Los gobiernos tienen una fascinación casi irresistible por los registros. Cuando un problema parece demasiado grande o demasiado difícil de resolver, aparece la misma receta: crear una base de datos. Si el problema son los automóviles, registro. Si son las armas, registro. Si son los contribuyentes, registro. Y si son los delincuentes que utilizan teléfonos celulares, entonces la solución parece obvia: registrar a todos los usuarios.
La pregunta es si la solución realmente combate al delincuente o simplemente aumenta el control sobre el ciudadano. México está a punto de volver a responder esa pregunta.
El próximo 30 de junio vence el plazo para vincular las líneas celulares con la CURP de sus propietarios. Quien no complete el procedimiento podría perder el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles. La intención oficial es clara: facilitar la identificación de quienes utilizan teléfonos para cometer delitos. Sobre el papel, la propuesta parece razonable. El problema es que México ya recorrió este camino y los resultados no fueron precisamente alentadores.
En 2009 nació el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mejor conocido como Renaut. La promesa fue combatir las extorsiones telefónicas. Millones de ciudadanos registraron sus líneas. Los criminales siguieron delinquiendo. Lo único que terminó registrándose con notable eficiencia fueron los datos de los ciudadanos cumplidos. Para colmo, la base de datos terminó filtrada y circulando ilegalmente.
Una década después apareció el Panaut. Esta vez la apuesta fue más ambiciosa. No bastaban los datos personales; se buscaban datos biométricos. La Suprema Corte terminó invalidándolo al considerar que afectaba derechos fundamentales relacionados con la privacidad y la protección de datos personales.
Ahora llega una tercera versión. Más discreta. Menos invasiva en apariencia. Sin biométricos. Pero basada en la misma lógica: vincular una línea telefónica con una identidad específica.
El argumento oficial es comprensible. Si una línea está asociada a una persona, las investigaciones serán más rápidas. El problema aparece cuando se analiza cómo opera realmente la delincuencia.
Los grupos criminales rara vez utilizan mecanismos convencionales. Emplean teléfonos robados, identidades falsas, chips extranjeros, aplicaciones cifradas, números virtuales o plataformas digitales que ni siquiera pasan por los esquemas tradicionales de telefonía. En otras palabras, los delincuentes profesionales suelen ser los primeros en encontrar rutas de escape.
Por eso la pregunta central permanece intacta: si todos los ciudadanos honestos registran sus teléfonos, pero los delincuentes encuentran maneras de evitar el sistema, ¿quién será realmente vigilado?
La respuesta resulta incómoda.
Porque el ciudadano común sí tendrá consecuencias directas. El delincuente profesional, en cambio, probablemente ya está buscando cómo rodear el obstáculo.
A esto se suma otro problema: la confianza. Y esa desconfianza tiene antecedentes.
Durante los últimos años México ha enfrentado múltiples filtraciones de información pública y privada. Cada fuga de datos erosiona un poco más la credibilidad gubernamental. La cuestión no es solamente para qué se recopilan los datos. La cuestión es quién los protege y qué ocurre cuando dejan de estar protegidos.
Además, el debate ya comenzó a trasladarse a los tribunales. A principios de junio se conoció el primer amparo favorable contra la medida, mientras en estados como Chihuahua continúan promoviéndose recursos legales para impugnarla. Paralelamente, algunos medios nacionales ya especulan sobre una posible prórroga o periodo de gracia, aunque oficialmente las autoridades lo niegan.
En el fondo, la discusión no es tecnológica. Es política y filosófica.
Desde hace siglos existe una tensión permanente entre libertad y seguridad. Los gobiernos argumentan que sin seguridad las libertades se vuelven frágiles. Los defensores de la privacidad recuerdan que los gobiernos rara vez renuncian voluntariamente a las facultades de vigilancia que adquieren.
Ambos tienen parte de razón.
Por eso la verdadera pregunta no es si queremos más seguridad. Todos la queremos. Tampoco es si debemos combatir a los criminales. Todos estamos de acuerdo en ello.
La pregunta correcta es otra.
¿Estamos atacando al delincuente o estamos registrando al ciudadano?
Porque después del RENAUT, después del PANAUT y después de tantas promesas incumplidas, la confianza ya no se obtiene por decreto. Se gana con resultados. Y hasta ahora, los resultados siguen siendo la parte más difícil de encontrar. Y eso es, El Meollo del Asunto