Para los funcionarios y autoridades que han frenado la ley de identidad de género en Querétaro, habrá un costo político y se verá reflejado en el proceso electoral de 2027, sostuvo el secretario general de Morena en el estado, Alejandro Pérez Ibarra.
Esto al señalar que, se advierte que, las y los legisladores de Acción Nacional, en el Congreso local, podrían mantener dicha ley y sus observaciones en la “congeladora”, esto para impedir que se busquen los 17 votos que se requieren para su aprobación, considerando las posibles modificaciones que pudiera tener el texto original.
“Me parece que habrá un costo político el próximo año, el costo político será para estos diputados y para el propio gobernador que vetaron y que en las próximas semanas veremos que los diputados de Acción Nacional meterán a la congeladora”.
En tanto como partido político y como proyecto de la Cuarta Transformación, explicó que siempre estarán del lado de la progresividad de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, lo cual también es una obligación moral y ética para todo actor político.
“La ideología de todos los partidos son y deben ser los derechos humanos, porque al final es lo que dignifica a las personas”, sostuvo al resaltar que serán respetuosos de los colectivos y activismos, por lo que solo coadyuvarán con una postura a favor de esta ley, a través de las diputaciones locales, para que Querétaro pueda sumarse a los más de 20 estados que ya cuentan con esta ley.
Además, reprochó lo que calificó como discursos de odio provenientes de legisladores del partido blanquiazul, y cuestionó el discurso del gobernador del estado, al considerar que no contribuye a fortalecer el tejido social de Querétaro.
“No podemos en Querétaro quedarnos en el obscurantismo, no podemos quedarnos en estos discursos machistas, clasistas, discriminatorios y homofóbicos”.
Consideró que es importante la respuesta ciudadana a favor de los derechos humanos, por lo que dijo que este tema tendría que entenderse como una causa propia en solidaridad con los grupos vulnerables.
Cabe mencionar que, de acuerdo con activistas trans, luego del veto y los argumentos expuestos por el Ejecutivo estatal, se han incrementado expresiones de odio y agresiones físicas y en redes sociales a activistas y personas de esta comunidad, por lo que hay denuncias ante la Fiscalía General del Estado.