La audiencia en la que se pretendía formular imputación por fraude contra María Manuela S. M., propietaria de la funeraria Luz Divina, fue diferida por tercera ocasión luego de que la acusada no se presentó y su defensa argumentó que se encontraba enferma, situación que la jueza Angélica Lizbeth Álvarez Carreón consideró suficiente para reprogramar la diligencia.
Durante la audiencia celebrada este martes, la defensa presentó una receta médica para justificar la inasistencia de la acusada. Entre los documentos se encontraba la receta expedida un día antes, en la que se ordenó reposo por tres días y se prescribió amoxicilina, además de una receta previa relacionada con artritis reumatoide con fecha de febrero de este año.
Los asesores jurídicos de algunas víctimas cuestionaron la validez de esos documentos al señalar que no se presentó un certificado médico que acreditara formalmente algún padecimiento o una imposibilidad para comparecer a la audiencia. También argumentaron que la acusada pudo haber participado de manera virtual.
Al resolver, la jueza señaló que no compartía la petición de los asesores jurídicos de continuar con la audiencia y sostuvo que debía privilegiarse el derecho a la salud de la acusada, al considerar la posibilidad de un contagio de COVID-19 y la necesidad de resguardar su salud, por lo que accedió a fijar una nueva fecha.
La nueva audiencia quedó programada para el 19 de agosto a las 9:00 de la mañana.
Con ello, el proceso continúa sin llegar a la formulación de imputación, etapa que permanece pendiente desde que fue judicializada la causa penal.
Durante la misma audiencia se dio trámite a nuevos acuerdos reparatorios. Tres víctimas se presentaron ante la jueza para manifestar su conformidad con los convenios alcanzados con la acusada, dentro de una causa en la que ya se han concretado 14 acuerdos reparatorios de un total de 20 víctimas denunciantes.
Los montos de esos acuerdos han oscilado entre los 5 mil y los 44 mil pesos.
No obstante, algunas víctimas mantienen su rechazo a dichos mecanismos. La asesora jurídica Olivia Aguirre Bonilla, representante de dos personas afectadas, sostuvo que los convenios aprobados no garantizan una reparación integral del daño y aseguró que varias víctimas han aceptado los acuerdos debido a necesidades económicas.
Aguirre señaló que sus representadas buscan que se reconozcan afectaciones psicológicas derivadas de los hechos relacionados con el crematorio Plenitud, así como gastos asociados a terapias, traslados y asistencia a audiencias.
La litigante también cuestionó que el Ministerio Público no haya practicado periciales psicológicas a todas las víctimas y afirmó que ya solicitaron que una evaluación realizada en otra carpeta de investigación sea incorporada al presente procedimiento para sustentar una eventual reparación integral.
Según la asesora jurídica, las afectaciones sufridas por las víctimas van más allá del aspecto económico y han impactado su salud emocional, sus dinámicas familiares y sus proyectos de vida.
Durante la audiencia, una de las víctimas identificada como Miriam solicitó el uso de la palabra y expresó su inconformidad por los retrasos del proceso.
“¿Quién respeta los derechos de las víctimas? Por lo que veo, tienen más derechos las personas imputadas o acusadas que las víctimas”, manifestó ante la jueza.
Por otra parte, Aguirre anunció que presentará una queja contra la jueza y contra la agente del Ministerio Público. La decisión deriva, dijo, de una determinación judicial de dar vista a la autoridad competente para analizar si existía alguna irregularidad relacionada con la solicitud de copias de la carpeta de investigación por parte de representantes de víctimas.
La asesora jurídica rechazó que solicitar nuevamente la carpeta constituya alguna conducta indebida y calificó la medida como intimidatoria.
A casi un año del hallazgo de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud, Aguirre sostuvo que las víctimas continúan sin obtener justicia ni una reparación integral del daño.
José, una de las víctimas cuya madre fue localizada entre los cuerpos encontrados en el caso del crematorio Plenitud, afirmó que el impacto emocional continúa afectando a su familia.
“Yo quiero que se haga justicia y que no quede como siempre favoreciendo a los victimarios”, expresó.
Relató que su familia creía que su madre descansaba en paz y que descubrir posteriormente que su cuerpo se encontraba entre los restos localizados en Plenitud provocó un nuevo golpe emocional.
También mueven comparecencia de Funeraria del Carmen
La audiencia intermedia de la causa penal 3747/25, seguida por el delito de fraude en contra de Nancy Ivette A. A y Roberto Isaac A. A. vinculados a la Funeraria del Carmen, fue diferida este miércoles luego de que los imputados designaron a un nuevo abogado defensor, quien apenas recibió acceso a la carpeta de investigación durante la diligencia.
Esta es la tercera ocasión en que la parte acusada cambia de representación legal. Debido a ello, el nuevo defensor no se encontraba impuesto del contenido de la carpeta, por lo que se le corrió traslado de las copias durante la propia sesión.
Ante esa situación, el Tribunal determinó reprogramar la audiencia intermedia para el próximo 24 de agosto a las 12:30 horas.
La causa penal 3747/25 corresponde a una acusación por fraude relacionada con un cuerpo en estado de descomposición que fue localizado en julio 2025 dentro de las instalaciones de la Funeraria del Carmen tras una inspección realizada por personal de Coespris.
Durante la audiencia, la asesora jurídica Olivia Aguirre Bonilla, representante de la víctima en este expediente, familiar de personas encontradas en la funeraria, señaló que existen cinco personas afectadas y que el nuevo abogado defensor manifestó la intención de acumular las demás causas para buscar acuerdos reparatorios.
“Me dicen que tienen la intención de reparar a las víctimas, entonces quieren acumular las otras causas y quieren hacer acuerdos reparatorios”, comentó.
Aguirre señaló que la estrategia del abogado anterior era llevar el asunto a juicio, mientras que ahora aparentemente existe disposición para alcanzar acuerdos con las víctimas.
No obstante, sostuvo que la representación jurídica buscará una reparación integral del daño y no únicamente una compensación económica.
La litigante aseguró que la víctima de este caso decidió no acudir a la audiencia debido al desgaste emocional que le ha provocado el proceso judicial.
“Ya está desesperada. Son tortuosos este tipo de procesos tanto en la Fiscalía como ante los juzgados, son muy lentos, se la pasan difiriendo audiencias. Les impacta emocionalmente y económicamente estarse trasladando y para que difieran audiencia eso los desanima en el proceso y lo que quieren es concluirlo”, afirmó.
También cuestionó que algunas propuestas de reparación han sido insuficientes.
“Están aferrados a que se llegue a reparaciones irrisorias, reparaciones simbólicas que no representan lo que es una reparación integral”, expresó.