La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar disponen de mayoría, decidió inadmitir las enmiendas registradas por el Partido Popular y Junts que buscaban que el Pleno se pronunciara sobre la conveniencia de convocar elecciones anticipadas.
La decisión impide que la Cámara vote una petición formal dirigida al presidente del Gobierno para que disuelva las Cortes Generales y convoque nuevos comicios. Desde el punto de vista constitucional, la facultad de convocar elecciones corresponde exclusivamente al jefe del Ejecutivo. Precisamente ese ha sido el argumento utilizado por la Mesa para rechazar ambas iniciativas al considerar que “invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno”.
Las propuestas registradas no tenían carácter vinculante. Incluso si hubieran sido aprobadas por mayoría, Pedro Sánchez no habría estado obligado legalmente a convocar elecciones. El verdadero objetivo era otro. Tanto PP como Junts pretendían utilizar el Pleno para medir públicamente el respaldo parlamentario del Gobierno y evidenciar una posible pérdida de apoyos.
La iniciativa de Junts resultó especialmente significativa porque procedía de uno de los socios que hicieron posible la investidura de Sánchez. El texto planteaba que el Congreso instara al presidente del Gobierno a ejercer su prerrogativa constitucional para convocar elecciones, subrayando expresamente el carácter político y no vinculante de la propuesta.
La formación de Carles Puigdemont justificó el movimiento por la “situación de extrema debilidad política y parlamentaria del Gobierno” y por el deterioro de las relaciones con el PSOE tras los desacuerdos acumulados durante la legislatura.
El argumento jurídico de la Mesa
La Mesa del Congreso actuó con rapidez. Apenas unas horas después del registro de las enmiendas, sus miembros realizaron consultas internas y resolvieron su inadmisión.
La interpretación jurídica defendida por PSOE y Sumar sostiene que el Congreso no puede someter a votación iniciativas que afecten a competencias exclusivas del presidente del Gobierno. Según esta tesis, permitir la votación equivaldría a invadir una facultad constitucional reservada al Ejecutivo.
Las fuentes parlamentarias cercanas a la decisión insisten en que existe abundante jurisprudencia sobre la materia y que no era necesario solicitar informes adicionales a los letrados de la Cámara. No obstante, la oposición cuestiona esa interpretación y recuerda precedentes recientes que, a su juicio, apuntan en dirección contraria.
Gran parte de la controversia procede de un episodio ocurrido en 2025. Entonces la Mesa admitió a trámite una iniciativa de Junts relacionada con otra prerrogativa exclusiva del presidente: la cuestión de confianza. Aquella propuesta fue finalmente reformulada tras negociaciones entre el PSOE y la formación independentista, pero inicialmente sí superó el filtro de admisión.
Por ello, tanto Junts como el PP consideran incoherente que ahora se haya aplicado un criterio diferente. Desde la formación independentista se ha calificado la decisión de “insólita”, mientras que los populares la consideran una actuación “arbitraria”. Para ambos grupos, el cambio de criterio demuestra la voluntad política de evitar una votación incómoda para el Ejecutivo.
La mesa del congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha bloqueado la enmienda presentada por Junts para exigir elecciones.
— Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 16, 2026
Dicha enmienda no era vinculante pero habría obligado a todos los socios a pronunciarse.
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El temor a una imagen de debilidad parlamentaria
Más allá de los argumentos legales, el trasfondo político resulta evidente. La votación podía haber reunido potencialmente el apoyo de PP, Vox, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria. Incluso ERC había dejado abiertas incógnitas sobre su posición.
De haberse producido esa mayoría, el Gobierno habría afrontado una situación políticamente delicada. Aunque la iniciativa no tuviera efectos legales, una Cámara expresando que la legislatura debería terminar habría proyectado una imagen de desgaste institucional difícil de ignorar. Por ese motivo, la oposición sostiene que el verdadero objetivo del veto era impedir una fotografía parlamentaria que reflejara la creciente erosión de los apoyos que sostienen al Ejecutivo.
Además, la maniobra también confirma el endurecimiento de la estrategia de Junts respecto al Gobierno. Durante gran parte de la legislatura, la formación catalana ha utilizado su posición decisiva para negociar concesiones con La Moncloa. Sin embargo, la ruptura de relaciones políticas anunciada recientemente por los independentistas ha elevado la tensión.
La presentación de esta enmienda constituye una nueva señal de advertencia. Aunque Junts sigue sin respaldar una moción de censura encabezada por Alberto Núñez Feijóo, tampoco quiere aparecer como un apoyo automático del Ejecutivo.
La formación busca aumentar la presión sobre Sánchez sin provocar necesariamente una caída inmediata del Gobierno.
Frente a las peticiones de adelanto electoral, el Ejecutivo mantiene una posición invariable. Desde Moncloa se insiste en que la legislatura continuará hasta 2027 y se defiende la necesidad de culminar la agenda política y económica iniciada tras la investidura. La estrategia gubernamental consiste en trasladar el debate desde la aritmética parlamentaria hacia el contenido de las políticas públicas, argumentando que la estabilidad institucional sigue siendo preferible a una convocatoria electoral anticipada.
Por ello, el Gobierno interpreta las iniciativas de la oposición como movimientos tácticos destinados a desgastar políticamente al presidente más que como mecanismos capaces de alterar el rumbo de la legislatura. @mundiario