada con aeronaves y centros de mando.
Más recientemente, la construcción naval ha entrado en una fase de mayor ambición tecnológica, con el desarrollo de patrullas oceánicas de nueva generación con mayor autonomía, sensores avanzados y capacidad de despliegue extendido.
SUMERGIBLES: EL RETO TECNOLÓGICO
Los semisumergibles del narcotráfico -conocidos como "narcosubmarinos"- se fabrican en astilleros clandestinos en zonas selváticas de Colombia y Ecuador. Su construcción combina ingeniería artesanal con soluciones tecnológicas sofisticadas.
Fabricados con fibra de vidrio o materiales compuestos, estos artefactos cuentan con motores diesel de alta potencia, sistemas de lastre para ajustar flotabilidad y capacidad de carga de hasta 5 toneladas de cocaína.
Su diseño está optimizado para evadir detección: apenas sobresale una cabina sobre el agua, reduciendo su firma en radares y sistemas infrarrojos. Algunos modelos incorporan navegación satelital y recubrimientos especiales.
El costo estimado de construcción oscila entre 1 y 2 millones de dólares, pero su rentabilidad es exponencial: un solo viaje puede transportar droga valuada en cientos de millones de dólares en mercados internacionales.
Por ello, muchos son considerados desechables. Tras completar la ruta, pueden ser hundidos para eliminar evidencia.
La evolución tecnológica ha llevado a la aparición de semisumergibles no tripulados, operados a distancia y equipados con sistemas de navegación autónoma.
En 2025, autoridades sudamericanas interceptaron uno de estos modelos, confirmando un salto cualitativo en el narcotráfico marítimo.
Estos dispositivos pueden recorrer entre 3 mil y 4 mil kilómetros, ampliando su alcance hacia rutas globales, incluyendo Europa y el Pacífico Sur.
EL DETONANTE: EL ATAQUE A LAS NARCOLANCHAS
El ataque a narcolanchas por parte de Estados Unidos a finales de octubre de 2025 marcó un punto de inflexión. La acción, que implicó el uso de fuerza letal contra embarcaciones sospechosas, introdujo un nuevo nivel de riesgo en el combate marítimo al narcotráfico.
De acuerdo con reportes oficiales y confirmaciones posteriores del Gobierno mexicano, la ofensiva se dirigió contra cuatro embarcaciones sospechosas de transportar droga, en una de las rutas más activas del corredor Sudamérica-México.
El incidente ocurrió después de que el Departamento de Guerra de Estados Unidos informó haber ejecutado tres ataques letales contra cuatro embarcaciones presuntamente operadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico, en los que murieron 14 personas y una más habría sobrevivido.
Esto fue un dilema para las autoridades mexicanas.
Tras el ataque, surgieron versiones sobre tripulantes fallecidos y al menos un posible sobreviviente, lo que obligó a la Secretaría de Marina (Semar) a desplegar unidades en altamar bajo protocolos internacionales de salvamento.
Cuestionada sobre las operaciones realizadas por la Secretaría de Marina en las costas del Pacífico, la Presidenta Claudia Sheinbaum admitió en conferencia mañanera que no se pudo concretar el rescate.
El episodio detonó un doble frente. Por un lado, la presión operativa: localizar en mar abierto a sobrevivientes tras un ataque armado, en condiciones de incertidumbre y sin control directo sobre el evento inicial.
Por otro, el frente diplomático, pues el Gobierno de Sheinbaum expresó su desacuerdo con la forma en que se ejecutó la acción y solicitó explicaciones a Washington, al subrayar que la prioridad en el mar debe ser la protección de la vida humana.
"La Secretaría de Marina participó en la búsqueda por razones humanitarias", se sostuvo entonces desde el Gabinete de Seguridad, en una postura que buscó delimitar responsabilidades.
México no ejecutó el ataque, pero sí asumió las tareas posteriores de rescate dentro de su zona de interés marítimo.
El hecho derivó en contactos formales entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mandos navales y la representación diplomática estadounidense.
El caso es inédito, pero además no es aislado, pues estas operaciones suelen implicar persecuciones de alta velocidad, abordajes tácticos e incluso disparos de advertencia para detener a las tripulaciones.
Sin embargo, a diferencia de los operativos mexicanos --centrados en la intercepción y aseguramiento--, el ataque de octubre introdujo un elemento distinto, que es el uso de fuerza letal desde el inicio de la intervención, lo que elevó el riesgo para las tripulaciones y redujo las posibilidades de detención.
Este contraste fue uno de los puntos sensibles en la reacción del Gobierno mexicano.
Fuentes de seguridad reconocen que la creciente participación de agencias estadounidenses en la vigilancia del Pacífico, bajo esquemas de cooperación como el monitoreo aéreo y satelital, ha incrementado la detección de embarcaciones ilícitas.
No obstante, también ha abierto zonas grises sobre los límites de actuación en aguas internacionales y la coordinación con autoridades mexicanas, especialmente cuando las acciones derivan en enfrentamientos.
El ataque de febrero
En febrero pasado, ataques del Comando Sur de Estados Unidos contra lanchas en el Océano Pacífico, dejaron ocho mexicanos de Nayarit y Jalisco muertos, acusaron familiares y habitantes en la costa nayarita, donde se realizaron protestas, misas y homenajes públicos.
En La Cruz de Huanacaxtle, en la zona de Bahía de Banderas, familias afirmaron que siete de los fallecidos eran vecinos del poblado y organizaron una ceremonia religiosa seguida de una caminata hacia la marina, donde arrojaron flores al mar en señal de duelo.