La investigación judicial sobre Begoña Gómez ha dado un giro inesperado. Tras la decisión de abrir juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno y acordar medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, la atención se ha trasladado ahora al magistrado que dirige el procedimiento.
El Consejo General del Poder Judicial analizará la posibilidad de iniciar actuaciones disciplinarias contra Juan Carlos Peinado por el contenido de una de sus resoluciones más polémicas. En ella, el juez justificaba las restricciones impuestas a Gómez argumentando que los agentes encargados de su escolta podrían llegar a facilitar una eventual salida del país para eludir la acción de la justicia.
Estas afirmaciones han generado un profundo malestar tanto en ámbitos políticos como dentro de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que consideran que se pone en duda su profesionalidad y su compromiso con la legalidad.
La iniciativa parte de la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, que ha planteado a la Comisión Permanente estudiar si las manifestaciones contenidas en el auto judicial podrían constituir una infracción disciplinaria.
El debate se centrará en determinar si el magistrado incurrió en un exceso de autoridad o en expresiones impropias hacia instituciones que forman parte esencial del funcionamiento del Estado. La legislación contempla sanciones para este tipo de conductas cuando se considera que afectan al respeto debido a otros profesionales o instituciones vinculadas a la Administración de Justicia.
Aunque la eventual apertura de un expediente no implica ninguna sanción automática, sí supondría un paso extraordinariamente relevante, ya que colocaría bajo examen la actuación de uno de los jueces más controvertidos de los últimos años.
La reacción de Interior y de los sindicatos policiales
Las palabras de Peinado han provocado una respuesta inmediata desde distintos sectores. El Ministerio del Interior trasladó formalmente su malestar al CGPJ al considerar que las afirmaciones cuestionan sin pruebas la integridad de los agentes encargados de la protección de autoridades.
La preocupación también ha llegado a organizaciones representativas de la Policía, algunas habitualmente críticas con el Gobierno, que han coincidido en señalar que atribuir hipotéticas conductas ilícitas a los escoltas supone una descalificación injustificada de profesionales que actúan bajo estrictos protocolos de seguridad.
El asunto ha trascendido así el ámbito estrictamente judicial para convertirse en una cuestión institucional de primer orden.
La defensa de Begoña Gómez eleva la presión
Paralelamente, la defensa de Gómez ha decidido dar un paso más y denunciar la actuación del magistrado ante el propio Consejo General del Poder Judicial.
Los abogados sostienen que tuvieron conocimiento de la apertura de juicio oral y de las medidas cautelares a través de los medios de comunicación antes de recibir la correspondiente notificación oficial. A su juicio, esta circunstancia vulneraría derechos básicos relacionados con la defensa y el acceso a la información procesal.
La reclamación solicita que se investigue cómo se produjo la comunicación de las resoluciones y si existió algún funcionamiento irregular en la gestión del procedimiento.
Un juez rodeado de polémica
La figura de Juan Carlos Peinado lleva meses generando intensos debates dentro del mundo jurídico. Durante la instrucción del caso relacionado con Begoña Gómez, varias de sus decisiones han sido objeto de recursos, críticas y revisiones por parte de instancias superiores.
Aunque algunas de sus actuaciones han sido respaldadas, otras han sido corregidas o anuladas por tribunales superiores, alimentando una controversia que ha acompañado prácticamente toda la investigación.
Ahora, la posibilidad de que el CGPJ examine formalmente sus palabras añade un nuevo capítulo a una causa que ha adquirido una enorme dimensión política, judicial y mediática.
La reunión del órgano de gobierno de los jueces será clave para determinar si las manifestaciones del magistrado merecen una investigación disciplinaria. Mientras tanto, continúa la batalla judicial en torno a Gómez y se acumulan los recursos pendientes de resolución.
Lo que parecía un procedimiento centrado exclusivamente en la esposa del presidente del Gobierno ha terminado derivando en un escenario donde también se analiza el comportamiento del propio juez instructor, una circunstancia poco habitual y que vuelve a situar este caso en el centro de la actualidad política y judicial española. @mundiario
