Coatlicue es la primera supercomputadora pública de México. El sistema supone una inversión aproximada de 6 mil millones de pesos y tendrá una capacidad teórica proyectada de 314 petaflops. Incluso duplica los 141 petaflops de Harpia, la supercomputadora de Petrobras, de Brasil, que encabeza actualmente a los sistemas latinoamericanos registrados en el índice TOP500.
El Plan Nacional de Inteligencia Artificial (PNIA) que publicó este mes el Gobierno federal, hace mención de esa máquina y explica que podrá ampliar las capacidades nacionales en investigación, modelación climática, energía, salud, análisis fiscal e inteligencia artificial (IA) para uso del gobierno, universidades, así como del sector privado que pueda rentar su capacidad.
No obstante, esta infraestructura convivirá con disparidades mucho más básicas. Según la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en 2024 había 21.4 millones de hogares sin computadora. Entre ellos, 43 por ciento señaló la falta de recursos económicos como motivo, 13 por ciento no sabía utilizarla y 34 por ciento tenía poco o ningún interés en adquirirla.
Esto significa que México se propone desarrollar capacidad de cómputo de clase mundial y un Plan para gestionar el uso de la IA, mientras millones de hogares carecen de una computadora.
Si bien hay que reconocer que México está mucho más conectado que hace 10 años, ello no equivale a capacidades digitales suficientes. En 2025, 86.1 por ciento de las personas de 6 años y más utilizaron internet, mientras que, según la ENDUTIH en 2015, aún lo usaba apenas más de la mitad de la población (57.4 por ciento). El año pasado la proporción ya fue de 97.6 por ciento entre los jóvenes de 15 a 24 años. El uso de teléfono celular también aumentó, de 71.4 a 84.6 por ciento. Sin embargo, el uso de computadora siguió la dirección contraria y cayó alrededor de 13 por ciento durante la misma década.
También persisten diferencias territoriales. Nuevo León registra 93.9 por ciento de personas usuarias de internet, mientras Chiapas se ubica en 70.8 por ciento. En otras palabras, la transformación digital mexicana avanza a velocidades distintas. Ni qué decir de las escuelas de educación básica que carecen de computadoras y conexión a internet. Según el Programa Sectorial de Educación 2025-2030, publicado por la SEP, alrededor de la mitad de las primarias y secundarias públicas no tenía computadoras y seis de cada 10 no contaban con conexión a internet.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones considera, por convención, que el uso de internet alcanza la universalidad cuando la penetración es de al menos 95 por ciento de la población. Dadas estas cifras, México todavía está por debajo de ese umbral.
El Plan Nacional de Inteligencia Artificial intenta ordenar ese proceso desde una premisa fundamental: la tecnología no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de las personas y del interés público. Reconoce que la adopción de IA requiere cuatro condiciones habilitantes: una regulación, una política de datos, mecanismos de gobernanza y esquemas de financiamiento que sostengan las acciones en el tiempo. También plantea que el Estado desarrolle capacidades propias para diseñar, adaptar, evaluar y supervisar sistemas de inteligencia artificial.
México no parte de cero. Nuestro país cuenta con leyes, instituciones, iniciativas legislativas, decisiones judiciales y políticas públicas que están dando forma al ecosistema digital. El problema es que estas piezas se han desarrollado de manera fragmentada, con vacíos de articulación, coordinación y capacidad de implementación.
Un punto de partida del Plan son los Principios de Chapultepec, un decálogo presentado por el Gobierno federal en enero de 2026 como el primer marco ético oficial para orientar el uso y desarrollo de la IA en el ámbito público. Entre otras cosas, establece que estos sistemas deben ampliar derechos y que las decisiones apoyadas en ellos deben mantener responsables humanos. No es un asunto menor. La inteligencia artificial puede intervenir en políticas relacionadas con programas sociales, fiscalización, salud, educación, seguridad, empleo público o prestación de servicios. Saber qué sistema se utiliza, con qué información opera, quién supervisa sus resultados y quién responde frente a sus errores debe ser parte de la rendición de cuentas del Estado.
