La diputada federal del PRI, Laura Ivonne Ruiz Moreno, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud con el objetivo de permitir que pasantes de medicina que realizan servicio social o prácticas profesionales en instituciones públicas puedan prescribir estupefacientes con fines terapéuticos, siempre bajo estrictas condiciones de supervisión y control.
La propuesta, turnada a la Comisión de Salud para su análisis, plantea modificar el artículo 240 de la legislación vigente para que los pasantes puedan emitir recetas de seguimiento o continuidad de tratamientos previamente indicados por un médico cirujano autorizado.
De acuerdo con la iniciativa, la valoración inicial, el diagnóstico y la primera prescripción deberán ser realizados exclusivamente por un médico facultado para recetar este tipo de medicamentos. Los pasantes únicamente podrán intervenir en la continuidad del tratamiento y deberán actuar bajo la supervisión y responsabilidad de un médico adscrito.
Además, se establecen diversos requisitos para ejercer esta facultad, entre ellos contar con capacitación certificada en farmacología clínica, uso racional de opioides y prevención de farmacodependencias. También deberán utilizar sistemas institucionales de control y trazabilidad autorizados por las autoridades sanitarias.
La propuesta limita esta posibilidad a unidades médicas ubicadas en comunidades rurales, zonas marginadas o lugares con insuficiencia de personal médico, y su aplicación quedará sujeta a los lineamientos, cantidades máximas y tipos de estupefacientes que determine la Secretaría de Salud.
En la exposición de motivos, Ruiz Moreno señala que en numerosas comunidades del país la ausencia temporal o permanente de médicos genera interrupciones en tratamientos indispensables para pacientes con enfermedades oncológicas, padecimientos degenerativos, procesos postquirúrgicos, lesiones traumáticas o enfermedades crónicas que requieren medicamentos controlados para el manejo del dolor.
La legisladora subrayó que la iniciativa no busca ampliar de manera indiscriminada las atribuciones de los pasantes ni permitir una prescripción autónoma de estupefacientes, sino establecer un esquema regulado, supervisado y fiscalizable que garantice la continuidad de la atención médica en zonas vulnerables.
Asimismo, destacó que la reforma contribuiría a reducir barreras de acceso a medicamentos controlados, fortalecer la atención primaria de salud y mejorar la capacidad operativa de las unidades médicas rurales, al tiempo que protege tanto a los pacientes como al personal médico en formación mediante mecanismos claros de vigilancia sanitaria.