La causa judicial que examina el polémico rescate público de la aerolínea Plus Ultra sigue escalando y acaba de abrir un nuevo frente para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado citar como investigadas a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a Gertrudis Alcázar, secretaria histórica del exlíder socialista y responsable de la gestión de sus comunicaciones y correos electrónicos.
La decisión llega apenas veinticuatro horas después de que Zapatero compareciera ante el magistrado para defender su inocencia y negar cualquier participación irregular en las operaciones que están siendo investigadas.
El instructor considera que existen indicios suficientes para profundizar en el papel desempeñado por la sociedad mercantil Whathefav, administrada por las dos hijas del expresidente. Según la tesis que manejan los investigadores, esta empresa podría haber tenido una función relevante en determinadas operaciones económicas vinculadas a la actividad profesional de Zapatero.
La resolución judicial pone el foco especialmente en la posibilidad de que la compañía hubiera servido como vehículo para canalizar determinadas actuaciones financieras que ahora son objeto de análisis. Esta hipótesis choca frontalmente con la versión ofrecida por el expresidente durante su declaración.
Zapatero sostuvo ante el juez que Whathefav desarrollaba actividades perfectamente legales relacionadas con la elaboración de informes, estrategias de comunicación y servicios de apoyo para empresas con las que colaboraba profesionalmente. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el propio instructor consideran necesario aclarar si la actividad real de la mercantil coincidía plenamente con esa explicación.
Precisamente estas sospechas motivaron que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registrara las instalaciones de la empresa durante una operación desarrollada el pasado mes de mayo.
Por qué las cita como investigadas y no como testigos
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la explicación jurídica que ofrece el magistrado para justificar la imputación de las dos hijas de Zapatero.
El juez entiende que llamarlas a declarar como simples testigos podría vulnerar derechos fundamentales, ya que estarían obligadas legalmente a decir la verdad y no podrían reservarse información que eventualmente pudiera afectarles.
Por ese motivo considera que la única fórmula compatible con las garantías constitucionales es que comparezcan en calidad de investigadas, lo que les permitirá ejercer plenamente su derecho a no declarar contra sí mismas.
La decisión no implica una valoración anticipada sobre su responsabilidad penal, pero sí refleja que la investigación ha alcanzado un nivel de profundidad suficiente como para situarlas dentro del procedimiento judicial.
La secretaria también entra en la investigación
Junto a las hijas del expresidente, el juez ha acordado la citación de Alcázar, persona de máxima confianza de Zapatero durante años y encargada de gestionar buena parte de su agenda profesional y sus comunicaciones electrónicas.
Los investigadores consideran que su papel administrativo podría resultar relevante para esclarecer algunos movimientos y contactos que forman parte de las diligencias abiertas.
Su declaración pretende arrojar luz sobre la gestión documental y el flujo de información relacionado con algunas de las operaciones que se están examinando.
El juez frena, por ahora, una petición clave de la defensa
La resolución también contiene otro punto de especial interés para el desarrollo de la causa.
El magistrado ha rechazado, al menos de momento, la solicitud planteada por la defensa de Zapatero para ampliar la información procedente de Estados Unidos sobre el teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra.
Ese dispositivo se ha convertido en una de las piezas más sensibles del procedimiento, ya que de él proceden numerosos mensajes utilizados por la Policía para elaborar informes sobre la presunta intervención del expresidente en asuntos relacionados con la aerolínea.
La defensa pretendía conocer con detalle cómo se obtuvo el contenido del terminal, qué autorizaciones judiciales existieron, cuál fue la cadena de custodia y de qué forma llegó finalmente a manos de los investigadores españoles.
Sin embargo, Calama considera que todavía no es el momento procesal adecuado para abordar ese debate. Antes, señala, deberá determinarse la relevancia efectiva de esos mensajes dentro de la investigación.
El magistrado ha optado igualmente por no atender otras peticiones formuladas por las acusaciones populares personadas en la causa.
Entre ellas figuraban la incorporación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su antiguo asesor Koldo García y la citación del exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura.
Por ahora, el juez mantiene el foco en las líneas de investigación ya abiertas y evita ampliar el número de imputados hasta disponer de nuevos elementos que justifiquen ese paso.
La decisión supone un nuevo capítulo en una causa que continúa creciendo y que, tras la declaración de Zapatero, entra ahora en una fase especialmente delicada al extenderse directamente al entorno más próximo del expresidente. @mundiario