La investigación judicial que desde hace meses rodea a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha ampliado su rango de actuación. Cuando parecía que la atención se concentraba exclusivamente en la decisión del juez sobre una eventual apertura de juicio oral por la causa principal, una providencia fechada el 18 de junio ha reactivado uno de los elementos que dieron origen al procedimiento: las adjudicaciones públicas concedidas a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés.
La relevancia de este movimiento judicial no reside únicamente en la apertura de una nueva pieza separada. Lo verdaderamente significativo es que devuelve al centro del debate una cuestión especialmente sensible en el contexto europeo como el uso de recursos públicos vinculados a programas financiados con fondos comunitarios.
Toda gran investigación judicial suele evolucionar a través de múltiples ramificaciones. Sin embargo, en ocasiones termina regresando a su punto de partida. Eso es precisamente lo que parece ocurrir ahora. La nueva línea abierta por el magistrado recupera las adjudicaciones realizadas por Red.es a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Innova Next, perteneciente al grupo de Barrabés, y The Valley Digital Business School, además de la auditora KPMG.
Estas contrataciones habían ocupado un lugar central en los primeros compases del caso debido a la existencia de cartas de apoyo firmadas por Gómez que fueron incorporadas a los expedientes administrativos.
Las acusaciones han sostenido desde el inicio que dichas cartas podrían haber influido en el resultado de los procedimientos. Las defensas, por el contrario, han defendido que se trataba de respaldos institucionales genéricos a proyectos de innovación y formación, sin capacidad para alterar el sentido de las adjudicaciones. La nueva pieza no resuelve esa controversia, sino que lo que hace es reabrirla formalmente.
Prevaricación y fraude a los intereses de la UE
Uno de los elementos más relevantes del nuevo escenario es el papel desempeñado por la Fiscalía Europea. Durante buena parte de la instrucción, los contratos objeto de controversia quedaron bajo la órbita de este organismo debido a la posible existencia de financiación procedente de fondos europeos.
Esa circunstancia limitó el margen de actuación del juzgado madrileño y obligó a coordinar las investigaciones. Ahora, tras la devolución de documentación y la retirada de la avocación inicial, el juez recupera la capacidad de analizar directamente los hechos. El cambio es importante porque permite incorporar al procedimiento documentación procedente de la Audiencia Nacional, informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y otros elementos que hasta ahora no formaban parte del núcleo principal de la causa.
La nueva investigación introduce además una perspectiva distinta respecto a los delitos inicialmente analizados. Mientras la causa principal se ha centrado en cuestiones relacionadas con presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación o apropiación indebida por la cátedra Transformación Social Cooperativa que codirigía la empresaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la nueva pieza dirige la atención hacia posibles irregularidades administrativas vinculadas a la gestión de recursos públicos y comunitarios.
En este contexto el juez acordó este jueves dar luz verde a esta nueva pieza separada por un presunto delito de prevaricación y otro de fraude a los intereses de la UE. La diferencia es sustancial. Ya no se trata únicamente de determinar si existieron influencias indebidas o ventajas particulares, sino de examinar si los procedimientos administrativos que condujeron a determinadas adjudicaciones respetaron plenamente los principios de legalidad, concurrencia y transparencia exigidos en la gestión de fondos públicos.
Una investigación todavía en fase preliminar
Conviene subrayar que la providencia dictada por Peinado no contiene conclusiones sobre la existencia de delito. El magistrado tampoco ha acordado nuevas imputaciones ni ha formulado acusaciones concretas relacionadas con esta pieza. Lo que ha hecho es solicitar al Ministerio Fiscal que valore la tipificación penal de los hechos a partir de la documentación incorporada al procedimiento.
Se trata, por tanto, de una fase preliminar cuyo objetivo es determinar si existen elementos suficientes para profundizar en la investigación. La prudencia jurídica resulta especialmente importante en este momento procesal. La apertura de una línea de investigación no equivale a la acreditación de responsabilidad alguna, sino al reconocimiento de que existen indicios que justifican un examen más detallado.
La decisión judicial deja ahora el caso dividido en dos grandes bloques. Por un lado, permanece la causa principal, centrada en la actividad desarrollada en torno a la cátedra universitaria, el proyecto tecnológico Transforma TSC y el papel desempeñado por distintos investigados. A su vez, surge esta nueva pieza específica sobre contratos públicos y financiación europea. @mundiario