La república federal es, aunque no estemos acostumbrados a verlo así, un modelo de organización social. Y en la base de ese modelo se encuentra el municipio, que es, por definición, una demarcación territorial autónoma, es decir, que posee un gobierno que no está subordinado a ninguna otra autoridad, ni de nivel estatal ni de nivel federal.
Un escalón arriba están los estados, que nacen del pacto entre un conjunto de municipios y, de acuerdo con la Constitución, son “independientes, libres y soberanos”. Una vez más es importante notar que las entidades federativas no están subordinadas al Gobierno Federal.
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Resaltar lo anterior es relevante para tener claro que la República se construye de abajo hacia arriba, y no al revés. En otras palabras, lo que da sentido al país es la agregación de municipios y estados que, en la búsqueda de objetivos comunes, los cuales resultan más fáciles de conquistar en conjunto que de manera individual, ceden parte de su libertad y autonomía en favor de una organización central.
Eso es lo que nuestra Constitución describe cuando caracteriza a la mexicana, en su artículo 40, como “una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior”.
Traer a cuento el modelo de organización política que hemos elegido en México para la construcción de la República es relevante porque la presentación del denominado “Plan B” del Gobierno Federal, para intentar nuevamente una reforma electoral, convoca al debate sobre qué tan libres y soberanos son –o deben ser– los estados y qué tan autónomos los municipios.
Porque cuando desde el centro del país, a partir de un planteamiento superficial, se pretende establecer, por ejemplo, cuántos integrantes deben tener los cabildos de cada municipio, resulta obligado preguntarse si los preceptos fundacionales de la República siguen teniendo sentido.
Es verdad, sin duda, que las libertades de las cuales gozan los gobiernos estatales y municipales en nuestro país han dado lugar a excesos, o que no resulta evidente –al menos no a simple vista– por qué en un estado del centro o el sur del país el número de regidores del ayuntamiento guarda una cierta proporción con el número de habitantes, y en Coahuila o Nuevo León puede ser diferente. O por qué los congresos tienen un número diferenciado de integrantes.
Pero esas diferencias se explican justo porque los municipios y los estados fueron primero y eso implica que cada uno se desarrolló de forma independiente y atendiendo a sus propias dinámicas políticas. Pretender uniformarlos, a partir de un argumento tan endeble como “el ahorro presupuestal”, es ignorar la historia propia de cada estado.
Por ello, la nueva propuesta presidencial de reforma no es solamente un planteamiento que busca modificar las reglas electorales, sino un proyecto que transformaría el modelo de organización política del país, algo que debería estudiarse con mucho mayor detenimiento.