Para impulsar la competitividad a través del combate eficiente a la corrupción, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propone realizar estrategias regulatorias vinculadas a los Polos de Desarrollo Económico con el objetivo de implementar esquemas regulatorios diferenciados que simplifiquen y agilicen los trámites para la apertura y operación de empresas, e impulsar capacidades digitales en los gobiernos estatales y municipales con el fin de fomentar que la ciudadanía realice trámites, pagos, solicitud de servicios y resuelva dudas a través de aplicaciones y plataformas digitales que disminuyan el tiempo, las cargas administrativas y el riesgo de corrupción.
“Asegurar la integridad de las instituciones públicas y favorecer una mejor interacción entre el Estado y la ciudadanía son condiciones indispensables para incrementar la inversión y detonar el crecimiento económico de México’’, consigna el análisis de la asociación civil titulado Dinámicas de la corrupción en México.
A partir de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el IMCO dimensionó el impacto de la corrupción en la competitividad del país.
El análisis refiere que el costo promedio de corrupción por ciudadano fue de 5,432 pesos en 2025, cifra que representa un aumento de 15% respecto de 2023 y el nivel más alto en 10 años.
La prevalencia de corrupción repuntó, resume el IMCO, al registrarse una tasa de 15,642 actos de concusión por cada 100,000 habitantes.
