Primera estampa: in vitro. La ministra de la SCJN, María Estela Ríos Gonzalez, se aventó la siguiente aseveración durante una de las sesiones de la Corte: “Digo, quien haya nacido in vitro… este… podríamos estimar que no forman parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”.
Lo dicho por la ministra muestra su ignorancia y su sesgo sobre uno de los temas más relevantes para familias que no pueden concebir mediante el coito y que están dispuestos a incurrir en un proceso largo, difícil, doloroso, costoso monetariamente y con una fuerte carga emocional, como lo es la fertilización in vitro, porque, aunque la ministra no lo crea, desean tener un hijo.
La fertilización in vitro, que requiere de la “cosecha” de óvulos, no siempre se traduce en un embarazo, pero, si este se logra y llega a su término, el nacido es hombre o mujer (no hay de otra) y forma parte de la familia que lo concibió. ¿O qué sexo supone la ministra tiene alguien que fue concebido a partir de este procedimiento de fertilización in vitro? ¿Por qué le niega el derecho a ser parte de una familia?
Y, finalmente, no hay nacimientos in vitro, como dijo la ministra; el óvulo fertilizado se implanta en el útero de la madre y el nacimiento, al término del embarazo, es natural o por cesárea. Ignorante y retrógrada.
Segunda estampa: las pensiones doradas del sector paraestatal. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer los nombres de ex trabajadores del sector público federal que tienen pensiones mensuales superiores al sueldo de la presidenta. Destacan cuatro pensionados (uno de Pemex y tres de la extinta Compañía de Luz y Fuerza) con pensiones mensuales superiores al millón de pesos, 33 con pensiones de entre 700,000 y un millón de pesos mensuales, 75 con una pensión mensual de entre 400,000 y 699,000 pesos. Se informó que solo en la Compañía de Luz y Fuerza 67 ex trabajadores tienen una pensión de entre 500,000 y 900,000 pesos mensuales.
Lo anterior es un reflejo de lo que sucede en las empresas gubernamentales: como los derechos de propiedad no están eficientemente definidos (¿de quiénes son Pemex, CFE y otras? Nominalmente de todos los mexicanos, pero en realidad de ninguno de nosotros), los trabajadores actúan como buscadores de rentas de las cuales se apropian en una negociación con el “patrón” (el gobierno), que deriva en salarios, incluyendo prestaciones por encima del valor de su productividad marginal, y en que estas empresas son crónicamente deficitarias (lo que, entre otras cosas, justifica la decisión de Felipe Calderón de liquidar a la CLyF).
Ante estas “estratosféricas” pensiones, se anunció la modificación del artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de los ex trabajadores del sector público estarán topadas al sueldo del presidente de la República, lo cual nos lleva a dos cuestiones. La primera es que el presidente decide arbitrariamente su salario, a pesar de que en 2019 la SCJN ordenó al Congreso de la Unión legislar reglas claras para su determinación, lo que no se ha hecho; la presidenta Sheinbaum podría situarlo a cualquier nivel que ella quiera, incluyendo un simbólico peso. Como no hay reglas y todo es discrecional, el resultado es ineficiente, no solo para los pensionados, sino también para toda la estructura de sueldos en el sector público.
La segunda es lo referente a la composición del sueldo del presidente, incluyendo prestaciones y, por ser muy relevante, las que recibe en especie. Así, el salario efectivo del presidente incluye, además de su sueldo monetario, alimentación, servicios de salud, transporte, vestimenta y, sobre todo, vivienda; ¿cuál es la renta imputada de vivir en un palacio virreinal? Si tomamos esto en consideración, como sugirió el exministro Luis María Aguilar, quizás las pensiones son doradas, pero no tan doradas.
Tercera estampa: los taxis de aplicaciones. Nuevamente, el gobierno federal cedió ante el chantaje de los taxistas en los aeropuertos y prohibió que servicios de transporte individual que operan en una red de aplicación (Uber, Didi) brindaran el servicio de recoger usuarios en estos y se le ordenó a la Guardia Nacional perseguirlos como si fuesen miembros del crimen organizado. Con esta decisión, el gobierno incumple con una de sus funciones primordiales, que es proteger a los consumidores de las prácticas monopólicas que los afecten y que implican una transferencia de rentas de los consumidores al monopolista.
Los taxistas autorizados por el gobierno para servir a los usuarios en los aeropuertos saben que enfrentan una demanda casi perfectamente inelástica, por lo que pueden aumentar el precio sin que haya una reducción significativa de la cantidad demandada, porque prácticamente no hay opciones. Esto les permite, con el beneplácito gubernamental, explotar a los consumidores y así extraerles las rentas monopólicas. Incluso, también con ese beneplácito, pueden incurrir en prácticas gangsteriles para defender su monopolio, como sucede, por ejemplo, en Cancún.
Bonita bienvenida tendrán los aficionados extranjeros que vengan al mundial de futbol por parte de un gobierno protector de monopolios.