La presentación del “Plan B” reabrió un debate en México: el federalismo, su naturaleza y sus límites. La presidenta Sheinbaum reajustó la reforma para que su objeto sea “reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato”. Los temas de la iniciativa relacionados con el federalismo son las modificaciones propuestas a los artículos 115 y 116 constitucional: limitar en los ayuntamientos el número de regidurías a un mínimo de siete y un máximo de quince, así como una sindicatura por presidencia municipal, y restringir el presupuesto de los Congresos locales al 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad.
Un sistema federal presupone un pacto en el que distintas partes territoriales y jurisdiccionales se organicen en un todo para dividir sus facultades en dos ámbitos: uno centralizado como Federación y otro en múltiples divisiones locales. Este pacto se concreta en una Constitución federal suprema que distribuye las atribuciones, de tal forma que las autoridades federales y locales se coordinen y eviten la duplicidad de su marco de actuación. No hay una relación jerárquica, sino más bien de coordinación de facultades entre lo federal, lo estatal y lo municipal.