La apertura de juicio oral contra Begoña Gómez marca un punto de inflexión en uno de los procedimientos judiciales más sensibles de los últimos años en España. La decisión del juez Juan Carlos Peinado de sentar en el banquillo a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación trasciende el plano estrictamente penal y se proyecta inevitablemente sobre el debate institucional y político del país.

Sin embargo, más allá de la trascendencia del envío a juicio, el elemento que ha generado una mayor controversia ha sido la adopción de medidas cautelares y, especialmente, la argumentación utilizada para justificarlas. Peinado ha acordado retirar el pasaporte a la esposa del presidente Pedro Sánchez, prohibirle abandonar el territorio nacional y obligarla a comparecer periódicamente ante el juzgado dos veces al mes. La defensa de Gómez ya ha anunciado que recurrirá estas medidas, toda vez que la apertura de juicio oral no admite recurso.

La polémica no reside únicamente en la severidad de las cautelares, relativamente habituales en procedimientos penales de relevancia, sino en uno de los razonamientos incluidos en el auto judicial: la hipótesis de que los agentes encargados de la escolta de la esposa del presidente pudieran colaborar en una hipotética fuga, bien por iniciativa propia o siguiendo “órdenes superiores”.

“No cabe duda de que esos agentes, en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitarla”, llegó a manifestar el instructor Peinado en su escrito, un día después de que abriera una pieza separada a la causa principal para investigar los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la UE en el que inicialmente estaba imputada Gómez. Después rectificó para desvincularla, por ahora, de las pesquisas.

Esta afirmación ha provocado una respuesta sin precedentes de prácticamente todos los grandes sindicatos de la Policía Nacional, desde organizaciones tradicionalmente críticas con el Gobierno hasta otras de perfil más moderado. Todos ellos coinciden en rechazar cualquier insinuación que ponga en cuestión la profesionalidad, neutralidad y sometimiento a la ley de los agentes encargados de la protección de autoridades.

Los sindicatos policiales exigen a Peinado que rectifique

Las presunciones del juez sobre una posible connivencia de los agentes con una supuesta fuga han desatado la indignación en la Policía Nacional, expresada a través de la reacción unánime de sus sindicatos y asociaciones, que han salido en tromba para condenar las palabras de Peinado. El más destacado ha sido el mayoritario Justicia Policial (Jupol) que, a pesar de estar fuertemente enfrentada al Gobierno y al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, ha tildado de “barbaridad” el escenario que pinta el instructor para justificar sus medidas cautelares. Este sindicato considera que las afirmaciones de Peinado ponen “en duda” la actuación de los escoltas, un extremo que les parece que “carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”, por lo que los agentes consideran “imprescindible una rectificación”.

En esa misma línea se ha expresado el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que asume como “especialmente preocupante” las afirmaciones vertidas en el auto judicial, por sugerir que “agentes de la Policía Nacional colaboren en actuaciones contrarias a la acción de la Justicia”. Este sindicato traslada su “absoluto rechazo a cualquier manifestación que pueda poner en duda la profesionalidad, la integridad, la lealtad institucional o el sometimiento a la legalidad de los policías nacionales que prestan servicio en las unidades de protección de autoridades”.

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) ha calificado el texto como “una salvajada fuera de lugar”. De entre todos, este sindicato sí menciona directamente a Peinado, a quien critica duramente por “la imputación de un posible delito a policías que precisamente se dedican a la prevención delictiva”. “Es un señalamiento a todo un colectivo policial, deteriorando su imagen ante la opinión pública”, añaden los agentes, que insisten en que “la misión de un juez es juzgar hechos, no señalar e imputar delitos a personas que no conoce”.

Aún más contundente fue la reacción de la Confederación Española de Policía (CEP), que considera la argumentación en el auto como “un ataque intolerable, injustificado y profundamente ofensivo”, que incluso advierte al magistrado de que “si no rectifica de inmediato” acudirá a denunciarlo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “para que se depuren las eventuales responsabilidades disciplinarias”.

“Suéltenos el brazo, señoría, y cobíjese en otra parte para armar sus resoluciones. Que aquí solo tenemos un norte: cumplir y hacer cumplir la ley”, escribió la CEP en un primer mensaje en su cuenta de X. Poco después los agentes publicaron un comunicado en el que exigen la rectificación del magistrado por “sus gravísimas afirmaciones”. “Nadie tiene derecho a mancillar ese prestigio colectivo (de la Policía) mediante insinuaciones gratuitas e impropias de quien, por la relevancia de su función constitucional, debería ser el primero en preservar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, apostilló el sindicato.

Apertura de juicio oral para Begoña Gómez

El procedimiento judicial entra ahora en una nueva fase. Además de Begoña Gómez, también serán juzgados su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por distintos delitos relacionados con la causa, que se centra en las gestiones alrededor de la cátedra que codirigía la esposa del presidente, Transformación Social Competitiva, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El futuro juicio con jurado popular situará nuevamente bajo escrutinio público las relaciones entre actividad política, influencia institucional y colaboración con el sector privado, cuestiones especialmente sensibles cuando afectan al entorno directo del jefe del Ejecutivo. Pero, paralelamente, el caso vuelve a poner de manifiesto la creciente judicialización de la vida política española y el elevado nivel de polarización que acompaña a cualquier decisión de especial relevancia.

La resolución de Peinado no solo determinará responsabilidades penales individuales. También servirá como termómetro sobre la capacidad de las instituciones españolas para gestionar procesos de enorme repercusión mediática preservando simultáneamente la independencia judicial, las garantías procesales y la confianza ciudadana en el funcionamiento del sistema. @mundiario