La política peruana lleva más de dos décadas girando, de una forma u otra, alrededor del apellido Fujimori. En cada proceso electoral importante, el legado del expresidente Alberto Fujimori reaparece como una fuerza capaz de movilizar millones de votos y, al mismo tiempo, despertar profundas resistencias. Ahora, cuando Perú vuelve a enfrentarse a una elección decisiva, Keiko Fujimori se encuentra nuevamente ante una oportunidad que ha perseguido durante años y que podría definir definitivamente su papel en la historia política del país.
La candidata conservadora llega a esta nueva segunda vuelta en un contexto muy distinto al de sus anteriores intentos. Perú atraviesa uno de los periodos más convulsos de su historia reciente. La sucesión de ocho presidentes en cinco años, las crisis institucionales, los escándalos de corrupción y el crecimiento de la delincuencia han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones y han alimentado una sensación generalizada de agotamiento político. Es precisamente en ese escenario donde Keiko Fujimori intenta construir su principal argumento electoral: la promesa de restaurar el orden.
La candidata de Fuerza Popular ha centrado gran parte de su discurso en la lucha contra la criminalidad, una preocupación que hoy domina la agenda pública peruana. Los asesinatos vinculados al crimen organizado, las extorsiones a comerciantes y transportistas y la expansión de redes delictivas han generado una creciente sensación de inseguridad entre amplios sectores de la población.
Fujimori ha tratado de conectar esa inquietud con la memoria de los años noventa, cuando el Estado peruano derrotó a la insurgencia armada de Sendero Luminoso durante el mandato de su padre. La candidata presenta aquel periodo como una demostración de firmeza institucional y eficacia frente a las amenazas guerrilleras de extrema izquierda que ponían en riesgo la estabilidad del país.
Sin embargo, esa narrativa continúa encontrando importantes obstáculos. Aunque numerosos ciudadanos recuerdan aquella etapa por la recuperación económica y la derrota del terrorismo, otros la asocian con graves vulneraciones de derechos humanos, corrupción sistemática y una concentración de poder que debilitó las instituciones democráticas. La campaña de Keiko se mueve constantemente entre esos dos relatos contrapuestos.
El peso del antifujimorismo
Pocas trayectorias políticas en América Latina están tan ligadas a una herencia familiar como la de Keiko Fujimori. Su irrupción en la vida pública se produjo cuando apenas tenía 19 años, al asumir funciones de primera dama tras la ruptura entre sus padres. Desde entonces, su imagen ha permanecido ligada al fujimorismo, una corriente política que conserva una base electoral sólida, especialmente entre sectores que valoran la estabilidad económica alcanzada durante la década de los noventa.
Pero esa misma herencia constituye también su principal debilidad. Cada campaña presidencial reactiva el debate sobre los abusos cometidos durante el Gobierno de Alberto Fujimori, las denuncias por esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas, los casos de corrupción y la erosión institucional que caracterizó aquel periodo. Para muchos votantes, la candidatura de Keiko representa una continuidad política, pero para un electorado hastiado de la ola de crimen que azota al país supone la posibilidad de cerrar un ciclo de inestabilidad y recuperar capacidad de gestión estatal.
Si algo ha marcado las tres derrotas presidenciales anteriores de Keiko Fujimori ha sido la capacidad de sus adversarios para articular un amplio frente de rechazo en torno a su figura. Ese fenómeno, conocido popularmente como “antifujimorismo”, ha demostrado una notable resistencia a lo largo de los años. Se trata de una coalición heterogénea que reúne a sectores de izquierda, grupos liberales, organizaciones de derechos humanos y votantes independientes que discrepan en muchos aspectos, pero coinciden en impedir el retorno del fujimorismo al Palacio de Gobierno.
La pregunta que sobrevuela esta nueva elección es si ese bloque mantiene la misma fuerza que en procesos anteriores o si el deterioro de la situación económica y de la seguridad ciudadana ha modificado las prioridades del electorado.
Del Congreso a los tribunales
La figura de Keiko Fujimori también ha estado marcada por años de enfrentamientos judiciales. Las investigaciones sobre la financiación de sus campañas electorales y su paso por prisión preventiva dejaron una profunda huella en su carrera política. La dirigente sostiene que fue víctima de una persecución política, mientras que sus detractores consideran que aquellos procesos reflejan problemas estructurales relacionados con la financiación de la política peruana. Más allá de las interpretaciones, aquellos episodios contribuyeron a reforzar una percepción pública polarizada que sigue acompañándola en la actualidad.
La disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no solo enfrenta dos proyectos ideológicos diametralmente opuesto. También refleja dos visiones contrapuestas sobre el futuro de Perú. Por un lado, quienes consideran que la prioridad es restaurar la seguridad y la estabilidad institucional. Pero otros sectores creen que el país necesita reformas más profundas para corregir desigualdades históricas y redefinir el funcionamiento del Estado.
En ese contexto, la candidatura de Fujimori representa el intento de una dirigente que lleva más de tres décadas bajo el foco público de transformar una herencia política compleja en una victoria electoral definitiva.
Después de tres derrotas en segundas vueltas y de años de intensa exposición pública, Keiko Fujimori afronta probablemente la campaña más determinante de su trayectoria. La dirigente conservadora sigue contando con un núcleo de apoyo extraordinariamente leal, construido durante años de presencia territorial y organización partidaria. Sin embargo, continúa arrastrando uno de los niveles de rechazo más elevados de la clase política peruana, ya bastante impopular en la sociedad.
Por eso, el desenlace de esta elección no solo decidirá quién gobernará Perú durante los próximos años. También determinará si el apellido Fujimori logra finalmente regresar al Palacio de Gobierno por la vía democrática o si, una vez más, el rechazo que genera acaba imponiéndose a la fuerza electoral que todavía conserva. @mundiario