La comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional marca un punto de inflexión en la investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Más allá de la relevancia política del caso, se trata de la primera vez que un expresidente del Gobierno español declara como investigado ante un juez por presuntos delitos, los cuales están relacionados con tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y contrabando.

La declaración, que se prolongó durante cerca de tres horas ante el magistrado José Luis Calama, sirvió para conocer la estrategia de defensa del exlíder socialista. Zapatero negó cualquier participación en las gestiones que desembocaron en la concesión de los 53 millones de euros de ayuda pública a Plus Ultra durante la pandemia y rechazó haber ejercido influencia sobre responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o cualquier otro funcionario público.

Sin embargo, la sesión también puso de manifiesto que existe un asunto sobre el que el expresidente ha preferido no pronunciarse todavía: el origen del centenar de piezas encontradas en la caja fuerte de su despacho profesional, cuyas joyas han sido tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros.

En lo referente al rescate de la aerolínea, Zapatero sostuvo una posición inequívoca. Según las fuentes jurídicas presentes en la declaración, negó haber intervenido para favorecer a la compañía y rechazó cualquier relación con las supuestas maniobras descritas por los investigadores.

El magistrado le preguntó específicamente por una reunión celebrada en el restaurante Portonovo que, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), habría servido para acordar la creación de una sociedad instrumental en Dubái destinada presuntamente a canalizar comisiones derivadas del rescate. La respuesta del expresidente fue afirmar que no recordaba dicho encuentro y que revisaría su agenda para comprobarlo. También negó haber participado en la creación de sociedades offshore.

Otro de los elementos que centró el interrogatorio fue el supuesto contrato que contemplaba el cobro de una comisión equivalente al 1% del rescate público concedido a Plus Ultra. Zapatero aseguró que desconocía la existencia de dicho documento y defendió que sus actividades profesionales consistían únicamente en labores de asesoramiento y consultoría de carácter general.

La explicación, sin embargo, parece no haber despejado todas las dudas del instructor.

El asunto de las joyas, la gran incógnita pendiente

Si el rescate de Plus Ultra constituye el núcleo político de la investigación, el hallazgo de las joyas representa probablemente el elemento más llamativo desde el punto de vista patrimonial. La Policía Nacional localizó en el despacho profesional del expresidente una importante colección de piezas cuya valoración preliminar realizada por la histórica joyería Ansorena asciende a 1,3 millones de euros.

El descubrimiento llevó al juez a abrir una pieza separada e imputar a Zapatero por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando mientras se esclarece la procedencia de esos bienes. Lo significativo de la declaración es que el expresidente no ofreció explicaciones detalladas sobre este asunto.

Según las fuentes jurídicas, manifestó que necesita aproximadamente una semana o diez días más para recopilar documentación y aclarar el origen de las piezas. La postura era previsible. Su defensa ya había intentado aplazar esta parte del interrogatorio alegando que el informe de tasación había sido incorporado recientemente y que no había existido tiempo suficiente para preparar una respuesta completa.

El juez rechazó esa petición al considerar que el hallazgo de las joyas se produjo semanas atrás y que existía margen suficiente para organizar la estrategia defensiva. De momento, por tanto, la cuestión permanece abierta.

La importancia jurídica de las joyas no reside únicamente en su elevado valor económico. La clave es que, según el propio magistrado, “a día de hoy, no se ha acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”. Es decir, la investigación no se centra exclusivamente en quién es el propietario de las piezas, sino en cómo llegaron a España, cuándo fueron adquiridas y si se cumplieron todas las obligaciones fiscales y aduaneras correspondientes.

Hasta que no exista una explicación documentada, las joyas seguirán siendo uno de los principales focos de atención del procedimiento. La decisión de Zapatero de posponer cualquier explicación implica que este capítulo probablemente adquiera aún mayor protagonismo durante las próximas semanas.

 

VIDEO | El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero niega haber influido en el rescate de Plus Ultra y no declara sobre las casi ochenta joyas que la Policía Nacional encontró en su oficina. pic.twitter.com/IVYBkOxgVk

— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 17, 2026

Sin medidas cautelares, pero con los indicios intactos

Uno de los aspectos más favorables para el expresidente fue la decisión del juez de rechazar las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público había pedido comparecencias periódicas, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional. Algunas acusaciones populares fueron incluso más lejos y reclamaron la prisión provisional.

Calama descartó todas esas medidas al considerar que Zapatero presenta un evidente arraigo personal y profesional y que no existe riesgo real de fuga ni de destrucción de pruebas. Sin embargo, esa decisión vino acompañada de una advertencia significativa. El magistrado sostiene que la declaración realizada por el expresidente “no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación”.

En otras palabras, aunque no aprecia motivos para restringir su libertad de movimientos, considera que los elementos que justificaron su imputación continúan vigentes. La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero no ha cerrado ninguna de las grandes incógnitas del caso Plus Ultra. Ha servido, sobre todo, para fijar una posición de defensa clara respecto a las acusaciones de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Sin embargo, también ha dejado pendiente una de las cuestiones más sensibles de toda la investigación: el origen y la situación fiscal de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros.

Mientras el expresidente niega cualquier participación en una supuesta trama para obtener beneficios del rescate de Plus Ultra, el procedimiento judicial sigue avanzando apoyado en transferencias bancarias, documentación intervenida, comunicaciones electrónicas y el hallazgo patrimonial que ha abierto una nueva línea de investigación. @mundiario