La escena tenía todos los ingredientes para el prime time del dramatismo patrio: pancartas recién pintadas, megáfonos a máxima potencia, batucadas espontáneas para amenizar la injusticia y una muchedumbre dispuesta a desgañitarse por la causa del día. En el centro de la vorágine, Maricarmen, 87 años, una mujer que ha visto pasar varios regímenes, crisis económicas y modas caprichosas, plantada frente al portal que habitaba con la dignidad de quien jamás ha dejado a deber un solo céntimo de alquiler. Porque hay algo insoslayable en esta historia: desahuciar a una anciana centenaria en potencia, al corriente de pago y sin más delito que existir en un código postal cotizado, no solo es una ruindad moral; es una prueba de algodón que confirma que a nuestra sociedad se le ha descompuesto el alma.
Quien no sienta un mínimo de náusea y empatía ante semejante estampa, sencillamente, carece de la condición humana más básica.
Sin embargo, tras el despliegue de pancartas, los gritos rabiosos y la coreografía habitual de resistencia urbana, el resultado final fue el de siempre: la comitiva judicial avanzó, el cerrajero hizo sonar sus herramientas, la puerta se abrió y Maricarmen se quedó en la calle. Un abismo insalvable separa el rendimiento mediático de una manifestación de su efectividad real.
Resulta fascinante observar la escenografía del descontento contemporáneo. Una buena parte de los allí congregados acudían movidos por una indignación genuina, desesperados ante el desamparo de una anciana.
Pero resultaría de una ingenuidad candorosa ignorar el sustancial porcentaje de "gente de relleno" que pulula en estos eventos: profesionales del activismo de pancarta fija, figurantes de la protesta que cambian de causa según la convocatoria de la mañana y entusiastas de la batucada que ven en el conflicto ajeno una excelente excusa para su catarsis semanal.
Para este sector del figurantismo militante, el objetivo no es tanto que Maricarmen conserve su casa, sino asegurarse de que la foto de la carga policial o el eslogan de turno luzca impecable en el feed de sus redes sociales. Una vez ejecutado el lanzamiento y disuelta la turba, los salvadores de la patria regresan a sus terrazas a tomar una cerveza artesana, dejando a la anciana exactamente donde estaba antes de que llegaran las cámaras: en la puta calle.
En medio de este circo de sonrisas militantes y cánticos desafinados, llama la atención la absoluta amnesia colectiva sobre cómo funciona, en teoría, eso que llamamos Estado de Derecho. Nos han vendido hasta la saciedad la milonga de que vivimos en una democracia moderna estructurada en tres poderes independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Un esquema elemental que nos enseñaban en el colegio y que parece haber sido erradicado del imaginario popular.
El Poder Judicial no es un ente malévolo que madruga pensando en cómo arruinarle la vida a una jubilada; el juez de turno se limita a aplicar la ley que tiene sobre la mesa. Es un mero ejecutor de la norma, un autómata del código procesal. Si la ley dice que bajo determinadas circunstancias el propietario recupera el inmueble —aún a costa de lanzar a una anciana ejemplar—, el juez cumple la norma aprobada. La culpa no es del brazo que ejecuta la sentencia, sino de la pluma que redactó la ley.
Y esa pluma pertenece, en exclusiva, al Poder Legislativo. Es en las bancadas del Parlamento donde se aprueban, modifican o derogan las normas que rigen nuestras vidas. Ahí es donde reside la capacidad real de evitar que Maricarmen termine en un banco del parque. Pero resulta mucho más cómodo convocar una protesta ruidosa a las puertas de un portal que exigir responsabilidades a los señores de traje que ocupan los escaños.
Aquí es donde comienza el espectáculo verdaderamente grotesco: la eterna y refinada disciplina olímpica de "pasarse la pelota". Cuando la realidad golpea con la crudeza de un desahucio sangrante, el Gobierno central señala inmediatamente a la Administración autonómica, acusándola de inacción en materia de vivienda social, falta de recursos o insensibilidad presupuestaria. La Autonomía, a su vez, responde con celeridad dialéctica devolviendo el dardo hacia el Ministerio de turno, alegando falta de marco legal estatal, competencias recortadas o infrafinanciación estructural. Y entre raquetazo y raquetazo institucional, la pelota —que en este caso es la vida quebrantada de una anciana de 87 años— vuela de un lado a otro sobre las cabezas de un personal de a pie completamente perplejo.
El espectáculo de los políticos gesticulando compungidos ante los micrófonos produce un rubor difícil de digerir. Se declaran «consternados», prometen "comisiones de estudio" y filtran a la prensa titulares ampulosos sobre planes de choque que jamás llegan a materializarse. Conocen perfectamente la receta para solucionar el problema: legislar de manera seria, crear un parque público de vivienda digno de tal nombre y proteger de forma efectiva a los inquilinos vulnerables que cumplen a rajatabla con sus obligaciones. Pero eso requiere trabajo, presupuesto real y asumir costes políticos. Es infinitamente más barato acudir a la manifestación a posar detrás de la pancarta o culpar al rival político de la acera de enfrente.
Maricarmen ya no está en su hogar. Las consignas se han apagado, los activistas de fin de semana han encontrado una nueva causa por la que indignarse en X y los políticos han vuelto a su agenda habitual de reproches mutuos. Nos queda el poso amargo de una sociedad que confunde el ruido con la justicia, que prefiere el teatro de la protesta a la exigencia de reformas legislativas reales, y que permite que sus instituciones se declaren incompetentes mientras una anciana de 87 años recoge sus recuerdos en bolsas de basura.
¡Ya está bien de tomarle el pelo al ciudadano y de jugar al ping-pong con la dignidad ajena!
Vamos, digo yo. @mundiario
