El lanzamiento de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada esta semana de la vivienda en la que llevaba siete décadas viviendo, ha abierto este viernes una nueva vía de negociación. El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado la propuesta de Urbagestión para incorporar el inmueble al programa Reviva, pero al mismo tiempo ha ofrecido a la familia y a sus representantes una alternativa, sentar a las partes ante los servicios municipales de intermediación del alquiler.
El Consistorio sostiene que la vivienda no reúne los requisitos legales establecidos en las bases del programa Reviva. La propuesta de la propiedad pretendía facilitar el regreso de Maricarmen mediante un alquiler que fuese “estable y asequible”. Sin embargo, el Ayuntamiento ha descartado esa fórmula y ha derivado el caso al Servicio de Intermediación del Alquiler de EMVS Madrid.
La primera reunión ya tiene fecha. Será el lunes 28 de septiembre, a las 16.00 horas, y contará con representantes de Maricarmen, los propietarios de la vivienda y profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). El movimiento supone, al menos, la apertura de un canal institucional para intentar encontrar una solución después de que la ejecución del desahucio pusiera fin a una batalla judicial y vecinal que se ha prolongado durante años.
La propiedad, por su parte, ha salido al paso de algunas de las informaciones difundidas durante el conflicto. Urbagestión sostiene que nunca exigió a Maricarmen una renta superior a la que podía asumir y asegura que las cantidades de 1.650 euros mensuales atribuidas a una supuesta propuesta de alquiler no fueron formuladas por la empresa.
Según su versión, hace tres años la abogada de la inquilina solicitó por escrito información sobre cuál podría ser el precio de un nuevo contrato. La compañía afirma que respondió que podría estudiarse una renta bonificada entre un 40 % y un 50 % respecto al precio de mercado.
Urbagestión niega haber impuesto una renta desproporcionada
La empresa también niega haber planteado en 2018 la alternativa de comprar la vivienda por unos 250.000 euros o permanecer en ella pagando 1.650 euros mensuales. Y rechaza que el Ministerio de Vivienda o Casa 47 hayan podido formular una oferta de compra del inmueble. Según Urbagestión, la única propuesta de adquisición recibida procedió de la abogada del Sindicato de Inquilinas.
En las últimas semanas, añade la compañía, sí se habría planteado verbalmente una posibilidad distinta de un alquiler de hasta 900 euros que asumirían Casa 47 y la propia Maricarmen, aunque sin que se concretaran por escrito las condiciones jurídicas, los gastos o la estructura contractual.
Urbagestión atribuye el fracaso de las negociaciones a la presión ejercida por el Sindicato de Inquilinas y denuncia haber sufrido “descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas”. La empresa recuerda además que presentó en enero una querella contra el sindicato por presuntos delitos de coacciones, revelación de secretos y vulneración del derecho al honor.
Maricarmen sigue ingresada tras el desahucio
Mientras las instituciones y la propiedad cruzan sus versiones, Maricarmen continúa ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. El desahucio se ejecutó el miércoles, después de una larga batalla para tratar de impedir que abandonara la casa en la que había vivido durante alrededor de 70 años.
Tras pasar sus primeras horas en Urgencias, la mujer fue trasladada a planta. Allí, todavía debilitada por el estrés y el agotamiento derivados de la situación, quiso enviar un mensaje a quienes la han acompañado durante estos años. “No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”, dijo en un vídeo.
Maricarmen agradeció especialmente el apoyo recibido durante el desahucio y la defensa jurídica de su abogada, Beatriz Duro. También tuvo palabras para el Sindicato de Inquilinas, cuyos miembros han acompañado su caso durante años. “Mi casa ha sido mi vida y, ahora, tengo que dejarla atrás”, afirmó la mujer, antes de insistir en que seguirá apoyando a quienes se enfrentan a situaciones similares.
Una nueva batalla alrededor de la vivienda
El futuro inmediato de Maricarmen dependerá ahora de la evolución de las conversaciones. El Ayuntamiento no ha aceptado la vía propuesta por Urbagestión, pero sí ha abierto una mesa de mediación que podría permitir explorar un acuerdo de alquiler al margen del programa Reviva.
La situación llega después de una semana de enorme movilización social. El desahucio provocó concentraciones y protestas y llevó al Sindicato de Inquilinas a convocar una manifestación para este sábado 26 de septiembre, bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, con salida desde la Puerta del Sol y destino final en el Congreso de los Diputados.
El caso ha colocado en el centro del debate el choque entre el derecho de propiedad, la protección de los inquilinos vulnerables y las dificultades para encontrar soluciones habitacionales cuando un contrato de larga duración llega a su fin. @mundiario
