El pueblo cubano ha hecho de la resistencia una forma superior de inteligencia histórica. No se trata únicamente de sobrevivir —eso sería insuficiente—, sino de persistir con dignidad en medio de una asfixia que no es natural, sino deliberadamente diseñada. Hay en Cuba una épica silenciosa, cotidiana, que no necesita proclamas para sostenerse: la de una nación que, aun cercada, no abdica de sí misma.
Desde hace más de seis décadas, el cerco económico impuesto por Estados Unidos sobre la isla no puede entenderse como una simple diferencia política o ideológica. Es, en términos estrictos del derecho internacional, una medida de coerción unilateral que desafía los principios más elementales de la soberanía estatal consagrados en la Organización de las Naciones Unidas. Año tras año, la Asamblea General ha condenado este bloqueo con una claridad casi unánime; y, sin embargo, la persistencia de la medida revela una paradoja inquietante: el derecho existe, pero su eficacia se disuelve frente al poder.
No es necesario adoptar una posición radical para advertir la desproporción. Basta con atender a la tradición jurídicaque se remonta a Emer de Vattel o incluso a los principios wilsonianos de autodeterminación: ningún Estado tiene legitimidad para estrangular económicamente a otro con el fin de doblegar su voluntad política. Como lo advirtió Hannah Arendt, el poder auténtico no se impone mediante la violencia estructural, sino que se sostiene en el consentimiento; cuando se sustituye por la coerción, deja de ser poder y se convierte en dominación.
Cuba, en este escenario, no es una abstracción ideológica, sino un caso concreto de tensión entre la legalidad internacional y la geopolítica. Defender su soberanía no implica ignorar sus contradicciones internas ni idealizar su sistema político; implica, más bien, afirmar un principio que trasciende cualquier régimen: el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin la presión asfixiante de sanciones que castigan, ante todo, a la población civil.
El bloqueo no es solo una herramienta económica; es una forma de guerra sin declaratoria formal. Limita el acceso a medicamentos, restringe el comercio, condiciona las relaciones financieras y convierte la vida cotidiana en una lucha constante contra la escasez. En ese sentido, la isla ha sido convertida en un laboratorio de resistencia donde cada gesto de normalidad es, en realidad, un acto de desafío.
Hay quienes reducen el debate a consignas, pero la verdadera discusión es más compleja y más incómoda: ¿puede el orden internacional llamarse a sí mismo jurídico si tolera la permanencia de medidas que contradicen sus propios fundamentos? Como escribió Octavio Paz, “la historia es el lugar donde las ideas se prueban o se desmienten”; en el caso cubano, lo que está en juego no es solo el destino de una isla, sino la credibilidad misma del derecho internacional.
Defender la soberanía de Cuba, entonces, no es un acto de militancia ciega, sino de coherencia intelectual. Es recordar que la dignidad de un pueblo no puede ser objeto de negociación geopolítica y que el derecho, si ha de ser algo más que retórica, debe ser capaz de imponerse incluso frente a los poderes que pretenden ignorarlo.
Porque, al final, la grandeza de Cuba no reside únicamente en su historia revolucionaria, sino en su obstinada negativa a dejar de ser, incluso cuando todo parece dispuesto para que deje de existir.
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