Una cosa es reconocer principios y otra, convertirlos en derechos efectivos. Si un sistema automatizado clasifica incorrectamente a una persona, reproduce un sesgo o contribuye a negarle un beneficio, ¿ante quién puede reclamar? ¿Qué institución responde por el daño? ¿Quién auditará el sistema?
La pregunta resulta especialmente relevante por el contexto institucional donde se implanta la inteligencia artificial. El World Justice Project muestra que, durante la última década (de 2015 a 2025), el puntaje general de Estado de Derecho de México pasó de 0.47 a 0.40, en una escala de cero a uno. Por su parte, el componente de Derechos Fundamentales cayó de 0.56 a 0.47. La IA, por tanto, llega a un país donde la no discriminación y el debido proceso muestran grandes debilidades. Automatizar decisiones públicas en ese entorno obliga a extremar la transparencia, la supervisión humana y crear contrapesos. Entre estos últimos, trabajar en un esquema de gobernanza que abra las posibilidades de revisión independiente. El Plan reconoce esta necesidad, sin embargo, señala que las instituciones responsables se definirán conforme evolucione el marco normativo. Es decir, no establece las bases concretas sobre las que se construirá la confianza en el nuevo sistema.
La Encuesta de Confianza en el Servicio de Internet del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aplicada en 2024 a 4 mil 275 personas distribuidas de forma representativa del país, encontró que más de la mitad de la población declara poca o ninguna confianza al utilizar internet. Los principales temores están asociados con perder el control de los datos personales, ser víctima de fraude o robo de información y sufrir violencia digital. México ha conectado a una proporción creciente de su población, pero la confianza no ha crecido al mismo ritmo. Esa brecha será crucial para la inteligencia artificial. Ninguna política de adopción puede depender solamente de que la tecnología esté disponible. También importa que las personas entiendan cómo funciona, que adquieran las habilidades para usarla positivamente, sepan qué ocurre con sus datos y cuenten con mecanismos para cuestionar sus resultados.
Una estrategia nacional de IA necesita infraestructura avanzada y capacidades digitales básicas. También requiere talento. En este terreno hay avances: el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial ya trabaja con 14 empresas tecnológicas. Comenzó con 10 mil estudiantes y proyecta certificar hasta 25 mil personas al año. Sin embargo, el Plan no presenta una estimación del déficit de especialistas, trabajadores o servidores públicos que será necesario capacitar. Esta ausencia ilustra uno de sus principales pendientes. Construir un tablero que permita relacionar objetivos, responsables, presupuesto, plazos e indicadores debería ser prioridad.
Hay otras condiciones que el Plan no explica. Entre ellas, información sobre la infraestructura eléctrica, redes de transmisión, telecomunicaciones, así como los sistemas de enfriamiento y agua que requieren los centros de datos y el cómputo intensivo. La política de IA debe dialogar con la planeación energética y de infraestructura. Lo mismo ocurre con los datos. A la par de construir modelos sofisticados, conviene saber qué bases públicas existen, quién las administra, qué tan actualizadas e interoperables son y cuáles contienen información sensible de los ciudadanos y de las empresas.
Lo ideal es que el PNIA mire más allá del gobierno y nos ofrezca datos o evidencia sobre prospectivas del uso de la IA en materia de productividad, inversión, empleo, competencia e innovación. Importa saber cuántas empresas podrán incorporarla, qué barreras enfrentarán las pequeñas y medianas, quién tendrá acceso a capacidad de cómputo y qué habilidades necesitarán los trabajadores.
La siguiente etapa será convertir la visión del PNIA en política pública, con programas y diagnósticos verificables que definan responsables, presupuestos, plazos, líneas base, indicadores y mecanismos de rendición de cuentas. El gobierno federal dio un primer paso al colocar varias piezas sobre la mesa. Falta conectarlas y, sobre todo, construir el consenso democrático para decidir cómo queremos desarrollar y utilizar la IA qué derechos debemos proteger y qué responsabilidades corresponden al Estado, las empresas y la sociedad.
Es decir, como cualquier política pública, esta no puede construirse solo desde la tecnología. El desafío es construir la legitimidad necesaria alrededor de las decisiones que definirán nuestra relación cotidiana frente a estos sistemas inteligentes.
–
La autora es Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica en México Evalúa. Redes: @analilia_moreno
