La declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez instructor José Luis Calama volvió a situar en el foco judicial las relaciones entre consultoría, poder político y grandes empresas. Durante casi tres horas de comparecencia, el ambiente osciló entre la corrección formal y momentos de evidente tensión, especialmente cuando el magistrado puso el acento en los ingresos, los informes elaborados y la naturaleza real de los servicios prestados por el exdirigente socialista.

El interrogatorio, marcado por un tono firme por parte del instructor y una defensa constante de su actividad profesional por parte de Zapatero, dejó la sensación de un choque de versiones difícil de reconciliar. El juez insistió en la necesidad de concretar el origen y la justificación de varios pagos que, a su juicio, no estaban suficientemente explicados en la documentación del procedimiento.

El punto más delicado se produjo cuando se abordaron los trabajos realizados para la empresa Análisis Relevante, vinculada al empresario Julio Martínez Martínez. Según la investigación, el expresidente habría percibido cerca de medio millón de euros por una serie de informes y actividades de asesoramiento cuya finalidad y destinatarios exactos siguen bajo escrutinio.

Según los audios de la declaración, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez llegó a cuestionar abiertamente la naturaleza de esos trabajos, subrayando la falta de concreción sobre los clientes finales y el valor real de los informes. Zapatero defendió que se trataba de materiales de carácter general y de una labor más amplia de análisis y orientación, no necesariamente vinculada a encargos cerrados o personalizados. Sin embargo, el magistrado fue insistente en que la clave no era la forma, sino el flujo económico: quién paga, cuánto paga y por qué.

Un interrogatorio marcado por la confrontación técnica

El instructor José Luis Calama, encargado de la causa, mantuvo un estilo de interrogatorio directo, interrumpiendo en varias ocasiones para pedir concreción. En un momento especialmente tenso, llegó a recalcar que su función no era condescendiente, sino estrictamente investigadora, dejando claro el equilibrio de roles dentro de la sala.

Zapatero, por su parte, trató de enmarcar su actividad en el ámbito habitual de la consultoría internacional, defendiendo que sus informes podían tener utilidad para distintos clientes sin necesidad de ser elaborados “a medida” para cada uno. Esa explicación, sin embargo, no disipó las dudas del juez, que insistió en la trazabilidad de los ingresos.

El papel de los contratos internacionales bajo la lupa

Otro de los focos del interrogatorio se situó en los pagos recibidos desde una empresa peruana, Focus Social Research, que habría abonado 200.000 euros en 2024. El expresidente limitó sus explicaciones a la existencia de un contrato de asesoramiento, sin entrar en detalles sobre los trabajos concretos realizados.

El magistrado insistió en conocer la naturaleza exacta de esos servicios, recordando que la documentación incorporada al procedimiento no despejaba sus dudas. Sin embargo, Zapatero optó en varios momentos por no ampliar sus respuestas, amparándose en la existencia del contrato y en su derecho a no profundizar más en determinadas cuestiones.

El choque por la relación con Julio Martínez Martínez

La relación entre el expresidente y el empresario Julio Martínez Martínez también ocupó parte relevante de la sesión. El juez quiso concretar el grado de vínculo actual entre ambos, así como la continuidad de su relación profesional y personal desde 2011.

Zapatero reconoció contactos esporádicos y algunos viajes compartidos, pero evitó precisar la situación presente de esa relación, lo que llevó al instructor a insistir con nuevas preguntas. La falta de respuestas claras alimentó la percepción de un área especialmente sensible dentro de la investigación.

Más allá del plano estrictamente judicial, el caso reabre el debate sobre la llamada puerta giratoria entre la política de alto nivel y la consultoría privada. La figura de José Luis Rodríguez Zapatero vuelve así a ocupar un espacio incómodo en la conversación pública, no tanto por decisiones de su etapa de gobierno como por su actividad posterior.

Para algunos analistas, el núcleo del caso no está solo en la legalidad formal de los contratos, sino en la percepción de influencia y acceso privilegiado que puede derivarse de la trayectoria de un exjefe del Ejecutivo.

La instrucción continúa abierta y, por ahora, ninguna de las partes ha cerrado en firme sus posiciones. El juez Calama mantiene la línea de exigir mayor precisión sobre los pagos y servicios, mientras que la defensa del expresidente insiste en la legalidad de sus contratos y en la normalidad de su actividad profesional tras dejar el cargo. @mundiario