La difusión de los audios de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional ha redirigido la atención del caso hacia su entorno más cercano. Más allá de las sospechas que recaen sobre el expresidente socialista, el magistrado José Luis Calama mantiene el foco sobre sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Los investigadores apuntan a su empresa, Whathefav, como una pieza instrumental y un nodo financiero clave dentro del entramado económico bajo sospecha.

Los audios conocidos permiten observar una de las principales líneas de defensa de Zapatero. El expresidente reconoció abiertamente que recomendó a sus hijas para colaborar con la consultora Análisis Relevante, administrada por su socio y amigo Julio Martínez Martínez. Sin embargo, rechazó que dicha recomendación tuviera una finalidad irregular y defendió la contratación argumentando que “trabajan bien”.

La afirmación, aparentemente sencilla, se ha convertido en un elemento relevante de la causa porque conecta directamente al expresidente con el origen de una relación mercantil que posteriormente generó importantes movimientos económicos y que ahora se encuentra bajo examen judicial.

Durante el interrogatorio, el juez quiso aclarar cómo nació la relación entre Whathefav y Análisis Relevante. La respuesta de Zapatero fue clara. “Es así. Yo le propuse al señor Julio Martínez, en su condición de empresario de Análisis Relevante (...), que podían mis hijas, con su agencia de Digital Comunicación, prestar una colaboración formal”.

Acto seguido añadió una defensa directa de la actividad profesional de Alba y Laura Rodríguez Espinosa: “En mi opinión trabajan bien”. El expresidente insistió además en que sus hijas nunca habían contratado con administraciones públicas y que habían desarrollado su actividad empresarial en el ámbito privado.

Sin embargo, para los investigadores, la cuestión central no es únicamente si existió una recomendación personal, sino si esa recomendación abrió la puerta a una estructura económica utilizada posteriormente para canalizar fondos cuya justificación real se encuentra bajo sospecha.

¿Por qué Whathefav se ha convertido en una pieza clave de la investigación?

La mercantil Whathefav figura en numerosos informes policiales y resoluciones judiciales como uno de los nodos financieros clave analizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Según la investigación, esta empresa recibió importantes sumas de dinero procedentes de sociedades consideradas relevantes dentro de la presunta trama, entre las que destacan 561.440 euros abonados por Inteligencia Prospectiva, 239.755 euros de Análisis Relevante, 171.727 euros de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads, además de diversos pagos adicionales de otras entidades vinculadas al entorno empresarial investigado

Las cifras sitúan los ingresos bajo sospecha por encima del millón de euros, una magnitud que explica por qué el juez considera imprescindible escuchar directamente a las administradoras de la sociedad. La cuestión que trata de resolver la investigación es si estos pagos respondían a servicios efectivamente prestados o si constituían mecanismos para introducir y redistribuir fondos dentro de una estructura más amplia.

Desde la perspectiva jurídica, el juez considera que quienes ostentan la representación formal de una sociedad deben responder sobre las decisiones empresariales adoptadas y sobre la operativa económica desarrollada por la compañía. Por ello, entiende que no pueden ser llamadas como testigos, sino como investigadas, garantizando así su derecho constitucional a no declarar contra sí mismas.

Zapatero defiende el trabajo de la empresa de sus hijas: "Sí, las he apoyado" https://t.co/EwMDEFPLjC pic.twitter.com/9cBoRxQBae

— elDiario.es (@eldiarioes) June 18, 2026

Facturación bajo conceptos genéricos

Uno de los aspectos que más dudas genera a la UDEF es la existencia de facturas emitidas durante años bajo conceptos amplios como “servicios agencia”. Los investigadores consideran que la documentación conocida hasta ahora no permite identificar con suficiente precisión cuál era la prestación concreta que justificaba determinados pagos.

Según los informes policiales, la reiteración de estas facturas y la falta de detalle alimentan las sospechas sobre la verdadera naturaleza de algunas operaciones. Zapatero defendió ante el juez que Whathefav realizaba tareas de marketing, comunicación, diseño gráfico, infografía y maquetación de informes.

No obstante, la investigación sostiene que gran parte de los documentos ya llegaban elaborados desde Análisis Relevante y que la participación de la empresa de sus hijas se limitaba a labores de presentación formal. La discrepancia entre el volumen económico abonado y el alcance de los trabajos realizados constituye uno de los principales focos de análisis para los investigadores.

Otro de los elementos que más atención concentra es la relación con Inteligencia Prospectiva. Durante su declaración, Zapatero explicó que la colaboración surgió de manera natural porque sus hijas mantenían amistad con los hijos de los hermanos Amaro Chacón. “Ellos se conocían porque son de la misma edad y decidieron”. Sin embargo, el juez mostró especial interés por esta sociedad debido a que los investigadores consideran que presenta características atípicas en cuanto a estructura, actividad y operativa financiera.

Precisamente los más de 561.000 euros transferidos desde esta empresa a Whathefav constituyen una de las partidas económicas más relevantes de toda la investigación.

Otro indicio que aparece reflejado en las diligencias es que el expresidente figuraba como autorizado en cuentas bancarias vinculadas a la sociedad de sus hijas.

Para los investigadores, este elemento no demuestra por sí mismo ninguna conducta ilícita, pero sí refuerza la necesidad de aclarar cuál era el grado de conocimiento y supervisión que mantenía sobre la actividad económica de la mercantil.

La investigación todavía se encuentra en fase de instrucción y muchas de las cuestiones esenciales continúan pendientes de prueba. Sin embargo, la tesis que maneja actualmente el juez Calama es que determinadas sociedades pudieron desempeñar funciones instrumentales dentro de una estructura económica destinada a canalizar fondos vinculados a presuntas actividades de tráfico de influencias. @mundiario