El mercado de la vivienda vuelve a situarse en el centro de la negociación política. Junts per Catalunya ha trasladado al Gobierno una serie de condiciones para facilitar la aprobación del real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, entre ellas impedir determinados desahucios de familias vulnerables y limitar la adquisición de inmuebles por parte de fondos buitre. La propuesta llega en un momento de creciente sensibilidad social por los casos de expulsión de hogares, como el de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que residió durante siete décadas en el barrio madrileño del Retiro.
La formación catalana, liderada en el Congreso por Miriam Nogueras, busca introducir cambios que, según defiende, permitan diferenciar entre los pequeños propietarios y grandes operadores financieros. Junts sostiene que sus medidas no están dirigidas contra cualquier propietario particular, sino contra fondos de inversión que compran carteras de viviendas o inmuebles con el objetivo de obtener rentabilidad mediante la transformación del mercado residencial.
La negociación se produce mientras el Ejecutivo intenta sacar adelante un decreto que considera una pieza clave de su política de vivienda. El apoyo de Junts resulta relevante para el desbloqueo de la norma, que debe llegar al Consejo de Ministros en los próximos días con medidas calificadas por el Gobierno como “cambios estructurales” en materia de desahucios.
Miriam Nogueras ha asegurado que trasladó personalmente a Pedro Sánchez un documento con las propuestas de su partido. Según la portavoz de Junts, el Ejecutivo habría recibido con interés algunas de las demandas planteadas, aunque la negociación todavía debe resolver diferencias entre ambas formaciones.
La estrategia de Junts: señalar a los grandes fondos inmobiliarios
Uno de los principales puntos de la propuesta es la posibilidad de prohibir los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad cuando el propietario sea un fondo buitre. Junts también plantea impedir que estas entidades puedan seguir ampliando su presencia en el mercado residencial mediante la compra de viviendas.
La formación catalana argumenta que existe una diferencia entre un propietario tradicional que alquila una vivienda y grandes sociedades de inversión que adquieren edificios completos para cambiar su modelo de explotación. Entre los escenarios que critica están las operaciones en zonas céntricas de grandes ciudades donde los inquilinos son sustituidos por perfiles con mayor capacidad económica o donde las viviendas terminan destinadas a usos turísticos.
El partido rechaza, sin embargo, medidas que afecten a todas las personas jurídicas propietarias de inmuebles. Junts considera que una prohibición general podría perjudicar también a cooperativas, administraciones públicas o empresas vinculadas al sector público.
Más control público sobre la vivienda y nuevas ayudas fiscales
Además de las restricciones a los fondos de inversión, Junts ha planteado otras herramientas para intervenir en el mercado inmobiliario. Entre ellas figura reforzar el derecho de tanteo y retracto para que las administraciones puedan adquirir viviendas antes de que pasen a manos de grandes tenedores.
La formación también propone revisar los beneficios fiscales de las socimis para vincularlos a objetivos relacionados con la creación de vivienda asequible en alquiler. A esto suma medidas como desgravaciones fiscales para alquiler y compra, apoyo a cuentas vivienda para jóvenes y soluciones habitacionales para mayores de 65 años afectados por un desahucio.
El debate refleja una de las principales tensiones actuales del mercado residencial: cómo aumentar la protección de quienes tienen dificultades para acceder o mantener una vivienda sin perjudicar la oferta inmobiliaria. Mientras el Gobierno busca aprobar nuevas medidas de protección social, Junts intenta incorporar al decreto una visión más restrictiva sobre el papel de determinados actores financieros.
El desenlace de las negociaciones determinará hasta dónde llegan los cambios en la futura normativa y si las exigencias de Junts consiguen transformar el decreto de vivienda en una herramienta con mayor capacidad de intervención sobre los desahucios y la concentración de inmuebles en manos de grandes inversores. @mundiario
