La publicación de los últimos informes remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) al juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas maniobras para desacreditar investigaciones que afectaban al Gobierno ha colocado nuevamente en el centro del debate la figura de Leire Díez, conocida mediáticamente como la “fontanera” del PSOE, y su relación con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. El elemento que ha generado mayor atención es la constatación de que ambas intercambiaron mensajes de WhatsApp la mañana del 11 de mayo de 2025, apenas unas horas antes de que se activara una investigación interna dirigida contra la propia UCO.

Más allá del contenido concreto de esos mensajes —que no se conoce porque aparecen eliminados—, el informe considera relevante la coincidencia temporal entre ambos acontecimientos. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, a las 9:16 horas se registraron dos interacciones entre Mercedes González y Leire Díez. La UCO sostiene que uno de esos rastros digitales resulta compatible con la eliminación de una conversación previa y el inicio de una nueva, mientras que el segundo indicaría la activación del borrado automático de mensajes con una cadencia de 24 horas.

Dos horas después, a las 11:30 horas, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, mantenía una reunión con el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) para encomendarle una información reservada destinada a investigar el origen de una supuesta filtración relacionada con la publicación de mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos publicada en El Mundo.

La apertura de aquella investigación interna se produjo tras la publicación en prensa de conversaciones privadas entre Sánchez y Ábalos. En aquel momento comenzó a circular la hipótesis de que la filtración procedía de la UCO, una sospecha que fue alimentada en distintos ámbitos políticos y mediáticos.

Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos del informe es que la propia UCO insiste en que, cuando se ordenó la investigación interna, los agentes ni siquiera habían intervenido los dispositivos electrónicos de Ábalos. Es decir, según la unidad investigadora, resultaba imposible que la información publicada procediera de materiales que aún no estaban bajo custodia policial.

La cronología incluida en el informe añade un dato especialmente significativo. Ese mismo 11 de mayo, a las 12:42 horas, el abogado de José Luis Ábalos, Aníbal Álvarez, comunicó a Leire Díez que la filtración no procedía de la UCO. El mensaje intervenido por los investigadores recoge literalmente: “Acabo de hablar con el cliente y me dice que no ha sido la UCO”. Pese a ello, la investigación interna siguió adelante durante varios días.

La tesis de la UCO sobre una campaña de descrédito

El informe va más allá de la simple descripción cronológica de los hechos. Los investigadores sostienen que algunos miembros de la unidad pasaron a convertirse en “objetivos de interés” de una organización que pretendía desacreditar su trabajo debido a las investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno.

La conclusión provisional de la UCO es contundente. Los agentes consideran que existió un interés sostenido en cuestionar la legitimidad de la unidad mediante actuaciones dirigidas tanto a comprometer investigaciones judiciales como a obtener información personal y perjudicial sobre determinados agentes.

Dentro de ese contexto sitúan el papel desempeñado por Leire Díez. Según el informe, la exmilitante socialista habría mostrado una preocupación constante por atribuir a la UCO filtraciones de información aparecida en distintos medios de comunicación. La documentación incorporada a la causa recoge mensajes, anotaciones y conversaciones que reflejarían su intención de impulsar investigaciones internas contra la unidad.

La UCO sostiene que Díez habría considerado esas pesquisas internas como una vía para erosionar la credibilidad de los investigadores encargados de casos sensibles.

La relación entre Leire Díez y Mercedes González

Uno de los aspectos más delicados del informe es la reconstrucción de la relación entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil.

Los investigadores afirman que Mercedes González conocía la existencia de las actividades desarrolladas por Díez al menos desde el 8 de mayo de 2025. Esa conclusión se apoya en un correo electrónico remitido por el jefe de la Policía Judicial, Alberto López Malo, en el que se recoge que el DAO le había comunicado que ya había informado a la directora general sobre las advertencias existentes respecto a las actuaciones de Leire Díez.

Esas advertencias procedían de informes internos donde se señalaba que la exmilitante socialista buscaba material comprometedor contra agentes de la UCO y pretendía desacreditar investigaciones judiciales en marcha. A pesar de ello, según la reconstrucción realizada por los investigadores, la comunicación entre ambas continuó durante los días posteriores.

Uno de los mensajes incorporados a la investigación refleja incluso cómo Leire Díez aseguraba haber compartido con Mercedes González informaciones periodísticas relacionadas con supuestas filtraciones. En una conversación del 9 de mayo afirmaba: “Acabo de jugarme una comida con Mercedes [González] a que las filtraciones vienen de la UCO”.

Otro de los elementos destacados por la UCO es la existencia de tres investigaciones reservadas abiertas contra actuaciones de la unidad entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

Los investigadores consideran extraordinaria esta circunstancia. De hecho, subrayan que la primera investigación fue registrada como 1/2024 y la tercera como 1/2025, reflejando la escasa frecuencia con la que tradicionalmente se abren expedientes de este tipo dentro de la Guardia Civil.

La más controvertida fue precisamente la relacionada con los mensajes entre Sánchez y Ábalos. Según el informe, la investigación no llegó a desarrollarse plenamente porque el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente advirtió de manera tajante que esas pesquisas administrativas invadían competencias judiciales y carecían de autorización.

El instructor encargado del expediente declaró posteriormente que el magistrado le manifestó de forma tajante que no autorizaba aquellas actuaciones y que, si se llevaban a cabo, adoptaría medidas contra quienes hubieran ordenado su apertura. Tras esa advertencia judicial, el procedimiento terminó archivándose.

De acuerdo con el informe de 107 páginas elaborado, los investigadores consolidan sus sospechas sobre el vínculo existente entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez. La Benemérita sostiene que la exmilitante intentó instrumentalizar este contacto para interferir en el propio cuerpo policial, detallando que la implicada, “valiéndose de la relación que mantenía con la Directora General de la Guardia Civil y a través de esta [...] Leire marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo 'investigaciones internas' en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa”.

La relevancia de este episodio no reside únicamente en los contactos entre una dirigente institucional y una figura vinculada políticamente al PSOE. Lo que convierte este asunto en uno de los más sensibles de los últimos meses es que afecta directamente a la percepción de independencia de los órganos encargados de investigar causas judiciales de enorme repercusión política. @mundiario