Dos acontecimientos en la esfera de lo electoral han concitado la mayor discusión en los últimos días.

Por una parte el resultado de las elecciones en Coahuila y la presentación de la iniciativa de reforma electoral, por el PAN local, incidirán en el proceso electoral —por supuesto la segunda mucho más— que iniciará en octubre próximo en el ámbito estatal.

La iniciativa del blanquiazul —de aprobarse— afectará seriamente el proceso electoral. Entre las propuestas destaca la de legislar la alternancia de género en la candidatura a gobierno del estado por partido, es decir, que si la candidatura anterior (en 2021) fue masculina, en 2027 deberá ser femenina y al contrario.

Si se aprobara, en automático, Cruz Pérez Cuéllar ya no podría ser el candidato de Morena (y cualquier varón de la 4T) ni del PT y el partido Verde pues los tres propusieron como candidato a Juan Carlos Loera.

Esta reforma le abriría el camino a Andrea Chávez, o a cualquier mujer del morenaje.

Por otra parte, los resultados de la elección de diputados locales de Coahuila, de alguna manera esperados —no con los diferenciales alcanzados entre el PRI y Morena— han traído a la discusión visiones alejadas de las realidades que hoy enfrentamos en el país.

En primer lugar, ésta elección y las celebradas en Veracruz y Durango en 2025, en las que en ambas sólo estaban en juego las alcaldías, muestran que quienes se oponían -nos oponíamos— a la celebración ‘concurrente’ de las elecciones federales con las locales no era una medida progresiva pues, al hacerlo de esta manera, la elección nacional arrastraba a la local y evitaba que las realidades políticas locales se expresaran libremente en la designación de sus gobernantes.

En segundo lugar, que todas las elecciones son locales finalmente.

Apenas dos años antes, en Coahuila, Morena y el PRI alcanzaban números muy parecidos en la elección a senadores, 609 mil 911 del primero, por 605 mil 944 del segundo, con apenas unas décimas de diferencia entre las coaliciones, 47.63% de la 4T, por 46.14% de la alianza del PRD-PRI-PAN.

En 2026, el PRI obtuvo casi 80 mil votos más que en aquella elección (684 mil), en tanto que Morena perdió la friolera de casi 300 mil votos entre una elección y otra pues alcanzó 326 mil.

No se pierde de vista que son elecciones distintas, pero que reflejan, por tanto, el efecto ‘perturbador’ de las elecciones nacionales (en 2024 fue, también, la presidencial), pero que retrata nítidamente, en este caso, el peso de esa elección, de tal modo que la alianza de la presidenta pierde, prácticamente, más de la mitad de los votos entre una elección y otra.

El dato no es menor, la coalición gobernante pasó de 749 mil votos a 326 mil. ¡Perdió más de 400 mil votos en la elección local, frente a la presidencial de dos años antes!

Son datos que debieran llevar a la reflexión al morenaje chihuahuense, especialmente cuando algunos de sus protagonistas han presumido haber alcanzado las más altas votaciones que candidato alguno en Chihuahua hubiese alcanzado.

Habría que verlos ya sin la cobertura de una elección nacional (paraguas, le dicen los especialistas electorales).

Por supuesto que la hegemonía electoral de un partido obedece a un sinnúmero de factores, pero hay uno, en el caso de Coahuila, que sin duda debe estar contando en los años recientes, especialmente desde los años de la matazón entre 2009 y 2012, en los que esa entidad fue escenario de una de las más salvajes olas homicidas, lo mismo en las urbes, que en las ciudades medias y el campo.

A partir de esa época los sucesivos gobernantes locales pusieron en práctica una estrategia, en seguridad pública que disminuyó sensiblemente los niveles de violencia hasta llevarlos a convertir a Coahuila en la segunda entidad con el menor número de homicidios, sólo abajo de Yucatán y ubicarse, ambas, con cifras del primer mundo.

En 2025 Coahuila registró 122 homicidios dolosos, con una tasa de homicidios de 1.5 por cada 100 mil habitantes.

Ese mismo año, Yucatán registró una tasa de 0.9 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Solamente ocurrieron 33 homicidios dolosos en todo el año!!!

A su vez, Francia tuvo una tasa de 1.3, Alemania 0.8 y España del 0.69.

Ni hablar del primer mundo.

