Andrea Tovar Saavedra,, diputada local de Morena, explicó que el trámite legislativo de la iniciativa de Ley de Aguas tardará entre tres y cuatro meses
La diputada de Morena en el congreso de Querétaro, Andrea Tovar Saavedra, presidenta de las comisiones unidas encargadas del análisis de las iniciativas en materia hídrica, estimó que los trabajos técnicos y de consulta en torno a la nueva ley de aguas para Querétaro podrían concluir en un plazo de entre tres y cuatro meses, lo que permitiría avanzar posteriormente a la elaboración de los dictámenes correspondientes.
Luego de la presentación de la ruta de trabajo, el pasado miércoles, la legisladora explicó que la siguiente etapa contempla mesas técnicas, consultas y ejercicios de socialización con distintos sectores involucrados en el tema.
“Yo esperaría que en unos cuatro meses podamos terminar las mesas. Pero bueno, va a depender también de cómo vayamos en el tema de las consultas”, declaró.
Señaló que la parte más extensa del proceso será precisamente la realización de consultas, ya que éstas deberán desarrollarse de manera paralela a otros procedimientos legislativos.
Tovar Saavedra detalló que una vez concluidas las mesas técnicas se realizarán encuentros de socialización con organizaciones civiles y otros actores interesados, para posteriormente iniciar la construcción de los dictámenes que serán sometidos a consideración de las comisiones unidas.
“Justamente vamos a dejar que corran unas semanas para que las consultas se puedan ir haciendo. A la par, vamos a estar haciendo estas mesas técnicas de trabajo. Posteriormente, vamos a hacer mesas de socialización, mesas de trabajo con la sociedad civil organizada y finalmente estaremos trabajando en los dictámenes”, explicó.
Agregó que las primeras mesas técnicas están previstas para principios de julio y abordarán temas como disponibilidad del recurso, estrés hídrico, infraestructura, cobertura, saneamiento, sustentabilidad, tarifas y marco regulatorio.
Asimismo, sostuvo que buscará mantener un trabajo coordinado con autoridades estatales y federales para incorporar distintos puntos de vista al análisis legislativo.