En esta ocasión les hablaré de la importancia de la proposición con punto de acuerdo que presenté el pasado 4 de junio con el objeto de que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhortara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los recursos recuperados por el Estado mexicano en los procedimientos judiciales internacionales, que se le siguen en Estados Unidos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón,tuvieran como destino principal un fondo de inversión para sustentar el desarrollo social y urbano del municipio de Juárez, Chihuahua.
Esta propuesta se funda en el argumento de que han sido las personas y familias de esta comunidad fronteriza las que más padecieron, entre 2006 y 2012, los daños de una política de seguridad engañosa, encabezada por el propio García Luna.
En ese tiempo Juárez fue el principal campo de batalla de una guerra entre los principales carteles de la droga del país que provocó la muerte de 10 mil 886 personas, así como un número nunca determinado de desapariciones forzadas y heridos, convirtiéndola en la población con la mayor tasa de homicidios de todo el mundo.
Al respecto, prevalecía la idea de que tal ola de violencia estaba asociada al valor geoestratégico de la ciudad, cuya ubicación facilitaba la distribución de droga hacia cualquier gran ciudad del mercado estadounidense, haciendo de ella el centro de distribución más codiciado y competido entre las organizaciones criminales.
Pero la investigación, bajo la cual un jurado estadounidense sentenció a García Luna, demostró -más allá de cualquier duda- que el funcionario responsable de combatir con toda la fuerza del aparato policial y militar del Estado a los carteles mexicanos, en realidad representaba a una de las organizaciones en conflicto.
Efectivamente, hoy ha quedado claro que Juárez fue el principal escenario de la también llamada guerra de los carteles, porque García Luna usaba todas las fuerzas de seguridad, no para combatir sin distingos a los generadores de violencia, sino al enemigo más poderoso del cártel de Sinaloa, representado en aquel momento por el cártel de Juárez.
Como consecuencia de esta alianza criminal, los juarenses, y en gran medida también los habitantes de todo Chihuahua, pagamos el mayor costo de esa violencia, administrada desde los escritorios de la Secretaría de Seguridad Pública, porque su secretario era, en realidad, el brazo armado cubierto del Chapo Guzmán y su enemigo principal, no era otro que el cártel de Juárez, cuyas fortalezas, para desgracia nuestra, se ubicaban en los barrios y localidades más vulnerables de nuestro territorio.
Entonces, la violencia y pérdidas inmensas que vivieron las viudas, huérfanos, padres y madres de los miles de víctimas, no fueron fortuitas, ni un castigo divino; sino causadas por la gestión criminal de un secretario de Estado, quien además tenía como objetivo principal enriquecerse, otorgando protección y apoyo con policías y milicias, a una de las facciones en conflicto, a cambio de cientos de millones de dólares.
En las investigaciones que fundamentaron la imputación inicial en contra de García Luna, Jesús el Rey Zambada lo acusó de haberle entregado en varias ocasiones, en un restaurante de la Ciudad de México, a cambio de protección y apoyo, maletines que contenían de tres a cinco millones de dólares, sumando este soborno la cantidad de 56 millones de dólares.
La evolución y conclusiones del proceso seguido en su contra no dejaron duda alguna sobre el papel que tuvo en el afianzamiento y expansión del cártel de Sinaloa y en el origen de la violencia homicida que desató su alianza con este grupo criminal.
Recordemos que después de ser detenido el 9 de diciembre de 2019 por las autoridades estadounidenses, al día siguiente se llevó a cabo la acusación formal en su contra en la Corte del Distrito Este de Nueva York por haber recibido millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa; proteger cargamentos de cocaína destinados a Estados Unidos; alertar al cartel sobre investigaciones; facilitar operaciones criminales usando instituciones del Estado mexicano y por mentir a autoridades migratorias estadounidenses al momento de solicitar su residencia permanente.
Tras un juicio en Brooklyn, Nueva York, García Luna fue declarado, por decisión unánime, culpable de participar en una empresa criminal dedicada a conspirar para poseer, distribuir e importar cocaína a los Estados Unidos, lo que llevó al juez a concluir que García Luna había aprovechado su cargo como secretario de Seguridad Pública para favorecer -por años- al Cártel de Sinaloa, obteniendo grandes beneficios económicos por ello.
Como consecuencia el 16 de octubre de 2024 se sentenció a García Luna a 38 años y cuatro meses de prisión y al pago de una multa superior a los dos millones de dólares, recluyéndolo en una prisión de alta seguridad, ubicada en el estado de Colorado.
Por su parte el Estado Mexicano, buscando resarcir los daños causados a la sociedad mexicana, en abril de 2021 presentó una demanda civil ante un tribunal de Florida para recuperar activos que García Luna había adquirido con las ganancias indebidas que resultaron del uso fraudulento de contratos públicos y lavado de dinero.
Pero lo más interesante lo hemos conocido recientemente, cuando el 20 de mayo de 2026 un tribunal del estado de Florida ordenó al exsecretario de seguridad en tiempos de Calderón el pago de más de 578 millones de dólares al Estado mexicano,lo cual constituye uno de los precedentes internacionales más relevantes en materia de recuperación de activos públicos desviados mediante esquemas de corrupción cifrados en el narcotráfico.
Para una comunidad como Juárez, sin duda la ciudad del país más afectada por la gestión criminal de Genaro García, esta recuperación de recursos que obtendrá el gobierno mexicano representa una oportunidad para reparar, en parte, el dolor que causaron los oscuros años (2006-2012) del gobierno de Felipe Calderón en el seno de una ciudad, cuya vulnerabilidad ya era inmensa debido a la precarización salarial que ya tenían padeciendo por más 25 años las 300 mil familias que dependían de un salario mínimo, que, contra toda lógica de mercado, era el más bajo de toda América Latina.
Las consecuencias de la irresponsabilidad de Felipe Calderón y de la crueldad de su secretario de seguridad, deben dimensionarse por el inmenso número de víctimas, pero también porque durante esa gestión gubernamental se echaron las raíces de un sistema de violencia criminal que, asociado al negocio del narcotráfico, se convirtió en un sistema autorreproducible; por una sencilla razón: destruyó completamente las capacidades de atención, cuidado, y formación de las familias más vulnerables y expuestas al clima de inseguridad que la “guerra de Calderón” y los negocios de García Luna arraigaron en Ciudad Juárez.
La autorreproducción de ese sistema de violencia;contra el cual aún se tienen que generar programas gubernamentales cada vez más específicos, inteligentes y duraderos, se explica porque durante ese sexenio murieron miles de jefas, jefes de familia y adultos jóvenes, cuya ausencia desarticuló y mutiló completamente los núcleos familiares de los barrios más humildes de Ciudad Juárez.
Y que también causó dolor, angustia, tensión y un duelo que precisa de una atención especial para que empiece a sanar y por eso nos parece oportuno, pertinente y necesario que los 578.5 millones de dólares que Genaro García Luna deberá pagar al gobierno de México, a partir de la resolución de un juez de Florida, deben tener como destino prioritario la creación de un fondo solidario que financie durante un plazo de, al menos cinco años, programas de apoyo gubernamental focalizados en la atención de las decenas de miles de familias que fueron víctimas del sistema de violencia homicida del gran proyecto de negocio criminal de Genaro García Luna.