La Agencia Tributaria ha remitido al juzgado un nuevo informe que vuelve a situar bajo la lupa la actividad empresarial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según este documento, al que han tenido acceso distintos medios, el empresario habría ingresado 4,4 millones de euros procedentes del grupo sanitario Quirónsalud entre los años 2021 y 2023. Se trata de los primeros ejercicios completos que coinciden con el inicio de su relación con la dirigente madrileña.
El informe forma parte de la información enviada al juez que instruye la causa abierta contra González Amador, en la que se investigan presuntos delitos fiscales y posibles irregularidades en la actividad de sus sociedades.
De acuerdo con los datos recogidos por Hacienda, la empresa del investigado, Maxwell Cremona, habría mantenido una relación estable con la filial Quirónprevención, a la que habría prestado servicios de consultoría y auditoría.
Las cifras reflejan un volumen de negocio medio cercano a 1,5 millones de euros anuales durante el periodo analizado, muy por encima de la actividad registrada en los años anteriores a la pandemia, cuando la facturación no superaba en muchos casos los 400.000 euros.
Este crecimiento coincide temporalmente con el inicio de la relación entre González Amador y la presidenta madrileña, que se hizo pública en 2021.
El papel de Quirónprevención y la investigación abierta
El informe de la Agencia Tributaria también detalla que la filial Quirónprevención habría contratado de forma recurrente a las consultoras vinculadas al empresario para servicios relacionados con la calidad y auditoría.
Además, Hacienda ha comunicado al juzgado la apertura de nuevas actuaciones inspectoras sobre Quirónsalud y su filial, correspondientes a distintos ejercicios fiscales entre 2020 y 2023. Estas inspecciones abarcan tanto el impuesto de sociedades como el IVA.
En paralelo, el procedimiento judicial investiga si existieron posibles irregularidades en la relación contractual entre las partes, incluido un presunto soborno al presidente de la compañía de prevención, extremo que forma parte de la instrucción y que aún no ha sido probado judicialmente.
El grupo Quirónsalud es uno de los principales actores del sector sanitario privado en España y mantiene una amplia red de hospitales y centros médicos en distintas comunidades autónomas, con especial presencia en la Comunidad de Madrid.
Su volumen de actividad lo convierte en un actor relevante dentro del sistema sanitario concertado, lo que añade sensibilidad política a cualquier información que lo vincule con figuras públicas o responsables institucionales.
Un caso con implicaciones políticas crecientes
El avance de las investigaciones ha convertido este caso en uno de los focos de tensión política más relevantes en el ámbito madrileño y nacional. La aparición de nuevos informes fiscales amplía el alcance de la causa y mantiene abierto el debate sobre la relación entre actividad empresarial, contratación privada y figuras públicas.
Por el momento, la investigación sigue en fase de instrucción y será el juzgado competente quien determine si los hechos analizados derivan en responsabilidades penales o quedan en el ámbito estrictamente administrativo o fiscal. @mundiario