El magistrado Juan Carlos Peinado ha dado un paso decisivo en la investigación que mantiene abierta desde 2024 sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Su resolución no solo marca el salto a juicio oral, sino que incorpora un paquete de medidas cautelares especialmente restrictivas: retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y obligación de comparecer dos veces al mes en sede judicial. Un movimiento que eleva la intensidad de un caso que ya había generado un fuerte impacto político y mediático desde sus primeras diligencias.

La decisión, comunicada tras varios días de incertidumbre, afecta también a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en el entorno de La Moncloa, a quien se le imponen las mismas condiciones procesales. Ambas quedan ahora sujetas a un control judicial reforzado mientras avanza una causa que el instructor considera ya suficientemente madura para sentarlas en el banquillo.

Las medidas adoptadas no han llegado solas. El juez sostiene que existen indicios racionales de criminalidad en los hechos investigados y argumenta que, dada la gravedad de las penas asociadas a los delitos imputados, existe un riesgo de fuga que justifica las restricciones. Entre las acusaciones populares que impulsan la causa destacan asociaciones como Hazte Oír, junto a otras personadas en el procedimiento vinculadas a la órbita de la derecha y la extrema derecha política.

Un giro procesal con alto voltaje jurídico

El magistrado atribuye a Begoña Gómez cuatro posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La instrucción sostiene dos líneas principales: por un lado, el supuesto aprovechamiento de su posición institucional para favorecer su trayectoria profesional; por otro, la utilización de recursos y personal adscrito a La Moncloa para actividades de carácter privado.

En su argumentación, Peinado introduce además un elemento especialmente polémico: la posibilidad de que los agentes de seguridad asignados a la protección de la esposa del presidente pudieran, directa o indirectamente, facilitar una eventual huida. También subraya que la condición de Pedro Sánchez como presidente es, a su juicio, temporal, lo que podría alterar en el futuro el nivel de protección institucional.

Del rechazo a la restricción al endurecimiento de las cautelares

La decisión contrasta con resoluciones anteriores del propio instructor. En fases previas de la causa, Peinado había rechazado medidas como la retirada del pasaporte al considerarlas desproporcionadas o innecesarias, argumentando que la investigación se encontraba todavía en una etapa inicial.

Sin embargo, el criterio ha evolucionado de forma notable. Ahora el juez entiende que el avance del procedimiento y la consolidación de los indicios justifican un endurecimiento de las cautelares. Este cambio de posición añade una nueva capa de debate sobre la evolución de la instrucción y el momento procesal en el que se toman decisiones de este calibre.

Reacciones políticas y choque institucional

La resolución ha tenido una inmediata repercusión en el ámbito político. El Gobierno había mostrado en días anteriores su oposición a la adopción de medidas restrictivas de movimiento, alegando que resultaban difíciles de entender en el contexto de vigilancia y escolta permanente en el que vive la esposa del presidente.

Desde el entorno gubernamental se ha insistido en el carácter excepcional de la situación personal de Gómez, que reside en el complejo de La Moncloa y cuenta con protección continua de las fuerzas de seguridad del Estado. El choque entre la decisión judicial y la posición del Ejecutivo abre un nuevo frente de tensión institucional en un caso ya altamente sensible.

Consecuencias inmediatas del auto judicial

La apertura de juicio oral implica que la causa entra en una fase decisiva, en la que se evaluarán las pruebas recopiladas durante la instrucción. A partir de ahora, las partes deberán preparar sus escritos de acusación y defensa en un procedimiento que se prevé largo y de alto impacto público.

Las medidas cautelares, especialmente la retirada del pasaporte, añaden un componente de control personal inédito en este caso y colocan a las acusadas bajo una supervisión judicial constante. Este escenario condiciona no solo su movilidad, sino también su vida cotidiana mientras se desarrolla el proceso.

Más allá del plano estrictamente jurídico, el procedimiento se ha convertido en un elemento de alta carga política. La presencia de la esposa del presidente del Gobierno como investigada en una causa de estas características ha alimentado un debate público intenso sobre la relación entre justicia, poder y exposición institucional. @mundiario