Si en México se festeja a los muertos, cabe entonces celebrar los fracasos. Tal pareciera esa la divisa del gobierno y de Morena ante el contundente rechazo de la iniciativa presidencial para reformar a nivel constitucional el modelo electoral y el sistema partidista.
El esmero puesto por el oficialismo para frustrar la modificación pretendida obliga a pensar en un dilema. Nunca estuvo en el ánimo llevar a buen puerto el proyecto legado por el antecesor y, en tal virtud, se le atendió sin resolverlo o, bien, nunca se entendió que, procediendo como se hizo, obtendrían lo mismo que en las tres ocasiones anteriores: sufrir el revés con orgullo, anteponiendo las buenas intenciones a los malos resultados. “Cumplí con la gente”, dice ufana la mandataria.
Lo más asombroso es que, pese al amenazante y convulso panorama internacional, regional, binacional y nacional, el gobierno vaya ahora por un quinto plan alterno que, tras lo anunciado, será para lavar cara y manos. Por lo visto, el oficialismo no experimenta en cabeza ajena…, pero tampoco en propia. ¡Viva el fracaso que tanto nos entretuvo por más medio año!
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El llamado plan “B” no es tal, es “E”. Y de seguir el asunto como va, ojalá alcance el abecedario.
Con matices de por medio, el oficialismo ha intentado la reforma político-electoral hasta ahora en cuatro ocasiones. La primera con Mario Delgado en la coordinación parlamentaria en 2019; luego, con la reforma constitucional de Andrés Manuel López Obrador en 2022; más tarde, con la reglamentaria de 2023, enterrada por la Corte; y, ahora, de nuevo con la constitucional de 2026, sepultada increíblemente no por las oposiciones, sino por los aliados interesados de Morena. Y, quizá, porque no hay quinto malo, ya se hizo la nueva apuesta.
Como quiera, casi ocho años lleva el oficialismo sin entender la frase atribuida a Albert Einstein: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes.” Desde luego, no faltan las voces brillosas y dependientes que aseguran una diferencia radical entre la reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum y la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero –suponiendo sin conceder tal posibilidad– cabe entonces pensar que la cuarta transformación no tiene muy claro qué quiere en materia político-electoral, siendo supuestamente el broche de oro con que quiere concluir el cambio de régimen.
Como quiera, casi ocho años lleva el oficialismo sin reconocer el denominador común de su reiterado fracaso: tener mucho poder, no es tener todo el poder. La votación obtenida exclusivamente por Morena no da para modificar la Constitución, menos descontando a los aliados al pedirles pegarse un tiro donde más les duele –no en la cabeza, sino en el dinero de las prerrogativas partidistas y los asientos del Congreso– y mostrando indisposición al diálogo y a la construcción de acuerdos con las oposiciones, cuya nulidad es proverbial.
Plantear el plan “E” haciendo lo mismo de siempre es perder tiempo, justo cuando la circunstancia interna y externa demanda concentrar el esfuerzo y la atención en asuntos del interés nacional y no del interés electoral del gobierno y de Morena.
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Lo peor de lo sucedido es que, en efecto, el modelo electoral y el sistema partidista sí reclaman una reforma y la impuesta (no propuesta) por Morena tenía mérito en algunos aspectos. Dejaron ir la oportunidad.
Los pisos y los acabados del edificio electoral construido por quienes lo adoran como un monumento resultaron exagerados. Igual sucede con el financiamiento público de los partidos, sobre todo, considerando la baja calidad de la política que producen. Lo mismo ocurre con la forma en que se pervirtió la representación proporcional en el Congreso, convirtiéndola en agencia de colocación de las dirigencias partidistas. Todo sin mencionar que, en la reforma de 2013, se confundió la democracia con la partidocracia y se deformó el instituto electoral.
Sí, aun cuando se requería de una reforma político-electoral, el oficialismo hizo hasta lo imposible por frustrarla y, vale reconocerlo, en eso se lucieron. Integraron una comisión oficial exclusiva, colocando al frente de ella a un operador resistente a la negociación y el acuerdo con los contrarios; desconsideraron a los aliados y mucho más a la oposición; dejaron de realizar o divulgar las encuestas prometidas para pulsar la opinión pública al respecto; olvidaron elaborar el diagnóstico de la situación electoral y partidista; y se les pasó un pequeño detalle: considerar que carecían de los votos necesarios.
Así, el destino de la reforma concebida en Palacio Nacional y enterrada en el Palacio de San Lázaro estaba cantado. El desecho de ella se elaboró minuciosamente, paso a paso como si la idea fuera presentarla para que fuera debidamente botada. Por eso, sorprende que se insista en ir por otra, ahora de mucho menor escala.
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El asombro que provoca la idea de impulsar ahora una nueva reforma es que el oficialismo arrastra muchos pendientes, claves para –en estos tiempos aciagos– dar, en lo posible, un mínimo de certidumbre y esperanza.
La reforma judicial no se ha concluido y ya reclama ajustes de fondo. La reforma fiscal ni siquiera aparece en el horizonte. La reforma relacionada con la seguridad y la justicia se ha anunciado, pero no se ha hecho nada. El replanteamiento del sistema de distribución de medicinas y del aparato de salud no acaba de dominarse… en fin, con tantos pendientes sorprende que, otra vez, el acento se ponga en lo electoral.
Menuda responsabilidad histórica confundir las prioridades o, como quien dice, el Estado con el partido. Pero, bueno, es hora de celebrar el fracaso.
