Conflicto del Va y Ven amenaza la movilidad de más de un millón de habitantes en Mérida
MÉRIDA.- Cerca del 80% de las unidades de transporte público están en riesgo de paralizarse debido a un conflicto entre concesionarios, empleados y autoridades.
“Este problema no solo se debe a la falta de recursos, sino que es mucho más complejo y tiene raíces en la mala planeación económica y funcional del sistema Va y Ven”.
Así lo advierte Marco Tulio Peraza Guzmán, profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).
“La posibilidad de un colapso del transporte público no debería siquiera plantearse en una ciudad de más de un millón de habitantes“.
“Las repercusiones serían drásticas, comparables a las que se vivieron durante la pandemia, cuando muchas actividades se paralizaron“, afirma el especialista.
La movilidad en Mérida, en jaque
Ante las protestas y amenazas de los concesionarios del transporte público de pasajeros en Mérida —quienes exigen pagos que les adeuda la Agencia del Transporte de Yucatán (ATY)—, el Diario consultó al experto en urbanismo de la Uady, quien advirtió sobre el grave riesgo de colapso del sistema, analizó la crisis económica que enfrenta el subsistema Va y Ven y expuso sus repercusiones para la ciudad.
En su análisis, el investigador señala también fallas estructurales del transporte público de la capital yucateca, entre ellas la creación de Centros de Transferencia Modal que, aunque representó un paso positivo, ha quedado en un estado de inoperancia, así como deficiencias en el servicio en varias zonas de la ciudad.
Peraza Guzmán plantea que el sistema de transporte enfrenta el grave riesgo de colapsar y dejar sin servicio a cerca del 80% de sus unidades, a raíz de un diferendo entre concesionarios, empleados y autoridades, agravado por la comprometida viabilidad económica del subsistema Va y Ven.
“Se dice que el problema se reduce a esta disyuntiva operativa, pero sin duda tiene condicionantes más complejos que van más allá de la actual falta de recursos”, señala.
Y es tajante: esta probabilidad de colapso no debería plantearse para una ciudad de más de un millón de habitantes.
“Sus consecuencias para la vida cotidiana serían tan graves como las que tuvo la pandemia sobre la movilidad, una situación absolutamente excepcional que solo se explicó entonces por el riesgo mundial de contagio y muerte.
El impacto podría ser incluso mayor, dado que en aquella contingencia se detuvieron muchas actividades que hoy están activas“.
Crisis del Va y Ven actual tendría impacto mayor que durante la pandemia de Covid-19
El investigador subraya que nada tiene que ver esa emergencia sanitaria con un diferendo de naturaleza económica entre sectores que prestan un servicio esencial de movilidad metropolitana con recursos privados y públicos, y cuya responsabilidad de atender esta necesidad social es compartida.
“Ello, independientemente de que las partes se culpen mutuamente por los cambios en las condiciones de operación del sistema, los adeudos, los pagos pendientes e incluso la mala planeación económica y funcional del Va y Ven, que opera de manera predominante en la ciudad, fue heredado por el gobierno pasado y asumido con recelo por la administración actual”.
El especialista agrega que Mérida ya posee la complejidad funcional de una metrópoli y, por ende, su funcionamiento depende cada vez más del transporte masivo: no solo por el volumen de usuarios, sino por las distancias que impone su crecimiento geográfico y una densidad poblacional que ha aumentado con particular rapidez en la última década, periodo en que más se ha intensificado la migración hacia la ciudad.
Un colapso del Va y Ven afectaría principalmente a usuarios de menores ingresos
En ese contexto, advierte que, ante un escenario de escasez de transporte público, los más perjudicados serían los usuarios de menores ingresos, quienes dependen de ese servicio cotidiano para ir al trabajo, a la escuela, a los servicios de salud, a los centros comerciales o simplemente para recrearse.
“Ningún medio alternativo de transporte tiene capacidad para sustituir al transporte público masivo concentrado en los camiones urbanos”, agrega.
“Y ello ocurre en un momento en que el número de usuarios ya ha caído drásticamente —a alrededor de la mitad respecto a principios de la década pasada—, mientras el transporte individual motorizado ha crecido más del 50 por ciento en automóviles y cerca del 100 por ciento en motocicletas en ese mismo periodo”.
El investigador también recuerda que las restricciones impuestas durante la pandemia, y la necesidad de resolver la movilidad de manera eficiente, llevaron a muchas personas a adquirir por primera vez un vehículo privado —auto nuevo o usado, moto o bicicleta— o a intensificar su uso. Una adquisición que hizo inviable el retorno al transporte público, ya sea por rentabilizar la inversión realizada o por la adaptación al nuevo medio de transporte.
“Es decir, en lugar de aumentar el uso del transporte público a la par del crecimiento de la población y del área metropolitana de atención —como cabría esperar—, hay una tendencia decreciente en el uso del autobús colectivo urbano, en contraste con el aumento del transporte privado”, señala el entrevistado.
Para Peraza Guzmán, esto evidencia la necesidad impostergable de recuperar el terreno perdido en materia de movilidad colectiva, tarea que difícilmente podrá avanzar si persisten desacuerdos, paros y conflictos entre quienes tienen la responsabilidad de brindar el servicio.