En México, la conversación sobre digitalización suele centrarse en avances tecnológicos, inclusión financiera o crecimiento del ecosistema digital.
Sin embargo, hay un tema que rara vez ocupa el centro del debate, a pesar de ser el que define si todo lo demás funciona o no: la identidad.
Hoy, el verdadero cuello de botella para la economía digital no es la falta de usuarios, ni siquiera la falta de infraestructura, sino la dificultad para verificar que una persona es quien dice ser.
El fraude digital ha evolucionado a una velocidad que pocos anticiparon.
Ya no hablamos únicamente de contraseñas robadas o correos fraudulentos, sino de identidades sintéticas y deepfakes capaces de replicar comportamientos humanos con un nivel de sofisticación sin precedentes.
A nivel global, este tipo de fraude crece de forma acelerada y, en América Latina, su impacto es particularmente alto.
Esto nos obliga a replantear una idea fundamental: la identidad digital ya no es un complemento, es la base sobre la que se construye cualquier servicio digital.
Pero hay una segunda capa en esta conversación que es igual de relevante.
En el intento por fortalecer la seguridad, corremos el riesgo de generar nuevos puntos de exclusión.
En un país donde millones de personas aún enfrentan barreras para acceder a servicios digitales, cualquier solución que no sea intuitiva, accesible y cotidiana está destinada a fallar.
Aquí es donde surge una oportunidad interesante: dejar de pensar en la identidad como un proceso aislado y empezar a integrarla en los canales que las personas ya usan todos los días.
En México, más de 80 millones de personas utilizan WhatsApp.
Es un espacio donde las personas ya conversan, compran, resuelven y se relacionan con empresas.
Llevar la verificación de identidad a ese entorno no solo reduce la fricción, también democratiza el acceso.
La pregunta ya no es si la tecnología existe, sino cómo la implementamos de forma responsable.
La regulación, como la evolución reciente de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, marca un camino claro: la identidad digital debe ser segura, transparente y centrada en el usuario.
El reto hacia adelante no será únicamente frenar el fraude, sino construir un modelo de confianza digital que funcione a escala.
Uno donde la seguridad no sea un obstáculo, sino un habilitador.
Porque, al final, la identidad no es solo un dato.
Es la puerta de entrada a oportunidades, servicios y derechos en la economía digital.
Y en un país como México, lograr que esa puerta sea segura, pero también accesible, será uno de los grandes desafíos y oportunidades de los próximos años.