La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra ha entrado en una nueva fase. La imputación de Laura Rodríguez Zapatero, Alba Rodríguez Zapatero y Gertrudis Alcázar, histórica secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, supone un salto cualitativo en una causa que ya no se limita a examinar la actuación del expresidente, sino que alcanza de forma directa a su entorno más cercano.
Más allá de las consecuencias procesales que deriven de esta decisión del juez José Luis Calama, las citaciones en calidad de investigadas reflejan que las explicaciones ofrecidas por Zapatero ante la Audiencia Nacional no han sido suficientes para disipar las sospechas que sustentan la investigación. El magistrado, según recoge su resolución, entiende que persisten “indicios racionales de criminalidad”, una expresión jurídica que, sin implicar culpabilidad alguna, sí justifica la continuidad de las pesquisas.
Hasta ahora, buena parte del debate giraba en torno a si las sociedades vinculadas al entorno familiar del expresidente habían actuado como simples receptoras de ingresos o si desempeñaban un papel más activo dentro de una supuesta estructura empresarial investigada. La Fiscalía Anticorrupción se ha inclinado claramente por la segunda hipótesis. En su escrito sostiene que el papel de las hijas de Zapatero en determinadas operaciones económicas resulta suficientemente relevante como para atribuirles la condición de investigadas y no la de meras beneficiarias indirectas.
Ese matiz es fundamental. En términos jurídicos, la diferencia entre ser considerado partícipe a título lucrativo o investigado por delitos como blanqueo de capitales, tráfico de influencias u organización criminal implica un cambio radical en la posición procesal de los afectados.
La declaración de Zapatero había generado una gran expectativa porque representaba la primera oportunidad del expresidente para responder directamente ante el juez a las sospechas acumuladas durante el último mes. Quien fuera líder del PSOE intentó aplazar por segunda vez la vista tras la tasación que determinó que, las joyas halladas en el despacho del expresidente, están valuadas en aproximadamente 1.3 millones de euros. Su estrategia se centró en negar cualquier intervención en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a Plus Ultra y en presentar las relaciones profesionales investigadas como actividades legítimas de consultoría y asesoramiento.
La batalla por el móvil que puede marcar el caso
Sin embargo, la impresión que deja la resolución posterior es que el instructor no encontró en esas explicaciones elementos suficientes para desmontar los indicios ya existentes. Especialmente sensibles resultan las dudas sobre los pagos recibidos por la empresa Whathefav, propiedad de sus hijas, y las relaciones económicas mantenidas con sociedades que también aparecen en el foco de la investigación.
La cuestión de fondo no es únicamente si existieron servicios reales, sino si las cuantías percibidas y los flujos financieros observados guardan una relación proporcional con los trabajos efectivamente realizados. Ese es precisamente uno de los interrogantes que la investigación intenta resolver.
Paralelamente, el juez ha cerrado temporalmente otra de las vías elegidas por la defensa: cuestionar la validez del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, empresario venezolano y antiguo propietario de Plus Ultra. Ese dispositivo contiene algunos de los mensajes que sustentan las sospechas policiales sobre la presunta influencia ejercida en favor del rescate de la aerolínea. Entre ellos figura una conversación especialmente relevante para los investigadores, en la que se menciona a “nuestro pana Zapatero detrás”.
La defensa del expresidente considera que la obtención y custodia de ese material deben ser examinadas con detalle y aspira a demostrar posibles irregularidades que permitan cuestionar su validez como prueba. Pero el juez ha optado por un enfoque más gradual. Primero quiere consolidar formalmente la cooperación judicial con Estados Unidos para incorporar el contenido del teléfono por los cauces procesales ordinarios. Solo después estudiará si procede profundizar en las cuestiones planteadas por la defensa. Ello retrasa cualquier intento de anular una prueba que hoy constituye uno de los pilares documentales de la investigación. @mundiario
