El balón ya rodó. Ciudad de México abrió sus puertas para el partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 y México recibió al mundo con la imagen que el Gobierno había diseñado: calles con home office decretado, operativo de seguridad sin fisuras y un Fan Fest desbordado de aficionados. Lo que nadie mencionará en los análisis de la jornada es que esa imagen le costó al menos nueve días de aulas vacías a más de 2 millones de estudiantes.
Las movilizaciones de la CNTE durante estas semanas no fueron un fenómeno antisistémico, sino sorprendentemente gobiernista. Si se revisa quiénes están de ambos lados de la negociación: funcionarios federales, representantes populares, secretarios de Estado y líderes de la Coordinadora, se descubre que todos son parte del mismo sistema político. Trabajadores del Gobierno de ambos lados y muchos personajes con militancia centista hoy apoyando abierta o soterradamente a la CNTE, mientras que, del lado del funcionariado educativo, nos encontramos con operadores políticos de primer orden, que hasta coordinaron la más reciente campaña presidencial.
Entonces, las mesas de negociación han sido encuentros de viejos conocidos. La disidencia del SNTE cumplió una función estructural: desmovilizar a la población, confinarla parcialmente en casa, parar el sistema educativo y reducir el tráfico en la ciudad justo cuando México debía mostrar su mejor cara ante el mundo. La CNTE fue el adversario perfecto para lograr lo que ningún decreto de home office ni de suspensión de clases hubiera conseguido por sí solo.
La estrategia tiene una historia larga. Desde su fundación, en 1979, la Coordinadora ha operado en una triada precisa: movilización, negociación y repliegue. Se repite hasta el hartazgo o hasta la satisfacción de las cúpulas. El pliego petitorio es siempre la agenda pública. Pero hay una agenda confidencial: los valores entendidos, la sincronicidad de acciones, los acuerdos que no se firman en papel, pero se cumplen en los hechos.
Esa agenda explicaría por qué la demanda de abrogación de la Ley del ISSSTE, dormida entre el tercer y el último punto de los pliegos durante 15 años, resurgió con virulencia inusitada justo en 2026, justo en año mundialista, cuando el Gobierno necesitaba una razón de peso para vaciar las calles y legitimar el confinamiento voluntario de la capital del País.
La abrogación total de esa ley es, por cierto, financieramente imposible en los términos que la CNTE plantea. El director del ISSSTE lo cuantificó sin ambages: 7.46 billones de pesos, el equivalente a 20 puntos del Producto Interno Bruto nacional. Para cumplirla habría que ampliar la base tributaria, sanear Pemex, poner las finanzas públicas en números negros, desaparecer el huachicol fiscal y liquidar las prebendas sindicales del sector energético.
Es una causa perfectamente legítima atrapada en una demanda prácticamente irrealizable, lo que la convierte en el instrumento de presión ideal: suficientemente justa para movilizar bases con convicción, suficientemente inviable para nunca resolverse del todo, y por tanto siempre disponible para la siguiente coyuntura política.
El Gobierno, mientras tanto, pagó 10 días de salarios íntegros a docentes en huelga -más de 586 millones de pesos, según estimaciones de la propia SEP- sin descontar un solo día, en virtud de un viejo acuerdo que la Presidenta Sheinbaum confirmó públicamente. Es decir: el Estado financió su propia desmovilización. Hoy, con el estadio lleno y los maestros aún en plantón, ambas partes pueden declarar públicamente que no cedieron del todo. Eso también es parte del acuerdo no escrito.
Lo que no está en ninguna agenda, ni pública ni confidencial, son los estudiantes. Afuera de las negociaciones en Gobernación, afuera de los comunicados conjuntos, afuera de los cálculos de ambas partes, quedaron los niños de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán: las entidades con mayor rezago educativo del País, donde la acumulación histórica de paros hace que un alumno pierda al menos el equivalente a un año entero de clases a lo largo de su educación básica.
Hoy tampoco fueron a la escuela. Y mientras el Gobierno organizaba el Fan Fest y las cúpulas de la CNTE saciaban su agenda confidencial, nadie puso sobre la mesa ni un borrador de plan de recuperación pedagógica para los afectados. Los únicos que no tuvieron voz en la negociación son los únicos que no eligieron estar en ella: los estudiantes.
El balón rodó. México jugó y ganó el partido ante Sudáfrica. La inauguración transcurrió sin el boicot que la CNTE había amenazado. Seguimos sin saber cuándo se reabrirán todas las aulas de los estados más pobres del País. Ante la anarquía rampante y la reiterada ambición de cercenar el ciclo escolar que invadió a quienes justamente deberían estar a favor de cumplir el ciclo escolar con al menos 185 días de clases, el veredicto es indignante: el Ciclo Escolar 2025-2026 está herido de muerte.
Ese marcador oculto es el costo que los pactos entre adultos siempre le cargan, en silencio, a quienes nunca tuvieron voz en la negociación. ¡Merecemos un gobierno educador!
–
El autor es Horacio Erik Avilés Martínez, director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A. C. Redes: @Erik_Aviles