A pesar de contar con muchas variantes locales semejantes, Nuevo León, Durango y Chihuahua, los vecinos de Coahuila, en muchos aspectos hay marcadas diferencias.

En Nuevo León hoy gobierna Movimiento Ciudadano, a quien lo precedió un candidato independiente —El Bronco— y en Durango gobierna una alianza PAN-PRI (que ratificó en 2025 su ligera ventaja frente a la 4T) y no obstante ser vecino de Sinaloa, ha mantenido en los últimos años cifras muy bajas en la violencia. En 2025 presentó una tasa de 5 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Chihuahua registró en 2025 una tasa de homicidios de 45 por cada 100 mil habitantes, ubicándose en la segunda posición a nivel nacional, solo detrás de Colima con una tasa de homicidios dolosos de 74 por cada 100 mil habitantes.

La capital del estado, Colima, cerró el año con la tasa más alta del país: 84 homicidios por63 de Juárez o los 29 de Chihuahua capital.

¿Cuáles características harían diferente a Chihuahua de sus vecinos para que sus habitantes elevaran la percepción de seguridad, o mejor aún, que le posibilitara a la entidad disminuir la violencia y que éste factor pudiera incidir seriamente en los resultados electorales?

Sin duda, la muy antigua presencia del crimen organizado en todos los órdenes de la vida de los chihuahuenses; la frontera, por la cual transitan (en mayor medida que en la frontera coahuilense) toda clase de mercancías, de todo tipo y que es el final de las vías que se comunican a la sierra y de ésta, a Sinaloa.

Pero todo esto ha existido en por lo menos los últimos 60 años y a ciencia y paciencia de, no solamente las administraciones estatales, sino, fundamentalmente, las federales, hasta el momento actual.

Mientras que en el estado de Chihuahua la federación mantiene a 6 mil 100 efectivos, a Sinaloa ha enviado a más del doble, 13 mil 300 efectivos militares.

Se vuelve más inexplicable el criterio del gabinete ese seguridad para que así actúe pues Sinaloa tuvo en 2025 mil 654 homicidios, con una tasa de 51 por cada 100 mil habitantes (pccmh).

¿Qué nos hace diferentes si en el mismo período Chihuahua presentó 45?

Algunos podrán argüir que allá están en medio de una guerra de las facciones de los cárteles. La mala noticia es que esa guerra ha estado presente en Chihuahua, casi desde el inicio, aunque acá no alcanza, ni la estridencia, ni la notoriedad de aquella, pero los saldos son igualmente dolorosos.

Vistas así las cosas, es previsible que los resultados electorales del próximo año no se vean tan influidos por la seguridad pública como en el caso de Coahuila, sino por otros factores, entre ellos la seguridad en el empleo, los niveles salariales y de alguna manera los recientes episodios de los enfrentamientos entre la presidenta y la gobernadora, con motivo del narcolaboratorio de El Pinal.

Lo dicho, todas las elecciones son locales y la de Chihuahua el próximo año lo será más si aprueban la iniciativa dada a conocer por la dirigencia del PAN estatal.

Al aprobarla, le dejarían vía libre al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, pues su anterior candidatura es la actual mandataria.

Ahora bien ¿Qué cuentas, qué encuestas tiene en sus manos la dirigencia blanquiazul?

Porque si al 15 para las 12 deciden aprovechar su mayoría, y hasta la mayoría calificada (2/3 de los diputados presentes) y pavimentar el camino a Andrea, es porque suponen que obtendría menos votos que el alcalde juarense.

No podría entenderse de otra manera y no que, de repente les llegaron los ánimos democratizadores y llevar al máximo la paridad de género, o que estén muy preocupados por ‘homologar’ las reformas constitucionales en esta materia.

Por supuesto que desde el morenaje afín a Pérez Cuéllar han elevado la voz, no para estar en contra de la propuesta, sino para proponer que se le añada un ‘transitorio’, como lo ha externado el coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada, seguramente para que establezca que la iniciativa cobre vigencia para la siguiente elección.

Sí es creíble, por otra parte, la pretensión de que puedan cancelarse candidaturas, de demostrarse que algún candidato tenga vínculos con el crimen organizado pues es una propuesta que han hecho a lo largo de los últimos meses en el ámbito nacional.

Po’s a ver si no les sale el tiro por la culata, especialmente si hay suficientes evidencias de que la victimización de aspirantes y candidatos sí rinde frutos.